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Las autoridades de Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, tienen 10 días para responder a una nota enviada por la Contraloría General de la República (CGR), fechada el pasado 30 de enero. En ella, se le solicitó información y documentos públicos sobre el contrato de US$ 61 millones firmado el año pasado con Doha Holding Group LLC, de Catar, representada por Alejandro Domínguez Pérez, el hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, así como por el misterioso jeque Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali, según los datos de Contrataciones Públicas.
La nota de la CGR hace referencia al pedido de informe que hizo el Congreso Nacional a inicios de enero sobre este mismo caso, impulsado por el diputado Mauricio Espínola, pero que no fue respondido por Petropar.
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Todo en este contrato de la estatal es sumamente llamativo: Se firmó a espaldas de la ciudadanía, a través de un “procedimiento especial” por supuesta “urgencia”; la empresa es desconocida en el rubro de los combustibles y, de hecho, se creó meses antes de la firma del acuerdo; pero lo más sospechoso es que tras incumplir la entrega de 100.000 toneladas métricas de gasoíl entre octubre y noviembre de 2024, como se pactó originalmente, en vez de rescindir contrato y ejecutar la garantía, se le benefició con dos adendas que ampliaron en 100% el plazo de entrega previsto, lo que sería una violación de la ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas.
En consecuencia, la Contraloría solicitó a Petropar copia del dictamen de justificación de la convocatoria vía “Procedimiento Especial de Contratación”, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del llamado y la resolución de autorización del llamado con aprobación del PBC.
“Garantía”: Una DDJJ con un supuesto aval
Así también, la copia del contrato firmado con Doha Holding Group LLC para la compra de gasoil y de las garantías constituidas por el proveedor en el marco del procedimiento de selección y suscripción de contrato. Según los datos a los accedió ABC, la “garantía de fiel cumplimiento” de este contrato es por un monto de US$ 3.050.000, que la empresa catarí presentó en formato de declaración jurada, con la firma del jeque Khalifa Bin Hamad Al-Thani y un supuesto aval del banco “Qatar International Islamic Bank (QIIB)”.
La CGR pidió los documentos que respalden el proceso de selección de Doha Holding Group LLC como proveedora y los criterios utilizados para seleccionarla.
También el estado del contrato y su ejecución, detalles de la provisión y los mecanismos de control implementados para verificar la calidad del gasoil (en caso de que se haya recibido una parte del total).
El precio “milagroso” prometido
El ente de control pidió copia de las adendas al contrato original, la información sobre la empresa catarí, composición accionaria (socios y representantes), así como los antecedentes de la misma como proveedora de este producto.
También pidió explicaciones sobre la tarifa unitaria, pues Petropar en su momento alegó “precios muy ventajosos” y, precisamente, ese es otro de los puntos suspicaces del caso, pues la firma catarí prometió un precio que ni Brasil, con su enorme volumen de compra, ha conseguido en esta época. Lo que nos lleva a preguntar: ¿De dónde pretendían traer el gasoil, en qué condiciones y qué calidad tiene el mismo?
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Petropar sigue sin responder las preguntas y hasta ninguneó la solicitud de informe del Congreso Nacional. En este caso, la Contraloría fundó su pedido en los artículos 281 y 283 de la Constitución Nacional, y en el artículo 9° “De los Deberes y Atribuciones” inciso e) de la Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”.
