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En comunicación con ABC Cardinal, Pedro Halley, presidente de la Unión de Jubilados del Paraguay, anunció una manifestación de unas 70 organizaciones, entre movimientos sociales y sindicatos de empresas públicas y privadas, en rechazo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea la Superintendencia de Jubilaciones.
La manifestación, en la que Halley estimó habrá entre 2.000 y 3.000 personas, tendrá lugar el próximo martes, a partir de las 09:00, frente a la sede de la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en el centro de Asunción.
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Los manifestantes exigirán al IPS que “siente una postura de rechazo contra el proyecto”, dijo Halley y argumentó que el proyecto del Ejecutivo despoja de todas sus facultades como representante de los trabajadores, “especialmente en términos de manejo administrativo y financiero”, al Consejo de Administración de la previsional, concentrando todas esas atribuciones en la figura del superintendente de Jubilaciones.
Afirmó que el “nuevo” proyecto presentado por el Ejecutivo en realidad es casi exactamente similar al original presentado por los legisladores Dionisio Amarilla (PLRA, Partido Liberal Radical Auténtico), Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado), Arnaldo Samaniego (ANR) y Hermenegilda Alvarenga (PLRA), con algunos “retoques” ideados por el Ministerio de Trabajo en “mesas de trabajo sectoriales que usaron como pantalla para decir que hay un consenso general” entre los trabajadores que, a su juicio, en realidad no existe.
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“Le están mintiendo al presidente (Santiago) Peña, no existe tal consenso”, dijo.
Retoques “nominales”
Comentó que uno de los “retoques” hechos al proyecto original fue que la Superintendencia de Jubilaciones es liberada de la “dependencia” del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), que por ley no puede administrar fondos de pensiones.
Sin embargo, afirmó que esa “independencia” de la Superintendencia es solo nominal, ya que el nuevo proyecto “fortalece” al Consejo Nacional de Seguridad Social, otorgándole la función de dirigir la Superintendencia, pero este Consejo estaría administrado por el BCP.
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“El que tiene la voz de mando es el presidente del BCP, es más de lo mismo”, resaltó.
Indicó que el “nuevo” proyecto de ley, además, conserva la propuesta de derogar el artículo 27 de la Carta Orgánica del IPS, que prohíbe a la previsional prestar dinero al Estado.
“Consenso” sin legitimidad
En referencia al “consenso” con los trabajadores anunciado la semana pasada por el presidente Peña y su gabinete en torno al proyecto de la Superintendencia, Halley dijo que quienes firmaron ese acuerdo son presidentes y secretarios generales de centrales obreras “que tienen un grave problema dentro de sus organizaciones, un cisma, porque la mayor parte de los sindicatos que integran esas organizaciones no autorizaron a firmar ese acuerdo”.
“Esto no se bajó a las bases y no tiene legitimidad”, subrayó.
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Señaló como prueba de esa afirmación la presencia en la manifestación del próximo martes de sindicatos nacionales de gran envergadura como el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) o la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay.
Comentó que él mismo fue convocado a la residencia presidencial Mburuvicha Róga en representación de los jubilados, pero que se negó a asistir cuando le quedó claro que no era una reunión para debatir el proyecto, sino simplemente para la firma del acuerdo.
“Claro que no iba a ir a formar parte de un circo”, dijo.
Responde al ministro de Economía
Halley se refirió también a afirmaciones hechas por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien calificó de “tonto” que el IPS no invierta en bonos del Estado y señaló que la Constitución Nacional establece que los fondos previsionales deben tener “carácter de disponibilidad”, lo que significa que una caja debe poder acceder a sus recursos de forma inmediata.
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“Cuando invertís en papeles del Estado a 25 años no se cumple con esa disponibilidad”, dijo. “Las jubilaciones se pagan en efectivo, lo tonto es propiciar que se ponga todo en papeles y decirle al jubilado: ‘Te voy a pagar con vales o cupones del Estado’”, finalizó.