La duplicación de la ruta PY02, presentada como una de las principales apuestas para modernizar la infraestructura vial del país, está generando millonarias deudas al Estado paraguayo, debido a que el peaje no cubre ni la mitad de los montos comprometidos.
El Consorcio Rutas del Este, integrado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, representado por Juan Carlos Pettengill, tiene a su cargo la concesión de esta carretera, en el tramo entre Ypacaraí y Caaguazú (km 187), por 30 años, bajo el régimen de Alianza Público-Privada (APP).
El esquema establece que la concesionaria reciba pagos por la inversión realizada, por la disponibilidad de la infraestructura (mantenimiento) y por el volumen de tránsito. Para cumplir con estas obligaciones, el modelo combina los ingresos generados por los peajes (FF30) con recursos del crédito público (FF20).
Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en 2025 el Estado destinó más de US$ 90 millones a los distintos pagos previstos en el contrato. De ese monto, el 20% provino de la recaudación de los peajes administrados por la concesionaria, mientras que el 80% correspondió a recursos del crédito público, específicamente bonos.
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Esta situación evidencia que, al menos durante la etapa actual del contrato, la recaudación de los puestos de peaje no resulta suficiente para cubrir la mayor parte de las obligaciones asumidas con la concesionaria.
Bonos para cubrir la obligación
Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, explicó que los pagos responden a las condiciones establecidas en el contrato de APP y que la inversión realizada por la empresa para la duplicación de la ruta PY02 fue superior a US$ 500 millones, a lo que se suman los costos de mantenimiento.
“El retorno a estas inversiones se realiza una parte con el flujo que proviene de los peajes que son gestionados por el concesionario, y otra parte con recursos del crédito público, específicamente bonos, que es incorporado cada año en el PGN”, señaló.
Según la funcionaria, en 2025 los pagos alcanzaron aproximadamente US$ 90 millones, con una participación de 20% de los peajes y 80% de los bonos. Estos recursos son presupuestados anualmente en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los datos publicados anteriormente por ABC permiten dimensionar el esquema. Durante 2025, Rutas del Este recibió G. 132.689 millones y US$ 70,8 millones, correspondientes al Pago Diferido de Inversión (PDI), al Pago por Disponibilidad (PPD) y al Pago Variable Vinculado al Tráfico (PVT). Convertidos a una misma moneda, los desembolsos representaron aproximadamente US$ 92,9 millones en un solo año.
El PDI, que corresponde a la recuperación diferida de la inversión de la concesionaria, representó US$ 54,434 millones en 2025. Por el PPD se pagaron G. 105.304 millones y US$ 16,4 millones, mientras que el PVT insumió otros G. 27.385 millones.
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Peajes no alcanzan, pese a elevada tarifa que pagan los usuarios
El financiamiento se canaliza mediante un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). Allí ingresan los recursos provenientes de los peajes así como los aportes estatales destinados a cumplir las obligaciones del contrato.
En 2025, el FF30, alimentado con la recaudación de los peajes de Ypacaraí y Nueva Londres, financió los G. 132.689 millones correspondientes a los pagos en guaraníes del PPD y PVT.
En tanto, del FF20 (crédito público), constituido con recursos aportados por el MOPC al Fondo Fiduciario de Garantía y Liquidez para Contratos APP, salieron los US$ 70,8 millones correspondientes al PDI y al PPD en dólares.
El resultado fue que 80,24% del total de los pagos de 2025 provino del FF20 y apenas 19,76% del FF30, lo que significa que la mayor parte de los recursos utilizados para honrar las obligaciones de la APP no provino de los peajes, pese a que los usuarios de la ruta pagan una tarifa elevada.
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¿Hasta cuándo se necesitarán bonos?
La dependencia del crédito público no desaparecerá en el corto plazo. Según explicó Calmejane, una parte importante de las obligaciones actuales corresponde al Pago Diferido por Inversión (PDI), cuyo cronograma contractual se extiende hasta 2037.
“Una vez finalizado el PDI, se prevé que los ingresos provenientes de los peajes sean suficientes para cubrir íntegramente las obligaciones contractuales remanentes”, indicó.
De cumplirse esas proyecciones, después de 2037 disminuiría la necesidad de recurrir al FF20 para este contrato. Hasta entonces, sin embargo, el Estado deberá seguir contemplando recursos de crédito público para cubrir una parte importante de los compromisos.
Una obligación de US$ 1.700 millones
Según las condiciones económicas previstas para la concesión, Rutas del Este percibiría alrededor de US$ 1.700 millones durante los 30 años del contrato, sin considerar eventuales montos adicionales derivados de modificaciones contractuales.
Solo el PDI representa aproximadamente US$ 816 millones, mediante pagos de unos US$ 27,2 millones cada semestre durante 15 años.
El PPD, por su parte, establece un desembolso anual estimado de G. 145.292 millones, IVA incluido, durante los 30 años. El monto acumulado alcanzaría unos G. 4,3 billones, equivalentes aproximadamente a US$ 747 millones según las estimaciones del contrato.
A esto se suma el PVT, que podría representar unos US$ 134 millones adicionales durante las tres décadas de concesión, dependiendo del comportamiento del tránsito.
La APP de la PY02, adjudicada como la primera gran experiencia de este tipo en infraestructura vial del país, dejó así un compromiso financiero que se proyecta por décadas. El modelo permite recuperar la inversión privada mediante un esquema de pagos garantizados, pero en su etapa actual la mayor parte de esos recursos no proviene de los peajes, sino del crédito público.