El proyecto de ley de Reforma del Sistema de Jubilaciones del Sector Público del Ejecutivo, actualmente en estudio en la Comisión Permanente del Congreso, suma más voces de rechazo por parte de los que serían afectados con los cambios propuestos para resolver el problema del millonario déficit que viene arrastrando. Un proyecto largamente postergado y reclamado desde diferentes sectores debido al millonario déficit que es financiado con los impuestos de los ciudadanos. Solo al mes de noviembre, la Caja Fiscal ya acumuló un déficit de US$ 345 millones.
A los gremios docentes que están en pie de guerra y que condicionan incluso el inicio de las clases, también se suma el sector de las fuerzas públicas que rechaza los cambios propuestos por el Ejecutivo para resolver la situación financiera de la Caja. Uno de los principales cambios de esta reforma apunta justamente a equiparar las exigencias sobre los sectores deficitarios: docentes, policías, militares y magistrados judiciales.
Buscan equipar la edad mínima para la jubilación extraordinaria a 57 años y la ordinaria a 62 años. También proponen aumentar el aporte del afiliado del 16% al 19%, más un aporte estatal del 3%. Además plantean equiparar la base para el cálculo del haber jubilatorio sobre el promedio de ingresos de los últimos 5 años.
En un comunicado emitido por la Asociación de Oficiales Jubilados de las Fuerzas Armadas de la Nación (Asojufan) y dirigida al Congreso Nacional y a la ciudadanía, el citado gremio fija su posición sobre el proyecto y plantea una defensa tajante de los derechos adquiridos de los militares retirados, al tiempo que formula una serie de observaciones al proyecto oficial. Uno de los ejes de la declaración es sobre el carácter “intangible e irrenunciable” de los derechos previsionales de los retirados de las Fuerzas Armadas.
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Según la Asojufan, los derechos adquiridos están amparados por el Artículo 103 de la Constitución Nacional, que garantiza que los haberes jubilatorios se actualicen en igualdad de condiciones con las remuneraciones del personal en actividad.
Añaden también que ninguna reforma puede vulnerar la equiparación histórica entre activos y retirados, ni desconocer los beneficios que, según el texto, fueron “legítimamente conquistados por quienes entregaron su vida al servicio de la Patria”.
Sostienen igualmente que cualquier modificación al régimen previsional debe diseñarse “cuidadosamente” para preservar la “dignidad militar” y garantizar la plena vigencia de los derechos adquiridos, evitando interpretaciones que generen “incertidumbre o desconfianza”. No obstante, el gremio de jubilados ha acercado una propuesta que incluye una gobernanza compartida, transición gradual con ajustes paramétricos por tramos, con protección plena de derechos adquiridos, proponen también la creación de fuentes extraordinarias de financiamiento y un aporte estatal más robusto y escalonar hasta un 12,5%. Consideran que la propuesta del aporte estatal del 3% es insuficiente.
Condicionan el inicio de clases
En lo que respecta al sector docente, la Unión Nacional de Educadores lanzó una advertencia al Gobierno ante la propuesta de reforma de la Caja Fiscal, presentada el 30 de diciembre y que plantea modificar la edad mínima para la jubilación docente. El gremio, al igual que la FEP, asegura que la vuelta a clases dependerá de las negociaciones en torno a esta normativa.
Rafael Resquín, presidente de la UNE, emitió un comunicado en el cual rechazan la propuesta del Gobierno y al igual que lo hizo la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), aseguran que podrá afectar el inicio de clases, pautado para el lunes 23 de febrero.
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Por su parte, el presidente de la FEP, Silvio Piris, aseguró que los gremios docentes no aceptarán el proyecto de ley de Reforma de la Caja Fiscal que plantea varias medidas, siendo la más cuestionada la de equiparar la edad mínima de 57 años para la jubilación extraordinaria. Dejó en claro que saldrán a las calles a reclamar en caso que sea necesario. De igual forma, aseguró que el inicio de las clases dependerá de lo que definan los parlamentarios.