En su tercer informe anual de gestión ante el Congreso, el presidente Peña centró su discurso en los avances económicos y sociales, pero evitó abordar uno de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno: el deterioro de las cuentas fiscales y las crecientes dudas sobre el cumplimiento de la meta de déficit establecida en la LRF, que en declaraciones del ex ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos se configuraba una “economía de guerra”.
Sin embargo, durante su mensaje ante el Congreso, el mandatario no hizo referencia a la evolución del déficit fiscal ni a los desafíos que persisten para cumplir con esa convergencia.
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Cuestionamientos sobre el saldo fiscal
Otro de los aspectos ausentes en el informe presidencial fue el debate instalado desde distintos sectores económicos respecto a si el déficit reportado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) refleja completamente la situación financiera del Estado.
Economistas, organismos internacionales y diversos análisis vienen advirtiendo que el resultado fiscal oficial no incorpora plenamente el impacto de las obligaciones pendientes con proveedores, constructoras y empresas farmacéuticas, compromisos que continúan trasladándose entre ejercicios presupuestarios y ejercen presión sobre las finanzas públicas.
En esa línea cabe recordar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió días atrás un informe con varias recomendaciones al Gobierno de Peña sobre las finanzas públicas, la transparencia, reforzar controles del gasto. Así también el organismo anticipó que en la condición actual el déficit no llegará al nivel previsto en el plan de convergencia y que habría en proceso un plan para extender el plazo al 2028.
Más de US$ 1.300 millones pendientes con proveedores
El presidente hizo referencia al atraso con las proveedoras, y en ese sentido detalló que se avanzó en un plan para la regularización de compromisos financieros acumulados principalmente con los sectores salud e infraestructura.
Actualmente, las deudas acumuladas con proveedoras del Estado, empresas farmacéuticas, constructoras viales y proveedoras de alimentos superan los US$ 1.300 millones, según datos oficiales. Para analistas fiscales, este volumen de obligaciones pendientes evidencia las dificultades que enfrenta el Gobierno para alcanzar efectivamente la meta del déficit de 1,5% del PIB.
Desafíos fiscales quedaron fuera del discurso
Entre los principales temas que no fueron desarrollados por el mandatario durante su informe figuran: el crecimiento del gasto rígido del Estado; el aumento del endeudamiento para financiar obligaciones corrientes; la necesidad de transparentar plenamente los pasivos acumulados del sector público.
Estos puntos forman parte de los cuestionamientos recurrentes realizados por economistas y especialistas en política fiscal sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por el contrario, el presidente mencionó que en 2025 se consolidó la eficiencia en el uso de los ingresos tributarios, por la reducción del peso del gasto salarial que se ubicó en 56,6% al cierre del año. También habló de un fortalecimiento de la recaudación, que registró un crecimiento del 8,6% respecto a 2024, aunque este año, las recaudaciones se vieron afectadas por la baja del dólar.
En su discurso, Peña no mencionó las polémicas declaraciones del ex ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos de que el país enfrentaba una “economía de guerra” a causa del bajón de las recaudaciones (por un fallido cálculo en proyecciones del tipo de cambio en el PGN) y las deudas impagas acumuladas.
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Reforma de la Caja Fiscal
Entre los logros el mandatario también se refirió a la reciente ley sancionada de la reforma de la polémica caja fiscal que sigue acumulando un millonario déficit. Esta ley mencionada por Peña, que lejos de una reforma, expertos coinciden en que apenas fue un parche ya que impacto en el déficit será de solo del 50% de lo que se tenía previsto con el proyecto inicial, situación que solo tira el problema para adelante y que requerirá en unos años más, una nueva reforma.