La Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dirigido por Carlos Fernández Valdovinos, se empecine en cumplir el tope del déficit fiscal del 1,5% del PIB para este año, postura que está frenando hasta el pago de deudas de obras financiadas con recursos de organismos multilaterales, cuyos fondos están disponibles.
El presidente del gremio, Paul Sarubbi, explicó a ABC que la deuda total con las constructoras ronda los US$ 360 millones, de los cuales unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas y alrededor de US$ 110 millones a intereses acumulados por la mora.
Según detalló, una parte importante de los certificados pendientes de pago se relacionan con obras financiadas con créditos de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco de Desarrollo (Fonplata), entre otros.
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“Ese dinero de los préstamos está disponible. Paraguay incluso paga tasas por esos fondos. El problema no es la falta de dinero, sino que no se está utilizando por el tema del tope del déficit fiscal”, señaló.
Sarubbi estimó que al menos la mitad de los US$ 250 millones de capital adeudado podría pagarse de inmediato utilizando estos recursos externos, es decir, unos US$ 125 millones.
Sobrecostos y presupuesto insuficiente
El titular de Cavialpa advirtió que la falta de pagos genera sobrecostos adicionales para el Estado, ya que las empresas se ven obligadas a financiarse mediante créditos bancarios o acuerdos con proveedores para continuar con las obras.
“Al no pagarle a las empresas, estas siguen sosteniendo las obras con préstamos de los bancos o con financiamiento de proveedores. Eso genera mayores costos financieros, que después terminan trasladando al Estado mediante reclamos por intereses moratorios”, afirmó.
A la deuda acumulada se suma la preocupación por el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para 2026, que el sector considera insuficiente.
Sarubbi indicó que el plan de gastos prevé unos US$ 570 millones, pero las obras en ejecución podrían demandar entre US$ 700 millones y US$ 850 millones, dependiendo del avance de los proyectos.
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“Ese presupuesto no alcanza para pagar todas las obras que están en ejecución y menos aún para cubrir la deuda acumulada”, alertó.
Factoraje será solo una solución temporal
Como alternativa para aliviar la situación financiera de las empresas, el Gobierno planteó el uso del mecanismo de cesión de crédito o factoraje, mediante el cual las constructoras podrían ceder sus certificados de obra a los bancos de plaza para cobrar los compromisos pendientes.
En ese caso, el banco pagará a la empresa y luego cobraría al Estado en el plazo establecido. Sin embargo, Sarubbi señaló que hasta ahora no se avanzó en la reglamentación de este sistema, pese a que se mencionó la posibilidad de pagar hasta unos US$ 150 millones mediante este mecanismo.
Durante la entrevista, al abordar esta alternativa, se le consultó a Sarubbi si la cesión de deuda no implicaría simplemente postergar el problema, ya que, de concretarse, el Estado igualmente deberá pagar más adelante. En ese sentido, planteó que, si bien las empresas podrán cobrar antes mediante el factoraje, la deuda seguiría existiendo y podría terminar “bicicleteándose” en el tiempo.
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Ante esto, el titular de Cavialpa reconoció que la obligación no desaparece y que el Estado finalmente deberá cancelar el compromiso, ya sea a las constructoras o a las entidades financieras que adquieran los certificados de obra.
“Es una solución transitoria para oxigenar a las empresas, pero la deuda no desaparece. El Estado igual tendrá que pagar, ya sea a la constructora o a la entidad financiera, con los intereses correspondientes”, explicó.
El dirigente insistió en que el mecanismo debe establecer con claridad los montos y los plazos de pago, ya que de lo contrario podría convertirse en una carga financiera mayor para el Estado en el futuro.