La Resolución Nº 49/2026 de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) está en el centro de análisis del empresariado paraguayo.
El Gobierno de Santiago Peña, a través de la DNIT, avanza en la implementación de medidas que afectan las utilidades en reserva de las empresas. Por un lado, se encuentra la Resolución N.º 49/2026, ya vigente, y por otro, se anunció la posibilidad de impulsar un proyecto de ley que modificaría la forma en que las empresas administran sus reservas.
Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), y Luis Tavella, titular de la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), dieron a conocer su postura sobre el alcance de las nuevas disposiciones, en conversación con ABC Color.
CIP y Fedemipymes apoyan transparencia
Sobre la resolución 49, Dumot señaló que esta se encuentra dentro de las atribuciones de la DNIT. “Entendemos que es una resolución correcta. Contiene ciertas mejoras que pueden que hemos expuesto a la institución como la incluir el detalle del uso que se les da a las reservas o para qué fin se constituyen las reservas. Es una información, en algunos casos, privada y que puede requerir un tratamiento de confidencialidad”, afirmó.
Por su parte, Tavella coincidió con Dumot al sostener que la resolución establece mecanismos para conocer con mayor detalle las reservas empresariales.
No obstante, consideró que el control surge en un contexto en el que el Estado busca incrementar la recaudación ante la actual situación fiscal. “Creo que la intervención de la DNIT se da ante el potencial de recaudación visualizado en las reservas no capitalizadas”, expresó.
Para el sector importador, no es incorrecto ni inapropiado que la DNIT solicite más documentos a las empresas, ya que existen casos en los que algunas compañías realizan una utilización indebida de las disposiciones previstas en la ley.
Para el sector de las mipymes, la resolución contribuirá a una mayor transparencia en la administración de las reservas.
Rechazo a una eventual ley sobre reservas
Ambos sectores, sin embargo, advirtieron que una ley que limite la capacidad de las empresas para decidir sobre esos recursos generados a través de las utilidades representaría una grave intervención estatal en decisiones que corresponden a los accionistas.
Dumot reiteró que toda medida orientada a fortalecer la transparencia y facilitar el trabajo de control de la DNIT resulta positiva para mejorar el cumplimiento de la normativa vigente.
“Lo que la regulación busca es una mayor claridad desde la perspectiva de la DNIT de cómo se constituyen las reservas, si están claramente extructuradas: si están formalizadas como debe ser, si tienen los respaldos patrimoniales correctos y si no hubo una distribución de utilidades encubierta, lo cual estaría penalizado si así fuese el caso”, refirió.
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Podrían haber sanciones o multas
Dumot explicó que, incluso, una revisión más profunda podría derivar en recomendaciones para que algunas empresas fortalezcan su capitalización. “Eso no sería un efecto tributario, pero sí sería un efecto de mejor estructura patrimonial que la DNIT podría terminar sugiriendo”, resaltó.
Asimismo, indicó que mientras no exista un uso indebido de las reservas para ocultar dividendos distribuidos, la DNIT no cuenta con potestades para aplicar sanciones o multas. “Creemos que la regulación vigente ya brinda a la DNIT herramientas suficientes para tener una mejor visibilidad sobre el tratamiento de las reservas. Hasta ahí debería llegar la influencia del Gobierno en esta materia”, afirmó.
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Dudas sobre obligación tributaria y eventual legislación
Sin embargo, el empresario cuestionó la posibilidad de establecer un plazo límite para mantener reservas sin distribuir y que, una vez vencido, se genere una obligación tributaria. “Eso condicionaría la decisión estratégica y patrimonial de las empresas a una situación fiscal, y ese no es el espíritu de la ley”, sostuvo.
Según Dumot, el impuesto a la distribución de utilidades debe abonarse únicamente cuando estas se distribuyan efectivamente. “El pago debe realizarse independientemente de que la empresa tenga la potestad de guardar eso y no distribuirlo por uno, dos, cinco años o lo que le parezca más prudente”, señaló.
Respecto a una eventual legislación que grave las reservas empresariales, expresó una posición claramente contraria, aunque reconoció que, según las explicaciones recibidas por parte de la DNIT, actualmente no existe un proyecto de ley en discusión en el Congreso para aplicar nuevos impuestos sobre estos recursos.