Durante el panel “Energía y construcción en Paraguay, desafíos para la sostenibilidad”, organizado por la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel), el Ing. Guillermo López Flores, consultor especializado en infraestructura eléctrica, reconoció que los planes de expansión física son sólidos, pero desnudó las falencias del marco jurídico local que espantan a los financistas internacionales.
“Somos muy buenos en hardware, en obras, en inversiones, pero somos débiles en el software”, disparó López Flores, quien viene de analizar minuciosamente la ley de energías renovables y su reciente reglamentación. El experto explicó que la normativa actual exhibe baches que golpean directamente a la “bancabilidad”, el factor más crítico en un proyecto de gran envergadura.
“El inversor observa la infraestructura jurídica, económica, financiera y regulatoria, sobre todo. Son inversiones hundidas a 30 años. ‘Hundida’ quiere decir que una vez que yo clavé aquí, compañero, no las puedo llevar a otro lado; tengo que morir con ellas”, graficó.
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Por esta razón, alertó que la permanencia de las instituciones y la estabilidad de las reglas de juego —más allá de los vaivenes políticos y los cambios de gobierno— son exigencias innegociables para los bancos internacionales que deben otorgar los créditos.
El interés real existe: tres grupos estudian el terreno
Pese a los reparos al entorno regulatorio, el potencial paraguayo mantiene encendido el radar de los capitales. El consultor reveló que la flexibilización parcial lograda mediante el decreto reglamentario despertó el interés del mercado, al punto de que ya se encuentra realizando tres consultorías técnicas independientes.
“En este momento tengo tres pedidos de due diligence (diligencia debida). Me piden que haga un análisis global de todas estas cosas: la autoridad, la red, la parte física, los costos", detalló. Según el especialista, estos tres grupos empresariales están interesados en invertir en generación de energía para su posible venta a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
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Sin embargo, aclaró que estos procesos se encuentran en una fase preliminar de “pantallazo general”, en la que los abogados corporativos analizan los riesgos antes de dar el salto definitivo hacia los estudios de factibilidad que conviertan las intenciones en proyectos reales.
Criptomonedas disfrazadas de Inteligencia Artificial
Uno de los puntos más críticos de la exposición de López Flores fue su alerta ante la proliferación de solicitudes para instalar centros de datos (data centers). Detalló que existen “dos o tres” interesados en el rubro de la Inteligencia Artificial, pero exigió al Gobierno que aplique una lupa rigurosa a las tarifas eléctricas para estos sectores, advirtiendo que se atraen actividades de nulo valor agregado.
El experto fue tajante al señalar que hay dos tipos de data centers y que el Poder Ejecutivo comete un grave error al no diferenciarlos en los últimos decretos tarifarios. Por un lado, están los de servicios corporativos (bancos, universidades, gobierno), que traen la modernidad tecnológica. Por el otro, aparecen los data centers generativos de gran escala (high scale), que consumen desde 100 hasta 300 megavatios.
“El otro es exactamente equivalente a la criptominería; no pueden tener la misma tarifa”, dijo y añadió que en el extranjero ya se les exige que vengan con su propia infraestructura de generación eléctrica integrada.
El empleo real frente al consumo parásito
Para evidenciar el impacto económico real en el país, el consultor comparó el retorno y el “derrame” interno de los proyectos basados en la industria PTX (Power-to-X, energía para cualquier fin) frente al esquema extractivo de los centros de datos masivos o las criptomineras.
“El tipo (de inversión de) Omega Green, el derrame que hará adentro del país no tiene par. Compra bienes, emplea mucha gente, hace derrame", explicó el consultor.
Finalmente, el especialista insistió en que el Estado paraguayo debe reaccionar de forma estratégica: aplicar de manera urgente un límite estricto a la potencia otorgada a estos centros de consumo masivo que no generan empleo y fijarles una tarifa remunerativa que verdaderamente compense el uso de la energía paraguaya, protegiendo los recursos estratégicos para industrias que generen desarrollo e infraestructura a largo plazo.