En un comunicado, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) recordó que el Acuerdo Mercosur–UE fue concebido como una herramienta para fortalecer la integración económica, promover el comercio y facilitar el intercambio de bienes mediante la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias entre ambos bloques.
No obstante, los productores centran su preocupación en el reglamento de salvaguardias bilaterales aprobado por la UE en diciembre de 2025, luego de la conclusión de los términos del acuerdo comercial en diciembre de 2024.
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Al ser herramientas que “pueden aplicar de manera unilateral y discrecional”, estas salvaguardias representan para la UGP una amenaza a los beneficios pactados.
El gremio recalca que, aunque el reglamento nació como consecuencia del acuerdo, su implementación queda sujeta a la interpretación europea sobre qué volumen de importaciones —superiores al 5% en valor o cantidad—pone en riesgo su producción local.
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Para la asociación, existe una contradicción de fondo entre el acuerdo comercial y el régimen de salvaguardias.
Mencionan que, mientras el acuerdo entre ambos bloques busca abrir mercados, promover el comercio y reducir aranceles bajo reglas claras y una lógica de integración, las salvaguardias persiguen la protección de los mercados europeos, introducen incertidumbre y habilitan la reintroducción de aranceles o restricciones.
“Estas diferencias demuestran que la apertura comercial está subordinada a la UE y que las reglas de juego originalmente pactadas se vuelven poco previsibles y contrarias a los principios acordados al inicio de las negociaciones”, sostiene el sector, que advierte que esta incertidumbre impacta directamente en los productores del Mercosur al desalentar inversiones y estrategias de exportación hacia el mercado europeo.
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Postura del Gobierno
Sobre este punto, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ya se había expedido días atrás. Sostuvo que las salvaguardias cuestionadas “no forman parte del acuerdo suscrito” entre el Mercosur y la Unión Europea. Explicó que estas medidas corresponden a disposiciones internas del bloque europeo y no integran el cuerpo del tratado comercial que se firmará el próximo 17 de enero en Asunción.
El ministro afirmó que el acuerdo contempla un “tratamiento especial y diferenciado” para Paraguay, lo que, según indicó, permitiría proteger a la producción nacional frente a eventuales impactos.
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