El dirigente social y abogado Vidal Cáceres sostuvo que se trata de un reclamo histórico de la ciudadanía, que desde hace décadas sufre las consecuencias de las crecidas cíclicas del río Paraná.
El abogado señaló que el anuncio de un evento climático de gran magnitud reaviva la necesidad de ejecutar el proyecto de defensa costera para proteger a las familias asentadas en las zonas ribereñas bajas del distrito, donde las inundaciones generan importantes pérdidas materiales y obligan, en muchos casos, a abandonar sus viviendas.
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Asimismo, recordó que en su momento las autoridades asumieron el compromiso de impulsar la construcción de la obra. En ese contexto, mencionó que el Congreso Nacional sancionó la Ley N.º 5.654, promulgada el 24 de agosto de 2016, por la cual se declaró de utilidad pública y se expropiaron aproximadamente 48 hectáreas a favor de la Municipalidad de Ayolas. Las fracciones de inmuebles comprenden los barrios San Antonio, San José Mí, San Rafael y Santa Rosa de Lima, y fueron destinadas a la construcción de la defensa costera del distrito ayolense.
La normativa
Cáceres explicó que la normativa también establece la indemnización a las personas afectadas por la franja de expropiación. Sin embargo, afirmó que ese compromiso nunca se concretó y que tampoco hubo avances en la ejecución del proyecto debido a la falta de seguimiento por parte de las autoridades.
“Ahora se habla del fenómeno de El Niño y nuevamente de la posibilidad de nuevas crecidas, que generalmente se producen en la zona de Matto Grosso (Brasil), lo que obliga a Itaipú a levantar sus compuertas para liberar millones de metros cúbicos de agua que llegan a la represa Yacyretá, que también se ve obligada a abrir sus compuertas”, indicó el dirigente.
Crecidas y acciones
Añadió que las crecidas obligan frecuentemente a numerosas familias a abandonar sus viviendas para refugiarse en campamentos temporales, situación que ocasiona cuantiosos daños materiales y la pérdida de animales domésticos.
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Asimismo, instó a las autoridades distritales, departamentales, a los diputados Carlos Arrechea (ANR – HC), Arnaldo Valdez (PLRA – Nuevo Liberalismo) y al Gobierno Nacional a priorizar el avance del proyecto, que, según afirmó, cuenta con un importante grado de desarrollo administrativo y podría evitar que las familias asentadas en zonas de riesgo continúen sufriendo los efectos de los desbordes del río Paraná.