Ayer venció la novena prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez. Sin embargo, los directivos de la estatal siguen sin informar si rescindirán el contrato con la firma incumplidora o si concederán una décima ampliación, lo que implicaría continuar violando la Ley N° 7021 de Contrataciones Públicas.
Todo indica que la petrolera estatal seguiría otorgando más tiempo a la compañía extranjera, pese a que esta no puede cumplir con el precio ofertado de US$ 610 por tonelada métrica, monto que se encuentra muy por debajo de la cotización internacional del gasoíl desde el momento de la adjudicación, hace más de un año y cinco meses.
Para dimensionar la diferencia, el heating oil —plataforma de referencia de Argus— cerró la semana en 261 centavos de dólar por galón (cpg), lo que equivale a unos US$ 689 por metro cúbico de gasoíl, según fuentes del sector de combustibles. En contraste, la oferta de la firma catarí equivale a apenas US$ 512 por metro cúbico, tras la conversión correspondiente.
Esto implica que, de concretarse la entrega en las condiciones actuales, Doha Holding registraría pérdidas millonarias por haber ofertado un precio inviable, según técnicos del sector. Analistas del rubro explicaron que, al precio de US$ 610 por tonelada métrica, la provisión de 100.000 toneladas métricas —equivalentes a unos 124.000 metros cúbicos— generaría una pérdida cercana a US$ 20 millones a la empresa foránea.
Persisten dudas sobre cumplimiento del contrato
En estas condiciones, nuestras fuentes consideran improbable que la empresa cumpla con la entrega, salvo que asuma pérdidas millonarias. No obstante, en Petropar habrían optado por seguir aguardando a la compañía extranjera, aparentemente con la expectativa de una eventual caída de los precios internacionales, como viene ocurriendo desde hace más de un año.
Esta situación desvirtúa el carácter urgente de la adjudicación, considerando que otros oferentes —descalificados en su momento— presentaron propuestas ajustadas a la premura alegada por la estatal. Sin embargo, Petropar otorgó sucesivas prórrogas que terminaron beneficiando a la firma catarí, en detrimento de los demás participantes del procedimiento especial de contratación con publicación posterior de documentos, que desde el principio tuvo cuestionamientos, ya que ni siquiera publicaron el pliego en tiempo y forma como establece la ley (ya lo publicaron meses después de la adjudicación).
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Posible violación de la ley
La Ley de Contrataciones Públicas establece que las modificaciones contractuales solo pueden realizarse ante circunstancias imprevistas y siempre que no impliquen condiciones más ventajosas para el proveedor. Además, el artículo 67 dispone que dichas modificaciones no pueden exceder el 20% del monto y del plazo originalmente pactados, y prohíbe expresamente alterar contratos vencidos o terminados.
Pese a ello, según los analistas, Petropar claramente está otorgando condiciones más favorables a la empresa extranjera y superando ampliamente el límite legal de ampliación de plazos. El contrato establecía que la firma debía entregar la totalidad del carburante entre el 23 de octubre y el 15 de noviembre de 2024, es decir, en un plazo de 23 días.
Sin embargo, desde el 15 de noviembre de 2024 hasta la fecha transcurrieron 470 días sin cumplimiento, lo que representa un retraso superior al 2.000% del plazo original, es decir, más de 20 veces el tiempo inicialmente previsto para la entrega.
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Silencio tras vencimiento de la novena adenda
Petropar viene ampliando la vigencia del contrato, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de diciembre de 2024, sin establecer nuevas fechas concretas de entrega del carburante. Todo apunta a que la estatal concedería una décima adenda, mientras sus autoridades mantienen silencio tras el vencimiento de la última prórroga.
Lo concreto es que con estas prórrogas la estatal está evitando ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que equivale al 5% del valor total del contrato (US$ 3.050.000). Doha Holding presentó como garantía de fiel cumplimiento una simple declaración jurada firmada por el jeque Khalifa Hamad Al-Thani, acompañada de un supuesto “aval” del Qatar International Islamic Bank (QIIB).
Los vínculos de la compañía
La sede local de la firma catarí fue fijada en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, propiedad de Julio Jiménez, dirigente del Club Olimpia y hermano de Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol y colaboradora cercana de Alejandro Domínguez. Documentos a los que accedió ABC Color revelan que el propio Julio Jiménez autorizó la firma de algunas adendas en nombre de la empresa catarí.
En el portal de Contrataciones Públicas figuran como representantes de la firma Alejandro Facundo Domínguez Pérez —hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez— y Saad Doukali. Recién tras la firma del contrato con Petropar fue incorporado Khalifa Hamad Al-Thani como representante. Para la firma de la novena adenda, apareció otro desconocido representante de la firma, que se identificó como Nimr Abdalati, quien no figura en el portal de la DNCP.