La media sanción introduce ajustes en los parámetros clave del sistema. Uno de los cambios más relevantes es la habilitación de la jubilación extraordinaria a partir de los 55 años de edad con 30 años de servicio. Esta flexibilización se acompaña de tasas de sustitución más bajas, con el objetivo de adecuar el beneficio al esfuerzo contributivo y evitar que el menor requisito etario incremente el costo actuarial.
Para la jubilación ordinaria, las tasas iniciales parten del 70% y pueden alcanzar un máximo de 85%, niveles coherentes con una edad de acceso inferior a la vigente en el esquema previo.
El diseño combina, por tanto, mayor flexibilidad en el acceso con una moderación en el cálculo del haber, buscando un equilibrio entre derechos adquiridos y sostenibilidad financiera. Desde el punto de vista actuarial, la consistencia de estos parámetros resulta central para contener la expansión del gasto previsional en las próximas décadas.
Otro componente clave es la diferenciación de aportes según la situación financiera de los distintos sectores que integran la Caja Fiscal. La propuesta contempla ajustes que responden a los planteamientos de sectores superavitarios, como la Administración Pública y el Personal de Blanco, procurando preservar incentivos contributivos y reducir tensiones internas.
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De forma complementaria, se incorpora un aporte gradual del Estado, que inicia en 1% el primer año y aumenta progresivamente hasta 5% a partir del quinto año.
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Este compromiso fiscal adquiere especial relevancia en un contexto donde la edad de acceso se reduce para ciertos casos. La sostenibilidad del esquema descansa en que la reforma genere el margen necesario para financiar ese mayor esfuerzo estatal sin comprometer otras prioridades presupuestarias.
Implicancias de media sanción
Las estimaciones actuariales del MEF reflejan un cambio significativo respecto al escenario base. Sin reforma, el déficit proyectado para 2030 podría alcanzar los US$ 1.000 millones. Con la media sanción, ese desbalance se moderaría a poco más de US$ 300 millones.
La magnitud del ajuste no elimina completamente el déficit, pero reduce de manera sustancial la brecha financiera y otorga mayor previsibilidad a la planificación fiscal.
En términos de ahorro fiscal, el nuevo esquema proyecta un alivio promedio de US$ 490 millones anuales durante el primer quinquenio de aplicación. A lo largo de dos décadas, ese ahorro anual ascendería a US$ 757 millones. Este resultado implica una reducción en la presión sobre el Tesoro y una menor necesidad de cubrir obligaciones previsionales con recursos provenientes de otras áreas del gasto público.
El impacto macroeconómico también resulta relevante. La reforma permitiría quebrar la tendencia de deterioro del déficit de la Caja Fiscal en relación con el PIB. En los primeros cinco años, el desbalance se estabilizaría en torno al 0,5% del producto.
En ausencia de cambios, el déficit seguiría ampliándose de forma sostenida, elevando la presión sobre las finanzas públicas y limitando el espacio para inversión en infraestructura, salud y educación.
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A mediano plazo, la diferencia entre ambos escenarios se amplía. Hacia 2036, el déficit bajo el esquema reformado se ubicaría en torno a -0,8% del PIB, aproximadamente la mitad del -1,6% que se proyecta sin reforma. Esta brecha tiene implicancias directas sobre el pasivo contingente del Estado. Bajo el escenario sin cambios, el pasivo acumulado podría alcanzar el -16,0% del PIB. Con la media sanción, esa carga se reduciría a -7,9% del PIB en el mismo horizonte.
En definitiva, el análisis fiscal y actuarial de la versión con media sanción sugiere que la reforma introduce correcciones sustantivas en la trayectoria del gasto previsional. Aunque no elimina todos los desafíos estructurales, mejora la sostenibilidad del sistema, modera el crecimiento del déficit y reduce la exposición del Estado a riesgos contingentes de gran magnitud.
El debate legislativo continuará, pero las cifras proyectadas muestran que la decisión adoptada marca un punto de inflexión en la gestión de la Caja Fiscal y en la cierta estabilidad de las finanzas públicas paraguayas.
* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.