Transporte público es un derecho humano y el Estado debe garantizarlo, según diputado

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) habló del proyecto ejecutivo denominado “Plan Regional de Transporte” presentado por la Gobernación de Central con su apoyo, que apunta a una “reforma integral” y un reordenamiento del sistema de transporte público en Asunción y el área metropolitana.

La propuesta, cuyos impulsores buscan debatir con el Poder Ejecutivo, representantes ciudadanos, estudiantiles, concejales municipales y empresarios de transporte, plantea unificar todo el sistema de transporte bajo una sola institución, garantizar el servicio al menos durante 20 a 22 horas del día en principio –apuntando a una meta final de 24 horas–, lograr que todos los centros de salud sean accesibles con al menos una línea de buses y lograr un “ordenamiento espacial y financiero del sistema” para mejorar sus condiciones por medio de inversiones.

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“La idea es que los empresarios comprendan que, así como está diseñado el sistema, se pisan entre ellos” al existir un canibalismo causado por el hecho de que muchas líneas siguen los mismos itinerarios por calles y avenidas de alto flujo de pasajeros, lo que causa que las líneas estén peleando por los mismos clientes.

La propuesta plantea además revisar el método de cálculo utilizado para el subsidio al transporte para pasar de tener en cuenta el número de pasajeros a los kilómetros recorridos, a fin de diversificar los itinerarios y mejorar el servicio más allá de las calles consideradas de alto flujo y los horarios pico.

“Poner orden” en el transporte

Señaló que el modelo actual, que piensa solo en “las ganancias del empresario”, deja de lado los barrios y prácticamente ha erradicado a los buses internos de los municipios.

“No podemos basarnos solamente en cantidad de pasajeros, si no los empresarios van a salir solo en la hora que les es rentable y en las calles con mayor afluencia”, argumentó. “Tenemos que pensar en la conexión de troncales con alimentadoras a los barrios para que la gente no se quede sobre la avenida”.

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El legislador señaló que existen condiciones de oligopolio en el transporte público en el área metropolitana y que el Estado debe “poner un orden” por medio de una fuerte intervención del Poder Ejecutivo a través del Viceministerio de Transporte para que la movilidad no esté relegada “solo al que puede pagar, al que tiene un auto”.

“Lo que tenemos hoy es porque se liberó demasiado, se otorgaron itinerarios sin ningún orden, a medida de algunos empresarios”, subrayó.

“La movilidad no puede ser un privilegio”

Calificó la falta de acceso al transporte público para personas que viven en zonas alejadas de los centros urbanos y las grandes avenidas como un “impuesto a la pobreza” y señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar movilidad a todos los ciudadanos.

“La movilidad no puede ser un privilegio, el Estado tiene la responsabilidad de generar un mínimo contexto de equidad”, enfatizó. “La movilidad es un derecho humano, no puede estar reservado a quien puede pagarse un auto o un Bolt”.

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“No podemos seguir naturalizando que la gente se levante a las 3 de la mañana para llegar a su trabajo a las 7″, agregó.

Trabajar “con lo que se tiene”

El diputado Benítez afirmó que, en principio, la propuesta de reordenamiento del sistema plantea trabajar “con lo que se tiene”, sin la necesidad de grandes inversiones, y afirmó que un uso más efectivo de los recursos ya disponibles permitiría no solo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía al brindarles un servicio más previsible y estable, sino también tendría el beneficio de reducir el monto que el Estado gasta en concepto de subsidio a las empresas de transporte.

Admitió, sin embargo, que el diálogo que deberá ser encarado va a ser “complicado” porque “se juegan muchos intereses de gente que tiene contubernios con políticos”.

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Pero insistió que la ciudadanía y el Estado no pueden seguir “pagando 42 millones de dólares por este servicio de porquería”.