Juan Manuel Gustale Cardoni (41) ocupaba la presidencia de Ueno Bank al momento de los hechos y según su defensor, él no tenía conocimiento de los movimientos que se hacían para las empresas vinculadas. “La cuestión tiene varias aristas. No todos los directores participaban del comité de crédito. No es el directorio el que decide tal o cual beneficiario, sino que la elegibilidad la hace el departamento de riesgo y el área comercial, quienes lo hacen llegar al directorio para la aprobación final basándose en criterios técnicos”, comenzó diciendo Fernández Zacur.
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Puso como ejemplo a Alejandro Gómez Abente, otro de los detenidos, quien integraba el directorio pero no participaba del comité de créditos. “En junio, Gustale, Duarte Schussmuller y Gómez Abente se enteraron del carácter vinculado de estas empresas prestatarias y dejaron constancia de eso en un acta que anoche me autorizaron a compartir. A partir de ese momento, en el cual renuncian dos directores justamente por el reclamo con relación a esta vinculación de empresas, mis clientes comienzan a trabajar de cerca con la Superintendencia de Bancos para tratar de ajustar esta cuestión dentro del ámbito regulatorio”, expuso el representante jurídico.
Fernández Zacur detalló que varios de esos préstamos se autorizaron por un monto, pero los que finalmente recibieron estas empresas fueron radicalmente superiores. “Ellos tampoco saben cómo ocurrió esto, si fue a través de aumentos de línea otorgados por otro circuito de ejecutivos o si fueron sobregiros. La investigación de la Fiscalía nos va a servir para determinar eso”, alegó.
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“Me cierra lo que me cuenta”
Consultado acerca de incoherencias que pudiera presentar la versión de su cliente. “Mi obligación como abogado es creerle a mi cliente, si no, debería renunciar a la defensa. Lo cierto es que mis clientes niegan haber conocido el origen medular de la cuestión, que es la vinculación de estas empresas con el banco”, refrendó.
“Yo no estuve ahí, no puedo decir qué pasó exactamente, pero mi obligación profesional es creerle y me cierra lo que me dice. Te puedo hablar de imprudencia o negligencia, pero en más de 20 años de profesión nunca vi tantas muestras de afecto con relación a un cliente como con Juanchi (Gustale). Hasta el momento, me cierra lo que me cuenta”, indicó el abogado.
Pero la ley de bancos establece entre las causales de responsabilidad del Directorio de cualquier entidad bancaria que sus miembros son especialmente responsables por, entre otras cosas, aprobar operaciones y acuerdos ilegales, así como autorizar actos o decisiones que infrinjan las disposiciones de la Ley N° 861/96 y otras normas aplicables al sistema financiero.
Sobre esto, Fernández Zacur insistió en que se trata de “la responsabilidad objetiva del director en materia civil, administrativa y bancaria y probablemente terminen condenados en el sumario del Banco Central y tal vez haya responsabilidad civil. Yo hablo de responsabilidad penal, y en materia penal es radicalmente diferente. en el ámbito penal el derecho penal se rige con cánones distintos. No importa lo que debía conocer, sino lo que realmente conocía”, defendió.
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Aseguró que todos todos los hechos punibles que se les endilgan a sus clientes (Gustale y Duarte Schussmuller) son dolosos y no admiten el castigo culposo. “Son tipos de responsabilidad distinta. A mí me toca defenderlos en lo que hace a la veta penal. El dolo será probablemente el principal tema de discusión en este proceso”, analizó.
En junio ya avisaron
El abogado reinsistió en que ya en junio, cuando llegó la primera notificación del BCP advirtiendo que las empresas vinculadas ponen al banco por encima de los ratios regulatorios, sus defendidos plantean la situación ante el directorio y las personas responsables les dicen que no pasa nada. “Les dijeron que deliraba el BCP”, afirmó
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A los dos meses llega una segunda nota con otra advertencia sobre las empresas vinculadas y la exigencia de corregir los ratios. “En ese momento, estas personas explicaron lo que pasaba. Ante esto, mis clientes optan por labrar un acta con firma digital, la cual deja rastro de la fecha exacta, dejando constancia de su desconocimiento de esta vinculación antes de que salte públicamente”, subrayó.
Destacó que desde un principio, sus defendidos se pusieron a disposición de fiscalía. “A partir de ese momento, ellos tres son quienes mantienen contacto permanente con el BCP para tratar de ajustar la cuestión dentro de las normas regulatorias. Es cuestión del Ministerio Público investigar quiénes son los verdaderos responsables”, sostuvo.
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Fernández Zacur detalló que existía un circuito operativo de otorgamiento de crédito, dentro del comité de crédito. “Ellos me dicen que había una hoja de autorización como documento final de otorgamiento de crédito. En ninguna de esas hojas firma Gómez Abenti, Duarte creo que tampoco firma ninguna, y en algunas de ellas firma Gustale, pero basándose en los criterios técnicos recibidos de las áreas competentes del banco”, refirió.
Según lo manifestado por Gustale al abogado, este dijo que recibían carpetas que les llegaban y que mostraban a estas empresas con niveles de facturación suficientes para soportar los créditos que finalmente Gustale autorizaba, pero después en el BCP se veían montos 10 o 12 veces mayores. “Me llama la atención que todas las personas con las que hablé apuntan a los mismos nombres”, dijo pero sin precisar de quienes se trataban.