Este jueves, durante una entrevista en el programa Mesa con EVP, el economista Jorge Garicoche criticó la decisión del presidente Santiago Peña de reajustar en 5% el salario mínimo, un porcentaje que duplica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado históricamente como referencia para este tipo de ajustes.
Según el analista, el debate no pasa únicamente por determinar si el incremento es alto o bajo, sino por las consecuencias institucionales que genera modificar una regla que, durante años, sirvió de guía para trabajadores y empleadores.
“¿Para qué existen las normativas? ¿Cuál es el rol de la Conasan?”, cuestionó Garicoche al señalar que el Código Laboral establece que el reajuste debe basarse en la variación del IPC.
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Cuestionan el rol de la Conasan
El economista sostuvo que la Comisión Nacional de Salario Mínimo (Conasan) quedó reducida a una instancia meramente formal, debido a que la discusión terminó alejándose del criterio que históricamente orientó los aumentos salariales.
A su criterio, más allá de que la legislación otorgue al presidente la potestad de definir el porcentaje final, existía una práctica institucionalizada que vinculaba directamente el reajuste con la inflación.
“La discusión nunca estuvo en el 5%. Un sector planteaba aumentos mucho mayores y el otro se aferraba al IPC como referencia”, explicó.
Garicoche señaló que numerosas empresas elaboran sus presupuestos anuales tomando como base reglas previsibles y que cambios inesperados obligan a realizar ajustes sobre la marcha.
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“Se abre una discrecionalidad”
Uno de los principales cuestionamientos del economista apunta al precedente que deja la medida para los próximos años.
Advirtió que, una vez abandonada la referencia exclusiva del IPC, se abre la puerta a que futuros gobiernos definan aumentos salariales con criterios políticos o coyunturales.
“Hoy es 5%, pero la pregunta es cuánto será el próximo año o en el siguiente gobierno”, expresó.
Para Garicoche, la institucionalidad no se limita a lo que establecen las leyes, sino también a los hábitos y acuerdos que permiten a los actores económicos proyectar inversiones, costos y presupuestos con cierto grado de certeza.
En ese sentido, sostuvo que la incertidumbre ya no afecta únicamente al segundo semestre de este año, sino también a las proyecciones empresariales para 2027, 2028 e incluso más adelante.
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Impacto limitado sobre los trabajadores
El analista también relativizó el alcance de la medida sobre el conjunto de la fuerza laboral paraguaya.
Indicó que alrededor de cuatro de cada diez trabajadores perciben ingresos inferiores al salario mínimo y, por lo tanto, no serán alcanzados directamente por el reajuste.
Añadió que cerca del 20% de los trabajadores cobra el salario mínimo, aunque una parte importante de ese grupo se encuentra en la informalidad y no accede plenamente a los beneficios laborales establecidos por ley.
“Finalmente, el grupo objetivo de esta medida representa aproximadamente el 10% de la población trabajadora”, afirmó.
Según su análisis, esto genera una paradoja: la decisión provocó cuestionamientos tanto del sector empresarial como de los sindicatos, mientras que su efecto directo alcanza a una porción relativamente reducida del mercado laboral.
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El riesgo de aumentar la informalidad
Garicoche también vinculó la discusión con la estructura productiva del país. Señaló que Paraguay no puede compararse con economías desarrolladas que poseen altos niveles de productividad y salarios elevados.
Mencionó casos como Alemania o Singapur para explicar que los aumentos sostenidos de salarios mínimos son viables en contextos donde la productividad acompaña el crecimiento de los ingresos.
A su entender, Paraguay se encuentra en un grupo de países donde incrementos salariales por encima de la capacidad productiva pueden terminar incentivando una mayor informalidad laboral.
Por ello, insistió en que el debate de fondo debería centrarse en cómo mejorar la productividad y ampliar el empleo formal, más que en discusiones anuales sobre el porcentaje de ajuste.
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Preocupación por las reglas futuras
El economista recordó que años atrás el reajuste salarial se activaba cuando la inflación acumulada alcanzaba el 10%, mecanismo que posteriormente fue sustituido por revisiones anuales basadas en el IPC.
Aunque admitió que ese sistema no era perfecto, consideró que ofrecía una referencia clara para todos los sectores.
“La pregunta ahora es cómo se discutirá el salario mínimo de aquí en adelante”, planteó.
Para Garicoche, el principal costo de la decisión no radica necesariamente en el monto del aumento, sino en la incertidumbre que genera respecto a las reglas que regirán las futuras negociaciones salariales y la planificación económica de las empresas.