En su informe de gestión 2025, el Presidente de la República, Santiago Peña, se jactó del crecimiento en el ámbito económico, pero el listado de áreas que siguen con reformas pendientes ponen en duda la veracidad del discurso.
Caja Fiscal, con déficit global y creciente
Peña destacó el impulso de leyes “que buscan el bien común” y citó la del Registro Unificado Nacional, del Servicio Civil, de Organización Administrativa del Estado, de CONAJZAR, modernización de las leyes de APP y de MIPYMES, entre otras.
El Ejecutivo destacó las reformas implementadas en sus dos primeros años de gobierno, aunque obvió mencionar que una de las principales, una promesa postergada desde hace años, sigue esperando la decisión política: la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal.
La Caja Fiscal del sector público registra déficit global y creciente desde el año 2015, cuando la pérdida alcanzó un total de 70.161 millones (US$ 8,9 millones al cambio vigente) según datos del Ministerio de Economía.
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A mayo del presente ejercicio, sin embargo, el saldo rojo acumulado asciende a más de G. 1 billón (US$ 129,4 millones), lo que representa que un 43% se financia con los impuestos que pagan los contribuyentes.
De acuerdo con los reportes oficiales, el Tesoro Público ya inyectó subsidio por más de US$ 1.300 millones para cubrir ese déficit y pagar normalmente los haberes a los jubilados.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su informe emitido el viernes 27 de junio, como parte de las conclusiones de la revisión de los acuerdos que tiene con el país, volvió a insistir en que abordar la sostenibilidad del fondo de pensiones de los empleados públicos es esencial para mitigar los riesgos fiscales a mediano plazo.
Aún así, el gobierno de Peña sigue sin dar señales de que planteará la reforma.
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Superintendencia de Jubilaciones
El Presidente citó como una de las reformas encaradas la Ley N° 7235/2023 “Que reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”.
La citada ley, sin embargo, fue aprobada y promulgada en tres días, pero continúa sin ser implementada, mientras las cajas de jubilaciones, que deberían ser supervisadas por la nueva entidad, registran problemas financieros.
La ley de referencia que crea el Consejo de Seguridad Social y la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones se aprobó en la Cámara de Senadores el 12 de diciembre de 2023, el 13 de diciembre se sancionó en la Cámara de Diputados y el 14 de diciembre, la misma fue promulgada por el presidente de la República, Santiago Peña, a pesar de la fuerte oposición de los trabajadores y jubilados.
A un año y seis meses de su promulgación el Consejo de Seguridad Social no está conformado totalmente y, por lo tanto, no puede reunirse para conformar la terna de candidatos para la superintendencia, que es la instancia que realizará los controles a las diferentes cajas de jubilaciones, tanto del sector público como privado.
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Se jactó de la deuda pública
La emisión de bonos en guaraníes citó el Mandatario como un hecho positivo, pero no hizo mención a la deuda pública total del Paraguay que durante su gobierno ya aumentó US$ 2.461 millones y superó el tope de 40% del PIB, que para analistas económicos locales y algunos organismos financieros, es el nivel sostenible para nuestro país.
Al cierre de 2023, año en que asumió como presidente de la República, el nivel de endeudamiento se encontraba en US$ 16.565,9 millones, que representaba en ese entonces 38,5% del PIB.
En tanto, al mes de mayo del presente año, datos del MEC muestran que la deuda pública total asciende a US$ 19.026,9 millones, que equivale a 41,2% del PIB.
Además, el gobierno gestiona la aprobación de préstamos por un monto total de US$ 1.671,4 millones, algunos ya tienen el vistobueno del Congreso, otros están en etapa estudio y un paquete con autorización para iniciar las gestiones ante los organismos financieros.
El Banco Mundial también ofreció un crédito por US$ 1.000 millones para los próximos años y el FMI desembolsará US$ 195 millones, del préstamo de US$ 400 millones que había otorgado el organismo como parte de los acuerdos que se ejecutan actualmente.
En cuanto a la meta de déficit fiscal, para este año no debe pasar de 1,9% del PIB, en tanto el próximo año debe reducirse a 1,5% del PIB como lo establece la ley de responsabilidad fiscal y los compromisos asumidos por el Gobierno ante los organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo país.
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Grado de inversión: Crecimiento que impulsa el sector privado
Otro de los puntos que no faltó en el informe del presidente -y en más de una oportunidad lo mencionó para aventajarse- es el crecimiento económico. Peña hizo mención al grado de inversión “que puede darnos la dignidad económica”.
La expectativa del Gobierno es cerrar con un crecimiento económico por encima del 4%, esto tras un repunte del 4,2% del año 2024 y se resaltó la posición de Paraguay en la región, al crecer por encima que otros países el año pasado.
Sin embargo, los datos adelantados confirman la buena dinámica de la economía que nuevamente tendrá como puntal al sector privado, de la mano de los servicios, las construcciones, las industrias y la ganadería. Al primer trimestre del año, la economía registró un repunte del 5,9% conforme a datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
El informe de Peña se atribuye incluso el logro de la conquista de nuevos mercados para la carne o productos del agro, que son el resultado de décadas de trabajo disciplinado público privado, no de los últimos dos años.
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No llega a todos los sectores
Por otro lado, también se percibe una disociación entre la dinámica de lo macro y lo micro, ya que los ciudadanos no reciben los beneficios de este crecimiento. Esto debido al alto índice de informalidad laboral que alimenta la economía en negro, señada regularmente por analistas y economistas en nuestro país.
Casi el 62,5% de los trabajadores está ocupado en tareas informales, según se observa en reportes del Instituto Nacional de Estadística (INE), y eso hace que el efecto derrame que presagian los informes económicos del BCP no llegue a todos. Asimismo, de las más de 1 millón de unidades empresariales existentes en el país, el 65,8% corresponde a Mipymes sin registro, lo que refleja justamente el alto grado de informalidad en la nación.
Además, el grado de inversión ha recibido críticas debido a que las calificadoras de riesgo -incluyendo Moodys que otorgó la calificación- aún señalan las debilidades del Paraguay, como la corrupción y falta de institucionalidad fuerte, sobre todo en el Poder Judicial.
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Inflación, salario mínimo e informalidad
Mientras Peña se jactó de la inflación estable y de la reducción de la meta del BCP a 3,5% +-2%, desde el anterior 4,5% +-2%, la desigualdad de los ingresos y la elevada inflación en el segmento de los alimentos (casi 30% en tres años) generan disconformidad de los ciudadanos, manifestada en espacios públicos y redes sociales. Ellos tuvieron que conformarse con un reajuste de apenas G. 100.739 en el salario mínimo, debido a que el salario está indexado a la variación anual del Índice de Precios del Consumidor (IPC).
Este reajuste fue duramente cuestionado por gremios de empleados privados debido a que no refleja la realidad de los trabajadores, que piden un urgente cambio en la metodología de reajuste. Señalan que el actual salario mínimo no cubre ni el 50% del costo de vida.
El informe de gestión resaltó también la “creciente formalización de la economía” y los nuevos contribuyentes, pero el tamaño de la economía subterránea en Paraguay se ubicó en 35,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2024, poco más de US$ 15.000 millones, conforme al estudio anual de la organización Pro Desarrollo y al análisis de la consultora Mentu.
Los datos encontrdos muestras que, en la última década, la economía subterránea solo bajó 2,5 puntos porcentuales y se ubica entre las más altas de la región, según la estimación presentada recientemente.
Empleo y pobreza
En cuanto a la tasa de desempleo de 5,6% en el primer trimestre mencionada por el Presidente como “la más baja para un periodo similar desde que se tienen datos”, no se dio precisamente por la política de empleos del Gobierno, sino por la propia dinámica de la economía en crecimiento, pero que nuevamente viene de la fuerza del sector privado.
Además, todavía hay una gran deuda en este ámbito, ya que la desocupación y subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo afectaba todavía a unas 268.360 personas al primer trimestre, reportó en su momento el INE, que representa el 8,7% de la fuerza de trabajo.
El presidente de la República Santiago Peña resaltó que su gobierno ha sacado a 270.000 personas de la pobreza y 91.000 de la pobreza extrema.
Destacó que entre los años 2002 y 2024, la pobreza se redujo del 58% al 20%. Pero en lo que compete a este periodo de gobierno, según el INE, la pobreza total se redujo del 22,3% al 20,1% en el 2024 y afecta a 1.189.045 personas que subsisten con menos de G. 30.000 por día.
En lo que respecta a la pobreza extrema, según el INE la cifra bajó del 4,7% al 4,1% y afectó a 244.845 personas que deben subsistir con menos de G. 13.000 por día.
Precisamente, numersos economistas salieron al paso de las cifras de Peña, criticando la aparente intención de “maquillar la pobreza” con cambios en metodología estadística. Es decir, cambiaron los números, pero no la realidad de la gente, se cuestionó.
Varias inconsistencias se enumeraron sobre el reporte de pobreza como el hecho de incluir en sus cifras el periodo anterior que no le correspondió, también la falta de focalización de subsidios, incorporación del programa “hambre cero” a las estadísticas cuando anteriormente no se tenía en cuenta la alimentación escolar como ingreso, y desfasaje del costo de la canasta, entre otros puntos.
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Inflación baja y estable: el BCP reduce su meta
El BCP redujo su meta inflación a 3,5% para este año, con una plan de convergencia al 2026.
Según las explicaciones, esto se estableció con base en recomendaciones internacionales de un mayor compromiso con la estabilidad de precios. Sin embargo, la actualización del IPC, que determina la inflación, se da cada 10 años y la última se tuvo precisamente hace una década.
La ciudadanía critica que los indicadores del IPS están desfasados. Este año, se prevé llevar adelante la encuesta de presupuesto familiar a cargo del INE y se espera que pueda reflejar mejor los índices de consumo.
Otro de los cuestionamientos es que, con la reducción de la meta de inflación, el reajuste del salario mínimo sería por un monto cada vez menor, de no ajustarse el método de cálculo del salario básico de los trabajadores.
Ley de sistema de pagos para “favorecer a los amigos”
Por otro lado, el presidente Peña incluyó entre sus logros, la cuestionada Ley N° 7503/25 de Sistema Nacional de Pagos, que a más de regular los diferentes medios electrónicos de pagos, generó desconfianza, pues sospechan que esta ley fue aprobada “a medida” para favorecer a amigos y negocios vinculados al mismo Peña, especialmente al banco mimado de este gobierno (ueno bank).
La ley tuvo un paso meteórico por ambas cámaras del Congreso y fue sancionada el viernes 27 de junio en cuestión de días, lo que generó duras advertencias desde distintos sectores por el riesgo de que se trate de una legislación “a medida de los amigos” del cartismo.
Uno de los puntos más cuestionados se encuentra en el artículo 4°, específicamente en los incisos e y q, los cuales, según expertos y constitucionalistas, podrían habilitar al BCP a intervenir en esquemas de propiedad privada y fueron señalados como inconstitucionales.
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Itaipú: sin revisión del Anexo C
Por otro lado, el Presidente Santiago Peña se refirió solamente a algunos de los resultados de los recursos que obtuvo su gobierno con la violación del Tratado de Itaipú, al imponerle una tarifa superior a su costo real.
La ciudadanía esperaba información sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que Paraguay comparte con Brasil, pero Peña se limitó a destacar la construcción de la intersección a desnivel en Ciudad del Este, la duplicación de la ruta Mariano Roque Alonso - Luque, el mejoramiento de la Ruta departamental D025, y la duplicación de Tapé Tuja y el viaducto., etc, inversiones que, además de eludir los controles del Legislativo y de la Contraloría General de la República (CGR) serían irrelevantes si se los comparan con los que lograría el Paraguay con el pleno aprovechamiento de su energía en Itaipú y el justo precio por la exportación de su excedente.
Sin obras públicas de envergadura
El informe de Peña habla también de proyectos aprobados. “Tenemos 690 millones de dólares en obras en ejecución”, dijo. Pero lo cierto es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue sin ejecutar obras de envergaduras con el actual Gobierno y la mayoría de las o que está ejecutando la institución fue licitada a través de Itaipú, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Una de las obras principales adjudicadas por la actual administración es la “Ruta de la Soberanía”, que fue otorgada en cuatro lotes por casi US$ 200 millones, para el catastro, indemnización, construcción y mantenimiento por niveles de servicio de la pavimentación del tramo Pedro Juan Caballero - Zanja Pytã - Capitán Bado - Itanará - Ypejhú (ID 438.107), pero sin avance hasta la fecha.
Solamente realizaron llamados a licitación, como de las obras cloacales de Lambaré, Ciudad del Este y la APP de Ruta PY01, que sigue en proceso de evaluación de propuestas técnicas, según datos de Obras Públicas.
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Empresas públicas deficitarias y reducción de precios de combustible
Así también, el Presidente mencionó en su reporte a las “empresas públicas al servicio de la ciudadanía” y las reducciones de precios de los combustibles, que calificó de un “logro”.
“Para cuidar el bolsillo de los paraguayos, redujimos 9 veces el precio de los combustibles, pero no lo hicimos de manera irresponsable, populista, lo que hicimos fue fortalecer a Petropar, volverlo más eficiente. Esa eficiencia, ese ahorro de gastos, se traduce en un ahorro para los ciudadanos”, afirmó.
Pero nada mencionó de las pérdidas que soporta Petróleos Paraguayos (Petropar) -sus balances están disponibles en la web de la institución-, así como otras empresas públicas: La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), la Industria Nacional del Cemento (INC) y Cañas Paraguayas S.A. (Capasa), que juntas registraron el año pasado un déficit acumulado de G. 1,3 billones (más de US$ 167 millones al cambio actual) conforme a datos del mismo Gobierno.
Se trata de resultados negativos que se vienen arrastrando desde varias administraciones y que, lejos de mejorar, continúan empeorando con sus administraciones actuales.
En el caso de Petropar, dirigida por Eddie Jara, su balance muestra resultados acumulados negativos por G. 352.007 millones. Además, la petrolera continúa realizando compras dudosas, como el caso de la firma catarí Doha Holding, que hasta la fecha no entregó el gasoil comprometido, y ya se le concedió una sexta prórroga.
Transporte público deficiente
Otro punto mencionado en el extenso reporte de gestión guarda relación con uno de los mayores sufrimientos del ciudadano “de a pie”: El transporte público. Peña volvió a anunciar el plan de reforma que presentará “en los próximos días”, prometido desde hace años.
Mientras el Gobierno sigue prometiendo, permanece pasivo ante las reguladas del transporte público denunciada por pasajeros. Miles de usuarios deben soportar largas esperas y el frío, lo que afecta su acceso al trabajo, a la educación y a la salud.
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) lamentó que el conflicto persistente entre los empresarios y las autoridades siga castigando, con severidad, a los pasajeros.
La asociación destacó que la inversión y las mejoras en el transporte público que realiza el actual Gobierno son prácticamente nulas y la reforma anunciada hace meses sigue sin presentarse en el Congreso.
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La casa propia sigue siendo un sueño
Finalmente, aunque el presidente Santiago Peña presentó el programa Che Róga Porã como uno de los principales logros “revolucionarios” en materia de vivienda para su segundo año de gobierno, los resultados concretos de la iniciativa dirigida por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) siguen siendo limitados.
Se trata del programa “estrella” de acceso a vivienda dirigido a la clase media, con la promesa de cuotas similares al precio de un alquiler y la posibilidad de acceder a créditos de hasta G. 500 millones, al 6,5% de tasa de interés anual y hasta 30 años de plazo, para familias con ingresos desde un salario mínimo.
No obstante, hasta ahora, no se han entregado ni 50 viviendas bajo la primera modalidad del programa, de viviendas en pozo, a un año desde su lanzamiento, mientras que los solicitantes se han enfrentado a numerosas barreras para acceder al financiamiento, siendo el “sobreendeudamiento” la principal. Los que lograron acceder, poseen desde tres salarios mínimos de ingreso familiar global, según datos de AFD.
En abril pasado, se relanzó el programa bajo el nombre de Che Róga Porã 2.0 con nuevas modalidades de construcción, adquisición y ampliación o refacción de viviendas, pero hasta el momento prácticamente no existen datos sobre los avances que ha registrado esta actualización. Peña sólo se limitó a mencionar la aprobación de los US$ 200 millones para fondear el plan. Es decir, el éxito del mismo sigue siendo una promesa.
¿Y las 500.000 viviendas?
En términos generales y según los datos oficiales, hasta junio se han aprobado más de 400 solicitudes en el marco de Che Róga Porã, por un monto cercano a los 123.000 millones de guaraníes, aunque se habla de otras 1.000 solicitudes en proceso de evaluación, lejos de “revolución” que pretendía el programa para la política habitacional del país.
Peña mencionó, del mismo modo, las viviendas sociales. Dijo que el MUVH ha gestionado hasta el momento 27.500 soluciones habitacionales, de las cuales 18.200 ya fueron entregadas para igual número de familias que hoy encuentran la seguridad de un techo digno. “A modo comparativo, durante los 5 años del gobierno anterior se gestionaron 35.000 viviendas, por lo que a este ritmo, a dos años de gestión estaremos alcanzando e incluso superando esa cifra”, señaló.
Pero estos números están aún mucho más lejos de las “500.000 viviendas en cinco años" que había prometido Santiago Peña al arrancar su gobierno.