El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Félix Sosa, confirmó que este 2026, la empresa estatal recibió US$ 88 millones de Itaipú Binacional. Sin embargo, este monto no está destinado a nuevas subestaciones ni a mejorar las redes que sufren con cada pico de consumo, sino que es el monto exacto para compensar el aumento de la tarifa de US$ 19,28 por kW/mes que Paraguay negoció con el Brasil en 2024.
Según el desglose oficial, la entidad recibió US$ 73 millones por el ejercicio 2024, US$ 80 millones en 2025 y US$ 88 millones este 2026. Sin embargo, estas cifras —destinadas únicamente a compensar el aumento del costo de la potencia— palidecen al compararse con las multimillonarias inyecciones que la hidroeléctrica realiza en el sistema eléctrico brasileño.
Informes recientes de la margen izquierda de Itaipú revelan que, tras el pago de la deuda histórica, la binacional destinó aproximadamente R$ 5.700 millones (reales) para mitigar impactos tarifarios y contribuir a la moderación de los precios en el Brasil. Al tipo de cambio actual de 5,10 reales por dólar, dicha cifra equivale a unos US$ 1.117 millones, una suma que deja en evidencia la enorme brecha entre los beneficios directos que recibe el consumidor brasileño frente a la limitada capacidad de maniobra de la ANDE.
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Un “pasamanos” para evitar la quiebra
El esquema de transferencias detallado por Sosa confirma que la ANDE no está recibiendo recursos frescos de los gastos sociales para nuevas obras de infraestructura, sino un auxilio contable para no trasladar el aumento del costo de Itaipú al usuario final.
La binacional transfiere el monto total correspondiente a cada año para cubrir la “diferencia tarifaria” generada luego de que el gobierno de Santiago Peña acordara elevar la tarifa de US$ 16,71 a US$ 19,28 por kW/mes.
En la práctica, se trata de un “pasamanos”: Itaipú entrega el dinero y la ANDE lo devuelve casi de inmediato para pagar la factura por la potencia contratada, que para el 2024 fue de 2.369 MW; en el 2025 escaló a 2.605 MW y en 2026, 2.865 MW, abonando US$ 548,3 millones, US$ 602,9 millones y US$ 663,3 millones respectivamente.
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A este complejo escenario se suma que los únicos fondos genuinos para inversión provienen de acuerdos antiguos, como los US$ 40 millones que se saldaron en 2025, que viene de convenios de fortalecimiento para la ANDE firmados en 2021.
Esta asimetría en el uso de los recursos de la binacional reaviva las críticas sobre el destino de los US$ 650,9 millones anuales en concepto de gastos sociales. Mientras en Brasil la prioridad ha sido la moderación tarifaria con una inyección superior a los mil millones de dólares, en Paraguay el rubro energético sigue esperando que la promesa de inversión en infraestructura eléctrica se traduzca en obras tangibles y no solo en parches para el flujo de caja.
Un “pasamanos” que llega a su fin
El esquema financiero confirmado por el titular de la ANDE deja en claro que el dinero que ingresa por una ventanilla sale inmediatamente por la otra. Los US$ 88 millones de este año corresponden a la mayor contratación de potencia por parte de la estatal, que alcanzó los 2.865 MW en este 2026. Es decir, Itaipú le “regala” a la ANDE el dinero que la ANDE le debe pagar a Itaipú por la energía más cara negociada por el gobierno de Santiago Peña.
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A esto se suma que los recursos genuinos para obras de infraestructura están prácticamente agotados. Según Sosa, en 2024 se recibieron US$ 50 millones y en 2025 otros US$ 40 millones, pero ambos montos eran simples saldos de convenios de fortalecimiento firmados en 2021. Para este 2026, la estatal eléctrica ya no cuenta con ese “oxígeno” de administraciones anteriores y depende exclusivamente de la voluntad política del Ejecutivo para recibir parte de los US$ 650,9 millones de los gastos sociales.
Pese a que el presidente Peña anunció en su momento que estos fondos extraordinarios se destinarían a la infraestructura energética, la realidad muestra otra cosa. Los recursos se están yendo en proyectos como patrulleras, hospitales, o en obras viales en el interior, pero dejando al sistema eléctrico nacional en una situación de vulnerabilidad crítica, justo cuando el consumo sigue batiendo récords históricos.
El abismo del 2027
La preocupación en el sector técnico aumenta al considerar que estamos a las puertas del 2027, año en que, según el acuerdo con Brasil, desaparecerán los gastos sociales y los costos discrecionales de la tarifa. Paraguay llegará a esa fecha sin haber aprovechado el “colchón” financiero para blindar su sistema. Si no se firman nuevos convenios de inversión de forma inmediata, la ANDE se habrá quedado sin los beneficios del dinero excedente apartir del acuerdo tarifario.
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En cambio, la ANDE para ejecutar sus proyectos establecidos en su Plan Maestro, recurre a endeudarse más tanto a nivel local, mediante licitaciones por leasing operativo como a nivel internacional, con más créditos. Además, se acaba su ventaja obtenida a través del Acuerdo Operativo, que fenece este año y debe contratar la energía garantizada en base a su necesidad real.
En este escenario, el balance del Gobierno de Santiago Peña en materia energética queda marcado por la falta de transparencia en el uso de los excedentes de Itaipú. Con las transferencias de este 2026 ya comprometidas al pago de potencia, la ANDE inicia la cuenta regresiva hacia la conclusión de la revisión del Anexo C con un sistema eléctrico que sobrevive a base de parches y una soberanía que parece limitarse a los discursos oficiales.