Los decretos 5306 y 5307 del Gobierno de Santiago Peña, según sus artículos 8° y 6°, debían entrar en vigencia dentro 30 días calendarios a partir de la fecha de promulgación de los decretos para que las beneficiarias hagan los trámites administrativos previos.
Medios informativos de Asunción atribuían al presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, la versión según la cual no aplicarán esos plazos “hasta que se llegue a un acuerdo”.
Las conversaciones entre representantes del Ejecutivo y de las agremiaciones de trabajadores funcionarios y técnicos de la empresa eléctrica, explica la agencia oficial IP, buscan una “implementación ordenada, gradual y consensuada de los decretos”, que eso explica el cuarto intermedio.
Antes de la instalación de la mesa técnica, si atendemos el contenido del “Comunicado Oficial de Protesta” de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) y la posición del Sindicato de Trabajadores (Sitrande), ventilados en las declaraciones de sus dirigentes y mediante sus últimas movilizaciones, concluiríamos que que lejos se encuentra de lo “gradual y consensuado”.
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Pedido de intervención de la Contraloría
El pedido de intervención a la Contraloría General de la República (CGR) de la UIA, del Sitrande, Sipra y Aproande del 29 de enero pasado, confirmaban la intransigencia de estas gremios ante los decretos en cuestión.
Los gremios de la estatal pedían al contralor Camilo Benítez la apertura de tres gestiones investigativas para conocer las intención real del Ejecutivo con estos decretos..
En la nota que remitieron al Sr. Benítez pedían, en primer lugar, que dispusiera la iniciación de una Auditoría de Cumplimiento y de Gestión para evaluar el impacto económico-financiero y patrimonial de esos instrumentos.
En segundo lugar le planteaban que pida los dictámenes técnicos, económicos y financieros que sustentaron la definición de las tarifas que figuran en los decretos. Esto para verificar el cumplimiento del principio de legalidad y la debida protección del patrimonio público.
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Viabilidad de los subsidios implícitos
Por último, un pronunciamiento institucional sobre la viabilidad legal y financiera de los subsidios implícitos en estos decretos, en relación con la ley de Responsabilidad Fiscal y la ley orgánica de la ANDE.
Tras conocerse la interrupción del proceso principal, que arrancó con la promulgación de los decretos del Poder Ejecutivo, se supone que también este pedido de intervención cohabitará en el espacio del cuarto intermedio con las otras rispideces de los instrumentos del Poder Ejecutivo.
Sosa, por su parte, explicaba el martes último que la mesa técnica permitirá verificar “punto por punto” los alcances de los decretos 5.306 y 5307”. Añadía que “existe una apertura real” del Ejecutivo en la búsqueda “de consensos” en esta nueva etapa del proyecto que pretende ejecutar.
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“La instrucción del presidente de la República, Santiago Peña, es que ninguna medida se tome en detrimento de la empresa estatal”, explicaba. Pese a nuestra insistencia nada pudimos saber de la fecha de reanudación del proceso, que se interrumpió el lunes último con el cuarto intermedio.