Uno de los puntos abordados en el informe del MEF, expuesto ante la Comisión Especial para el Estudio de la Situación Financiera y la Sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público de la Cámara de Diputados, es la reforma previsional realizada por países de la región.
El estudio presentado ante la comisión legislativa abarca los desafíos de los sistemas de pensiones, las reformas realizadas en la región y las perspectivas para la Caja Fiscal del sector público de nuestro país.
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Sobre este último, los datos revelan un importante déficit para los próximos años que deberá ser financiado en su totalidad con recursos del Tesoro o provenientes de los impuestos pagados por la ciudadanía.
Reforma previsional en la región
A modo de referencia para lo que podría ser la reforma de la Caja Fiscal, en el informe se cita a Brasil, Uruguay y Chile como los que iniciaron o realizaron procesos de reforma en los esquemas de reparto.
El informe menciona que Brasil subió la edad de jubilación, los años de cotización y la tasa de contribución en 2019.
Uruguay, por su parte, elevó la edad de jubilación y equiparó los beneficios entre sus cajas de maestros, policías y militares en 2023.
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Chile, en cambio, establecerá gradualmente un aporte patronal para sistema solidario desde 2025.
La cartera de Economía menciona que, en estos procesos, los ajustes comunes son la introducción o aumento de la edad mínima de retiro, fórmulas para cálculo de beneficios, años de aporte y la incorporación de un aporte patronal.
Añade que la edad promedio de retiro regional es 65 años, mientras que el promedio regional de tasa de sustitución es del 60%.
Regímenes en la Caja Fiscal
En la Caja Fiscal de nuestro país, sin embargo, existen diferentes regímenes y beneficios heterogéneos que son financiados con la misma tasa de aporte de los funcionarios activos, que es el 16%.
Los datos del MEF dan cuenta que, en cuanto a la edad mínima para la jubilación ordinaria, se establece para los funcionarios administrativos 62 años, personal de enfermería y obstetricia, médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos y trabajadores con discapacidad 55 años; mientras que para los magistrados judiciales 50 años.
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En cambio, los maestros, docentes universitarios, personal de la Patrulla Caminera, militares, policías, docentes de educación inclusiva y los guardaparques no requieren de una edad mínima para la jubilación.
Asimismo, los haberes de los militares retirados, policías retirados, así como del personal de la Patrulla Caminera están equiparados al salario de los uniformados activos.
Con relación a los años de aportes, de acuerdo con los datos del MEF, varía de acuerdo al sector que corresponde y van desde 10, 15, 20, 24, 25 y 30 años.
Déficit estimado hasta 2030
Según las versiones manejadas, la idea de una reforma de la Caja Fiscal gira en torno a uniformar a 62 años la edad mínima de retiro, aumentar la tasa de aporte y los años de aporte, un nuevo cálculo para establecer los beneficios y el aporte del Estado como empleador.
Las proyecciones realizadas por el Ministerio de Economía revelan que este año cerraría con déficit de US$ 343 millones y, al año siguiente, aumentaría a US$ 430 millones.
En 2027 se estima una pérdida de US$ 509 millones y en 2028 el saldo rojo sería de US$ 683 millones; en 2029 se incrementaría a US$ 776 millones y en 2030, ascendería a US$ 952 millones.
El millonario déficit se financia con los recursos del Tesoro o provenientes de los impuestos que paga la ciudadanía, y esos recursos podrían, si no hubiese esa situación, ser utilizado más bien en inversiones como salud, educación, obras de infraestructura entre otros.