Mañana, sábado 28 de febrero, vence la novena prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, ligada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.
Esta ampliación fue concedida el 31 de octubre del año pasado, fecha en la que venció la octava adenda. Sin embargo, el gasoil que debía proveer la compañía sigue sin aparecer, pese a que esta última prórroga fue por cuatro meses, otorgándole la posibilidad de entregar el carburante hasta mañana. No obstante, la firma volverá a incumplir.
Hasta ahora el titular de la estatal, sigue sin definir si finalmente rescindirá el contrato o concederá una décima ampliación del plazo, pese a los reiterados incumplimientos. Jara enfrenta hoy serios cuestionamientos a su gestión por graves inconsistencias que detectó la Contraloría a su declaración jurada e incluso la Comisión Permanente del Congreso Nacional aprobó una declaración que insta al Poder Ejecutivo a su destitución ante la “pérdida de confianza y los graves cuestionamientos a su gestión”.
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Desde la Dirección de Comunicaciones de la petrolera pública solo informaron ayer que están analizando qué decisión tomar respecto al contrato con la firma catarí.
Mientras tanto, los directivos de la estatal evitan informar a la ciudadanía sobre la decisión a un día del vencimiento de la última prórroga. El presidente Jara, el gerente general William Wilka, el gerente de Comercio Exterior Ramón Benítez, el director jurídico Carlos Arce y el director comercial Adalberto Acuña no respondieron a este diario.
Contrato por US$ 61 millones lleva un año y medio
Resulta llamativa la benevolencia de Petropar con la cuestionada empresa, cuyo contrato fue rubricado el 30 de septiembre de 2024, pero que, a más de un año y cinco meses, no entregó una sola gota de las 100.000 toneladas métricas de gasoíl comprometidas, por un valor superior a US$ 61 millones.
Jara incluso faltó a la verdad ante el Congreso Nacional y la ciudadanía, ya que a fines de septiembre del año pasado había asegurado ante la Comisión Bicameral del Parlamento que “ya se terminó la paciencia” con la firma catarí y que no otorgarían más prórrogas. Sin embargo, posteriormente le concedió la novena ampliación, evidenciando que la paciencia con la empresa no se agotó.
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Evitan ejecutar la dudosa garantía
En la adenda que autorizó la novena prórroga, que vence mañana, Doha Holding y Petropar acordaron prorrogar la validez de la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta el 31 de mayo de 2026, garantía que la estatal debería ejecutar en caso de rescindir el contrato.
Todo apunta a que los vínculos de la compañía en las altas esferas del Gobierno vienen evitando la ejecución de esta garantía con las prórrogas, equivalente al 5% del valor total del contrato (US$ 3.050.000). La caución nunca fue reclamada, pese a las nueve adendas y los incumplimientos.
Doha Holding presentó como garantía de fiel cumplimiento una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un presunto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB). Sin embargo, no existe garantía bancaria ni póliza real, por lo que el pago dependería de la predisposición de la compañía.
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Los vínculos locales
No se sabe si el jeque árabe viajó al país para la firma de las numerosas adendas, pero lo cierto es que la sede local de la firma catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y colaboradora cercana de Alejandro Domínguez. Documentos a los que accedió este diario revelan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la empresa catarí.
En el portal de Contrataciones Públicas figuran como representantes de la empresa Alejandro Facundo Domínguez Pérez —hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez— y Saad Doukali. Recién tras la firma del contrato con Petropar, Al-Thani fue incorporado como representante.
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La empresa había “ganado” un procedimiento especial de contratación, con publicación posterior de los documentos —que habría sido digitado para favorecerla— con un “precio milagroso” de US$ 610 por tonelada, un valor que ni Brasil consigue en compras masivas y que la propia estatal admitió posteriormente que era imposible de cumplir. Este mecanismo es utilizado por la estatal para eludir controles y requisitos legales. Incluso publicó el pliego de bases y condiciones meses después de la adjudicación, violando la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas.
Las múltiples prórrogas también podrían contravenir dicha normativa, que solo permite modificaciones de hasta un 20% del plazo o del monto, y únicamente por causas imprevistas que no beneficien al proveedor. La empresa debía entregar el carburante entre octubre y noviembre de 2024, pero sigue sin cumplir.