Según Cavialpa, hay “graves consecuencias” por las deudas que tiene el Gobierno, una situación que supuestamente ya advertían desde abril.
Asimismo, el gremio sostiene que hay “reiteradas promesas incumplidas” por parte del Estado como fruto de varias conversaciones y reuniones hasta llegar a una propuesta de pago que no iba a solucionar todos los problemas, pero sí “permitiría aliviar las principales urgencias”.
Sobre este punto mencionan que el plan propuesto por el Gobierno contemplaba el pago de G. 300.000 millones en noviembre y luego otros G. 300.000 millones mensuales hasta marzo, al igual que un pago de 400.000 millones en febrero, pero esto era solo para pagar lo adeudado hasta ese momento, por lo que también se iba a registrar una acumulación y nuevas deudas.
“Hasta el 12 de diciembre, las empresas de Cavialpa solo habían recibido G. 132.000 millones de lo comprometido para el mes de diciembre. La situación hace imposible el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas, precisamente en un mes en el que el quiebre de la cadena de pagos puede tener consecuencias sociales impredecibles”, aseguran.
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“Las deudas hay que pagarlas”
En su mensaje, la cámara Cavialpa asegura que la falta de pago de los certificados provocará que los subcontratistas, transportistas, proveedores y más “sufran las consecuencias de la mora”, algo que también afectará a las obras en curso.
También mencionan que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, habría culpado al Ministerio de Obras por las demoras y que supuestamente “no sabía que estaban disponibles fondos de créditos internacionales”.
Por esto último, Cavialpa confirma su desacuerdo, ya que “no se pueden separar obras de fondos locales y de externos”, por lo que también apuntan que “las deudas son deudas y hay que pagarlas”, sin prioridades.
Otro punto que recalcan es que el propio Gobierno de Santiago Peña destacaba que este año fue bueno para la recaudación, principalmente por los impuestos que abonan los trabajadores y las empresas paraguayas, sin embargo, no comprenden que por el cumplimiento de un objetivo establecido por ley, el tope de déficit fiscal se posterguen pagos imprescindibles para sostener las obras en ejecución y asegurar el salario de miles de trabajadores.
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