El posicionamiento de las dos organizaciones arranca con este título: “Energía regalada para corporaciones electrointensivas causará muy pronto tarifazos a familias y a la industria nacional. Ilegales decretos 5.306 y 5307 deben ser derogados”.
En la fundamentación del pedido, primer párrafo, ambas campañas exigen al gobierno de Santiago Peña “la inmediata derogación de los ilegales decretos 5.306 y 5307 publicados el 16 de enero último, que permiten tarifas inferiores al costo para industrias “convergentes” y “energía en X”.
Califican la concesión tarifaria a las grupos mencionados como “regaladas” a grandes corporaciones transnacionales, que “empaquetarán nuestra hidroelectricidad en forma de servicios digitales y vectores energéticos, sin generación de empleo, ni transferencias tecnológicas, ni desarrollo local”.
Agregan que el subsidio obligará a la ANDE, “a muy corto plazo”, a subir tarifas para el resto de los usuarios, o empeorar la calidad del servicio.
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Tarifas inferiores a las que debe aplicar la ANDE
Señalan asimismo que esas tarifas para electrointensivas, de US$ 28 a US$ 32 por MWh (industrias “convergentes”, en 500 kV) y de US$ 26 a US$ 31 por MWh (“energía a X”, 220 kV) “son inferiores a la que debe aplicar la ANDE por su carta orgánica, ley 966/64, superior a US$ 80 por MWh, considerando costos de transmisión, eventual distribución y la rentabilidad del 8% sobre su capital inmovilizado.
“Las pérdidas serán de más de US$ 40 por MWh”, resalta el texto de advertencia de las dos Campañas.
Recuerdan al país que la ANDE hoy “pierde US$ 300 millones por año con 1000 MW de potencia en criptominería. “Además de sufrir las pérdidas causadas por el entreguismo antipatriota de Santiago Peña” al violar el Tratado de Itaipú con una tarifa superior al costo, que genera otros US$ 300 millones al año de pérdidas a la ANDE, “y por no entregar nada de la renta eléctrica al sector eléctrico”.
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Tras las advertencias, presentan uno de los desenlaces del nuevo drama que se escenificará en el sector energía de nuestro país: “la actual tarifa subsidiada para la criptominería, así como estas nuevas tarifas subisidiadas para nuevas electrointensivas, ya están aumentando el consumo eléctrico y adelantando nueve años el fin de los excedentes hidroeléctricos, que podría producirse incluso antes del 2030”.
Importar electricidad o generar con hidrocarburos
El pronóstico no termina en esa advertencia, continúa: “en apenas cuatro años tendremos que importar electricidad, que en el mercado regional no cuesta menos de US$ 100 por MWh o generar con hidrocarburos -lo más rápido y además firme, a diferencia de la energía solar o eólica- a no menos de US$ 150 por MWh.
Finalmente, recuerdan la negativa del gobierno Peña y del Cartismo de tratar el proyecto de ley de ampliación de la tarifa social de la electricidad, un reclamo “de más de 50 mil firmas ciudadanas”. Reiteran que esta medida permitirá a la ANDE contar con recursos genuinos “y a las familias la posibilidad de dejar de estar en mora con la ANDE”.
El remate no se hizo esperar “reiteramos nuestra exigencia de derogar los decretos 5.306 y 5.307, de subsidio a electrointensivas y aprobar la ley de ampliación de la tarifa social, una iniciativa popular”.