Los seis sindicatos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se unieron para denunciar ante la Comisión Permanente del Congreso lo que consideran una injerencia de la empresa Tape Porã en los peajes bajo responsabilidad de la institución, con la venia de la ministra Claudia Centurión.
El consorcio está realizando un relevamiento de las instalaciones edilicias y de los sistemas de los 13 puestos de peaje administrados por el MOPC, con miras a su “actualización y modernización”, pese a que no forma parte de su concesión y sin una contratación oficial por parte de la institución.
A través de una nota fechada el 25 de febrero último, los sindicatos solicitaron al Congreso la interpelación de la ministra Centurión por comprometer el patrimonio vial y la transparencia institucional. Señalan que solo mediante este mecanismo la secretaria de Estado se verá obligada a explicar bajo qué marco jurídico permitió la injerencia de un consorcio privado en activos del Estado.
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“Denunciamos la autorización irregular para que la empresa privada Tape Porã realice un ‘relevamiento técnico’ en los 13 puestos de peaje administrados por el Estado. Esta empresa, que ya posee la concesión de la Ruta PY02 ( en la ex ruta 7 entre Caaguazú y Ciudad del Este), está accediendo a datos estratégicos y sistemas informáticos públicos sin una licitación previa, bajo una figura de ‘cooperación’ que carece de sustento legal. Inclusive solicita las nóminas de funcionarios afectados a los puestos de peaje, con sus antigüedades, funciones y salarios, requerimiento que se realiza sin los trámites administrativos correspondientes”, reza la nota.
Denuncian conflixto de intereses de la ministra Centurión
También denunciaron la existencia de un posible conflicto de intereses de la ministra en este caso. “Señalamos con preocupación el vínculo que ha mantenido la ministra con el sector privado beneficiado, habiendo ocupado cargos directivos en empresas vinculadas a los accionistas de Tape Porã antes de su designación, lo que vicia de parcialidad sus decisiones actuales”, expresa el documento.
Por otro lado, lamentaron que mientras el MOPC celebra una recaudación récord en peajes —superior a G. 200.000 millones, con un aumento del 7,3%— las cuadrillas operativas y plantas asfálticas se encuentran paralizadas por falta de insumos básicos, como cemento asfáltico, emulsión y repuestos, lo que —según señalan— obliga a la ciudadanía a realizar bacheos precarios en rutas abandonadas.
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Advierten riesgo de privatización, pero la ministra sigue en silencio
Los sindicatos también manifestaron que existe un riesgo de privatización de los puestos de peaje. “Advertimos que este relevamiento no es una mejora técnica, sino el paso previo para identificar los peajes más rentables y entregarlos a consorcios privados, despojando al Estado de sus ingresos más seguros”, señalaron.
Asimismo, sostienen que permitir que una empresa privada audite los sistemas de recaudación del Estado constituye una vulneración de la soberanía, al implicar la entrega de información sensible que —afirman— debería ser gestionada exclusivamente por funcionarios públicos o empresas contratadas mediante procesos transparentes, lo que supondría un incumplimiento de funciones por parte de la ministra.
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“La administración actual prioriza acuerdos con sectores privados mientras las plantas asfálticas y los distritos viales carecen de recursos para cumplir su misión de mantenimiento de la red vial nacional”, agregan.
Los sindicatos también exigen un informe detallado sobre el destino de los fondos recaudados en los peajes correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, ante la evidente falta de inversión en mantenimiento.
Resulta sospechosa la intervención de Tapé Porã en los peajes con la venia del MOPC, teniendo en cuenta que el plazo de su concesión fue ampliado hasta el año 2053 sin licitación durante el gobierno de Horacio Cartes. Señalan además los vínculos de la ministra Centurión con el grupo empresarial, ya que antes de asumir el cargo trabajó en la firma Jiménez Gaona y Lima, ligada a Conempa, uno de los principales accionistas de Tapé Porã, lo que podría configurar un eventual conflicto de intereses.
Mientras tanto, la ministra Claudia Centurión, se ha negado a brindar explicaciones sobre esta situación pese a las reiteradas solicitudes de entrevista realizadas por este medio.