La Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió este martes un fuerte comunicado a la opinión pública fijando postura sobre el escenario que atraviesa Ueno Bank.

El gremio empresarial enfatizó la urgencia de actuar con estricto apego a la ley, esclarecer los hechos y evitar que este episodio devenga en una crisis sistémica que desestimule el crédito o frene el crecimiento económico del Paraguay, recordando el traumático antecedente bancario de la década de 1990.

Si bien el gremio reconoció el profesionalismo de los funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) que ayudaron a destapar las presuntas irregularidades, exigió de forma contundente la renovación de las autoridades superiores de la banca matriz para investigar posibles omisiones, negligencias o complicidades en el control de la entidad intervenida.

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Caso Ueno: las 7 medidas indispensables que plantea la UIP

Para salvaguardar la confianza en el sistema financiero y la estabilidad de las empresas, la UIP planteó siete medidas indispensables:

1. Transparencia en la supervisión: Que la Superintendencia de Bancos detalle todas las infracciones cometidas y las posibles fallas en los controles.
2. Protección a los ahorristas: Establecer cronogramas y mecanismos precisos para la devolución de depósitos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.
3. Continuidad de la cadena de pagos: Definir vías previsibles para atender las obligaciones con proveedores, trabajadores y acreedores, impidiendo que el impacto se traslade al sector productivo.
4. Investigación de créditos vinculados: Analizar minuciosamente las operaciones entre Ueno Bank, sus accionistas y firmas asociadas para determinar si existieron tratos de favor o ilegalidades.
5. Acción del Ministerio Público: Impulsar una investigación penal que derive en sanciones para quienes hayan cometido delitos.
6. Responsabilidad y renovación en el BCP: Renovar a la cúpula directiva del Banco Central y garantizar reglas equitativas para todas las entidades del mercado.
7. Resolución y liquidación transparente: Que los procesos de administración de activos o eventual liquidación releguen a los accionistas a la última posición legal de cobro.

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“El Paraguay necesita instituciones fuertes, seguridad jurídica y un sistema financiero confiable. Que se investiguen las irregularidades y se determinen las responsabilidades, pero que sus consecuencias no terminen perjudicando a los trabajadores, los ahorristas y el crecimiento económico del país”, concluyó el pronunciamiento gremial.