El sector de la construcción continúa enfrentando una severa crisis financiera pese a las promesas de pagos por parte del Gobierno. Datos correspondientes al primer cuatrimestre de 2026 revelan que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Claudia Centurión, ejecutó apenas la mitad de los compromisos certificados por las empresas contratistas.
Según informaron las contratistas a este diario, entre enero y abril, las constructoras presentaron facturas por aproximadamente G. 2.668.089 millones en concepto de avance de obras (US$ 422 millones al tipo de cambio actual). Sin embargo, las obligaciones procesadas por la cartera estatal e imputadas al Nivel 500 (inversión física) alcanzaron solamente G. 1.341.825 millones (US$ 218 millones).
La diferencia representa una ejecución de apenas el 50% de las obligaciones certificadas durante el periodo analizado. Como resultado, quedó un saldo pendiente que equivale a aproximadamente US$ 199,6 millones.
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Enero concentró el mayor descalce
Según el desglose de los datos, el principal problema se originó en enero, cuando las empresas ingresaron facturas por G. 1,53 billones (US$ 248 millones), en gran medida correspondientes a certificados acumulados del cierre del ejercicio anterior.
Ese mes, el MOPC ejecutó apenas G. 254.682 millones (US$ 41 millones), generando un descalce equivalente a unos US$ 191,3 millones.
“En enero se volvió a facturar la deuda acumulada. Es el arrastre de compromisos viejos que no pudieron pagarse el año pasado”, explicaron representantes de los gremios de la construcción.
Desde febrero, no lograron reducir los pasivos
A partir de febrero, el ritmo de ejecución se acercó al volumen de nuevas certificaciones, aunque sin lograr reducir significativamente el pasivo heredado.
En febrero se facturaron G. 283.234 millones y se ejecutaron G. 275.513 millones, dejando una diferencia cercana a US$ 1,2 millones.
En marzo, las certificaciones alcanzaron G. 290.460 millones frente a una ejecución de G. 262.836 millones, mientras que en abril se registraron facturas por G. 565.493 millones y una ejecución de G. 548.792 millones.
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Alertan sobre impacto en la economía y el empleo
Los gremios del sector advierten que el retraso en los pagos afecta directamente la continuidad de las obras públicas y obliga a las empresas a financiar sus operaciones mediante créditos bancarios cada vez más costosos.
Añaden que la situación pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos y frena el efecto multiplicador que tienen las inversiones en infraestructura sobre la economía.
Por ello, reclaman que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilite mecanismos de financiamiento que permitan cancelar los casi US$ 200 millones pendientes (solamente capital, sin contar con intereses) y evitar una mayor desaceleración de los proyectos en ejecución.
Rechazan mecanismo de cesión de derechos de cobro
Aunque durante mayo se procesaron nuevas obligaciones, los pagos efectivos aún no se concretaron. En ese contexto, los gremios cuestionaron la Resolución Nº 296 del MEF, que reglamenta el régimen de cesión de derechos de cobro previsto en la Ley de Presupuesto.
Este mecanismo permite que una empresa transfiera a un banco o entidad financiera el derecho a cobrar una deuda del Estado, a cambio de recibir liquidez inmediata.
Desde la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) sostienen que la medida traslada al sector privado el costo financiero de los retrasos estatales. Además, afirman que obliga a las empresas a resignar intereses moratorios reconocidos tanto en los contratos como en la legislación vigente para poder acceder al cobro.
Desde la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) expresaron también que la solución propuesta por el Gobierno es totalmente “inviable”.
Diputados sigue sin tratar pago de intereses de US$ 120 millones
La Cámara de Diputados tampoco trató esta semana el proyecto de ley que autoriza el pago de intereses por certificados de obras y la emisión de títulos de deuda pública, debido a la falta de quórum.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca habilitar al MOPC a reconocer y pagar intereses moratorios generados por certificados de obras, consultorías y provisiones cancelados fuera de plazo.
Según Capaco, los intereses acumulados por estos retrasos ya superan los US$ 120 millones. El proyecto establece un tope de hasta 9,9% anual para dichos intereses y dispone que quienes se adhieran al régimen renuncien a futuras reclamaciones por recargos u otros conceptos vinculados a las mismas obligaciones.