Sigue siendo centro de controversias la promulgación de los Decretos N.º 5306 y 5307. La normativa, que busca regular las denominadas “industrias convergentes” y el modelo de “Energía a X“, genera visiones contrapuestas entre el Poder Ejecutivo, que proyecta un polo de desarrollo industrial, y gremios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), así como organizaciones civiles, quienes advierten sobre posibles riesgos financieros y operativos para la estatal.
El titular del MIC, Marco Riquelme, desmintió las versiones sobre contratos de 30 años y aclaró que la normativa permite a la ANDE establecer vínculos contractuales de hasta 15 años, subrayando que la institución estatal mantiene la autonomía para evaluar si esos acuerdos comprometen la soberanía energética del país.
Desde la perspectiva gubernamental, la abundancia de recursos hidroeléctricos no debe ser una limitante, sino una base para atraer al sector privado hacia nuevas fuentes de generación renovable no convencional. Riquelme sostuvo que la soberanía se garantiza mediante la expansión de la infraestructura y la inversión continua, y no mediante la restricción del consumo industrial a gran escala.
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Cuestionamientos
En la otra vereda, la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) y el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) han manifestado un rechazo categórico a las nuevas tarifas establecidas. Los técnicos sostienen que los decretos fijan precios por debajo del costo real de suministro para grandes consumidores transnacionales, lo que podría derivar en un perjuicio patrimonial para la estatal.
Según el gremio de ingenieros, esta situación representa una “usurpación de competencias” y un atropello a la autonomía técnica y tarifaria de la institución, alertando que la implementación de estas disposiciones podría generar responsabilidades administrativas y civiles para las autoridades involucradas.
Durante las audiencias públicas en el Congreso, diversos asesores técnicos señalaron que los decretos podrían vulnerar el Artículo 112 de la Constitución Nacional, el cual establece que la ley debe regular el régimen económico en función de los intereses del Estado. Los gremios advierten que, de no revisarse estas medidas se pone en duda la estabilidad tarifaria para el resto de los usuarios paraguayos y la propia sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.
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ANDE: denuncias ante la CGR
Organizaciones civiles y gremiales presentaron un expediente ante la Contraloría General de la República solicitando una auditoría exhaustiva. Los denunciantes alegan que la ANDE ya enfrentó pérdidas significativas —estimadas, en cientos de millones de dólares— debido a esquemas de subsidios previos a sectores como la criptominería, y proyectan que los nuevos decretos podrían profundizar este déficit en las próximas décadas.
Ante la falta de acuerdo, los sindicatos anunciaron que tomarán medidas legales y gremiales, que incluyen desde acciones de inconstitucionalidad hasta la posibilidad de una huelga general. Mientras el Gobierno insiste en que estas normativas son el camino hacia la modernización industrial y la creación de empleos, los técnicos de la estatal insisten en que cualquier política de incentivo industrial no debe comprometer la salud financiera de la empresa pública más importante del país.