Citando a Luis María Argaña, el presidente Santiago Peña señaló que “la redención política no tiene relevancia si no se emancipa al hombre de la miseria” y agregó que recordando a “un gran patriota” toman “acciones firmes para transformar la vida de la gente”.
Con esas declaraciones, anunció que ya fue enviado al Congreso el nuevo proyecto de ley vinculado a los programas sociales, denominado “Ley de Transferencias Monetarias para la Inclusión Social y Reducción de la Pobreza”.
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El mandatario señaló que “tras 20 años de vigencia” van a actualizar al ley para otorgar mayor efectividad a los programas sociales.
Un registro unificado de beneficiarios de programas sociales
Sin dar muchos detalles, Peña agregó que con el “Registro Social de Hogares” van a lograr una mejor focalización de las poblaciones en situación de pobreza. Afirmó que se va a priorizar a las comunidades indígenas y personas con discapacidad a través de programas como Tekoporã.
“Seguiremos impulsando este tipo de acciones para que ningún paraguayo quede sin recibir ayuda”, prometió Peña.
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En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo anunció a través del Ministerio de Desarrollo Social la creación del Registro Social de Hogares, una base de datos que busca evitar “superposiciones” en el uso de los recursos públicos.
Según el proyecto compartido por el Ejecutivo, el MDS tendrá con esta ley la potestad de determinar quién es elegible para recibir un subsidio y quién queda fuera del sistema.
Centralización y superpoderes para Tadeo Rojas
El documento, firmado por el presidente de la República y el ministro de Desarrollo Social, Miguel Tadeo Rojas, apunta a la derogación total de la Ley N° 4087/2011, que actualmente regula los subsidios estatales como el programa Tekoporã.
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La argumentación oficial sostiene que, a pesar de las dos décadas de implementación de estos esquemas de asistencia, el ritmo de disminución de la pobreza en Paraguay comenzó a desacelerarse de manera significativa a partir de 2013, manteniéndose prácticamente estancado. Según el Ejecutivo, esto se debe a que las intervenciones estatales se realizan de forma aislada, fragmentada y duplicando prestaciones.
Sin embargo, detrás del discurso de la “eficiencia y modernización”, el articulado de la propuesta revela una profunda centralización de facultades y el otorgamiento de un poder de veto absoluto al Ministerio de Desarrollo Social (MDS). La ley vigente permite que las instituciones implementen sus propios porgramas sin aprobación de dicha institución.
La normativa estipula de forma taxativa que ningún organismo o entidad del Estado podrá aprobar planes, programas o intervenciones que impliquen transferencias monetarias condicionadas sin el “parecer previo” obligatorio del MDS.
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Asimismo, el proyecto extirpa el peso político y operativo que la ley vigente de 2011 otorgaba a las Municipalidades y Juntas Municipales para la convocatoria y selección local de beneficiarios. Toda la estructura de gobernanza se traslada al Ejecutivo.
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