El acuerdo tarifario alcanzado por Paraguay y Brasil sobre Itaipú, anunciado por el presidente Santiago Peña el 9 de mayo de 2024, en teoría representarían ingresos estimados en US$ 1.250 millones anuales para el país, cifra que ahora está en entredicho con el Balance 2024 publicado recientemente.
Supuestamente, de ese total, US$ 650,9 millones se destinarán a inversión social. Sin embargo, el gobierno paraguayo no ha detallado cómo se distribuirán esos fondos ni ha ofrecido un mecanismo claro para su fiscalización.
A pesar de promesas de inversión en salud, educación, infraestructura vial y seguridad, Peña no precisó montos ni proyectos concretos, limitándose a un anuncio general. Esta falta de claridad sigue generando preocupación entre expertos, como el ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, quien -entre otros- advirtió que al no incluir estos recursos en el Presupuesto General de la Nación, se deja vía libre a un uso discrecional del dinero.
La contradicción es evidente cuando se recuerda que, en diciembre pasado, Peña firmó la Ley Nº 7389 de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. El acto incluyó a las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, pero las binacionales, como Itaipú y Yacyretá, quedaron fuera del ámbito de aplicación, lo que en la práctica perpetúa una zona libre de controles para multimillonarios contratos.
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Gastos georreferenciados
Mientras tanto, en Brasil, Itaipú Binacional presentó el pasado 19 de marzo una herramienta digital que permite monitorear en tiempo real y de forma georreferenciada los proyectos financiados por la entidad. El sistema, denominado SIDS (Sistema Integrado de Desarrollo Sostenible), permite acceder a información sobre contratos, estados de ejecución y ubicación de las iniciativas en 434 municipios.
Esta herramienta, desarrollada con apoyo del Centro de Inteligencia Territorial (NIT) y la Superintendencia de Informática de Itaipú, se convierte en una forma de transparencia.
A través del programa “Itaipú Más que Energía”, la binacional brasileña exhibe públicamente sus acciones socioambientales y de desarrollo regional, alineadas con las políticas públicas del gobierno federal.
En Paraguay, sin embargo, los gastos sociales de Itaipú se manejan sin supervisión real de órganos como la Contraloría General de la República (CGR) o la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El uso de estos fondos en compras cuestionadas, como la de pupitres chinos a una firma sin planta propia, o la adquisición de ambulancias bajo sospechas de direccionamiento, alimenta las críticas sobre la falta de control y la posible corrupción.
El gobierno paraguayo incluso rechazó la propuesta legislativa de incluir los ingresos adicionales por tarifa en el PGN. Hacerlo habría obligado al Ejecutivo a someter el uso del dinero al control del Congreso y los organismos fiscalizadores, como ocurre con otros recursos públicos. Esta decisión política fortalece la percepción de que se busca deliberadamente evitar la transparencia.
Además, instituciones clave como la Auditoría General del Poder Ejecutivo declararon que no pueden auditar Itaipú por posibles “acciones de inconstitucionalidad”, pese a antecedentes que prueban lo contrario.
En 2021, la Contraloría demostró que podía fiscalizar a la binacional, como ocurrió con el informe sobre la deuda espuria.
El contraste entre ambos países es notorio. Mientras Brasil abre sus datos y permite el seguimiento público de los proyectos sociales de Itaipú, Paraguay se refugia en declaraciones vacías y estructuras paralelas para eludir el escrutinio.
Transparencia es posible
El discurso oficial paraguayo sobre transparencia pierde fuerza frente a una realidad donde los fondos de Itaipú y Yacyretá son administrados al margen de la institucionalidad. Pese a los compromisos públicos y las leyes promulgadas, la diferencia de gestión entre ambos lados de la binacional no solo es técnica, es política. Brasil muestra que, con voluntad política y herramientas adecuadas, que la transparencia en Itaipú es posible.