El ministro interino de Economía, Juan José Galeano, expuso la estrategia del Gobierno para enfrentar las crecientes deudas con proveedores del Estado, especialmente farmacéuticas y empresas vialeras. La propuesta combina el uso del factoraje —cesión de derechos de cobro— con un ajuste del gasto público.
No obstante, el propio secretario de Estado evidenció falta de precisión en los datos. Mientras inicialmente se hablaba de una deuda de unos US$ 700 millones con farmacéuticas, también se mencionaron cifras cercanas a US$ 1.200 millones. En el caso de las vialeras, se estiman unos US$ 350 millones, incluyendo intereses acumulados.
La disparidad en los números refleja una debilidad clave: el Gobierno aún no tiene completamente dimensionado el tamaño real de su deuda.
Factoraje: solución parcial y diferida
Galeano explicó que el factoraje será uno de los instrumentos para cancelar parte de las obligaciones, aunque no el único. En el caso de Obras Públicas, se prevé un esquema de US$ 150 millones, dividido en pagos de US$ 50 millones por año.
Para el sector farmacéutico, en cambio, el monto a ser incluido en este mecanismo aún está en discusión.
Este esquema implica trasladar el cobro a terceros, lo que podría aliviar temporalmente la presión fiscal, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de liquidez del Estado.
Menor recaudación y ajuste del gasto
El contexto fiscal tampoco ayuda. Según Galeano, el primer bimestre del año registró una retracción en la recaudación, lo que obligó a revisar el plan de caja.
Como respuesta, el Gobierno aplicará una política de “austeridad inteligente”, que en términos concretos implica que los ministerios deberán ejecutar hasta un 10% menos de lo gastado en 2025, dejando de lado incluso el presupuesto aprobado para este año.
La medida evidencia un giro hacia un manejo más restrictivo, aunque también plantea interrogantes sobre el impacto en la prestación de servicios públicos.
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Sectores protegidos, pero con cuestionamientos
El Ministerio asegura que áreas sensibles como salud, educación y seguridad —que concentran cerca del 70% del gasto salarial— no serán afectadas por los recortes.
Sin embargo, durante la entrevista surgieron cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto, especialmente en educación y en la gestión de insumos médicos. Galeano reconoció que existen “espacios de mejora” y destacó intentos recientes de transparentar la compra y uso de medicamentos.
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Amparos y descontrol del gasto
Otro factor que agravó la situación fiscal fue el aumento de los gastos por amparos judiciales. Lo que antes representaba entre US$ 3 millones y US$ 5 millones anuales, se disparó a unos US$ 130 millones en el último año.
Este crecimiento expone fallas estructurales en la planificación presupuestaria y en la respuesta del sistema de salud, que termina trasladando costos extraordinarios al Estado.
Un plan en construcción
El Gobierno apuesta a mejorar la recaudación tributaria —que mostró señales de recuperación desde marzo— para recuperar espacio fiscal. Sin embargo, el propio ministro admitió que el plan aún está en desarrollo y que su implementación será progresiva.
Mientras tanto, proveedores siguen esperando pagos y la economía real resiente los atrasos.