Finalmente, la Federación de Trabajadores del Transporte decidió ir a huelga el 3 y 4 de setiembre, fecha en la que se tratará en la Cámara de Senadores el proyecto de reforma del transporte público que presentó el Poder Ejecutivo.
El principal reclamo del sector fue su exclusión de la elaboración del proyecto de reforma por parte del gobierno de Santiago Peña.
Indicaron que al no estar incluidos y de aprobarse la reforma, podrían afectarles en la estabilidad laboral, la libertad sindical y hasta en la jubilación, ya que se prevé la tercerización de varios servicios.
La federación agrupa a 40 líneas de transporte del área metropolitana y a unos 3.000 trabajadores.
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Trabajadores marginados en la reforma
Según la denuncia que realizó Gerardo Giménez, presidente de la Federación, se sintieron marginados y discriminados por el gobierno de Santiago Peña, al no ser incluidos en el proceso de elaboración de la reforma y que con la entrega del proyecto al Congreso, se cerró cualquier posibilidad de que formen parte.
Aclaró que no están ajenos a dialogar con el Gobierno y que estarán atentos a cualquier llamado que realicen desde el Gobierno.
La reforma del transporte público presentada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores contempla tres componentes principales, cada uno a ser licitado de forma separada o combinada: provisión de flota (buses), provisión de infraestructura (estaciones y terminales) y operación en unidades funcionales (troncales principales), que serán gestionadas por diferentes empresas privadas.
Apuntan a reducir las actuales 36 líneas a 10 empresas y permitir la integración tarifaria para realizar varios viajes con un solo pasaje. Hasta ahora no está claro el origen de los recursos para la renovación de buses, ya que en la última presentación no se detalló la fuente de financiamiento.