En términos agregados, el total de fondos a transferir asciende a US$ 237,22 millones, cifra que refleja, principalmente, la utilización de bonos soberanos de largo plazo, en particular los vinculados a las emisiones 2035 y 2055, que concentran la mayor parte de los montos movilizados.
Esta característica ya adelanta una señal relevante: más que una expansión del gasto, el esquema responde a una gestión financiera del pasivo público, orientada a atender compromisos previamente asumidos.
El desglose por entidades muestra que el MEF es el principal receptor de estos recursos, con US$ 96,64 millones, lo que equivale a cerca del 41% del total. El monto proviene casi en su totalidad de los bonos 2035 y 2055, asociados a procesos de amortización y administración de la deuda.
La magnitud del flujo hacia la cartera económica confirma su rol central como administrador del endeudamiento soberano y sugiere que una porción significativa de los fondos se destina a operaciones financieras, más que a ejecución directa de gasto sectorial.
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En segundo lugar, se ubica el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), con US$ 81,54 millones, representando aproximadamente el 34% del total transferido. A diferencia del MEF, estos recursos reflejan una orientación más ligada a la ejecución sectorial, en un contexto en el que el sistema de salud continúa demandando financiamiento sostenido.
Aunque la tabla no detalla el destino específico del gasto, el volumen asignado posiciona a Salud como uno de los principales beneficiarios del uso de bonos soberanos dentro del esquema analizado.
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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aparece en tercer lugar, con US$ 46,08 millones, equivalentes a cerca del 19% del total. Esta asignación reafirma el peso de la inversión en infraestructura dentro de la política fiscal, aun cuando el monto es sensiblemente inferior al canalizado hacia el MEF y Salud.
En términos económicos, la inversión en obras públicas suele tener un efecto multiplicador relevante, por lo que su financiamiento vía deuda continúa siendo un instrumento clave para sostener la actividad.
Más atrás se ubican la Corte Suprema de Justicia, con US$ 10,02 millones, la Universidad Nacional de Asunción (UNA), con US$ 0,77 millones, y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), con US$ 0,10 millones. Los montos, aunque marginales en términos relativos, muestran que el uso de los bonos también permite cubrir necesidades específicas de otros organismos del Estado, aunque sin alterar la fuerte concentración observada en las principales carteras.
A modo de remarcar, si bien existen asignaciones relevantes a sectores como salud e infraestructura, el peso dominante del MEF y de los bonos de amortización indica que gran parte del esfuerzo está puesto en administrar la deuda existente, más que en impulsar nuevos programas de gasto.
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En un contexto de restricciones fiscales y necesidad de preservar la credibilidad macroeconómica, esta estrategia puede interpretarse como una señal de prudencia. No obstante, también abre el debate sobre el margen disponible para que la deuda pública funcione como una herramienta más activa de impulso al crecimiento, especialmente en áreas con alto impacto económico y social.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones