El pedido de quiebra directa contra Grupo Vázquez SAE, por una deuda superior a G. 5.500 millones, abre un nuevo frente judicial para el grupo empresarial. La solicitud fue presentada ante los juzgados en lo Civil y Comercial de Asunción y se produce en medio de la crisis financiera vinculada a la resolución de Ueno Bank, anunciada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
El abogado civilista Edward Arca explicó que cualquier acreedor puede solicitar la quiebra de su deudor cuando este se encuentra en estado de insolvencia. Es decir, cuando no tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones al momento de su vencimiento.
Este mecanismo permite que el acreedor recurra a la Justicia para pedir que la empresa sea declarada en quiebra. Si el pedido avanza, interviene un síndico, un profesional encargado de participar en el proceso judicial y supervisar la situación patrimonial de la empresa.
De acuerdo al abogado, si se declara la quiebra, la empresa pierde el control de sus bienes, que quedan sujetos al procedimiento judicial. Luego, comienza la liquidación de ese patrimonio; es decir, la venta de los activos disponibles para obtener dinero y pagar a los acreedores, de acuerdo con las prioridades que establece la ley.
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¿Quién puede pedir la quiebra y qué es un crédito quirografario?
Sobre si el acreedor que solicita la quiebra tiene prioridad frente a los demás para cobrar, Arca respondió que “depende”. Explicó que este tipo de pedido puede basarse en un crédito quirografario; es decir, una deuda que no cuenta con una garantía específica, como una hipoteca o una prenda.
El abogado mencionó que, según lo que estuvo analizando sobre el caso de Ueno, los inversores que impulsan el reclamo aparentemente cuentan con un documento de inversión y un documento quirografario. Este último puede consistir en un pagaré, una factura o una factura crédito, entre otros instrumentos a sola firma.
Una vez presentado el pedido, el Juzgado convoca a los representantes o propietarios de la empresa para que expliquen su situación económica y financiera. También deben presentar documentos que permitan conocer sus bienes, deudas y capacidad de pago.
Con esa información, el juez y el síndico analizan si la empresa realmente puede cumplir con sus obligaciones. Si se comprueba que se encuentra en estado de insolvencia, el magistrado puede declarar la quiebra. “Lógicamente, a partir de las explicaciones que den los representantes (del Grupo Vázquez) ante el juez y de los documentos que presenten o no, se determina si la empresa está en estado de insolvencia; entonces, se declara la quiebra”, dijo.
¿Qué significa una quiebra directa?
La quiebra directa se solicita cuando no hubo un proceso previo de convocatoria de acreedores. En cambio, si primero se inicia una convocatoria y posteriormente se declara la quiebra, se habla de quiebra indirecta.
En términos sencillos, un acreedor que considera que una empresa no podrá devolver el dinero que le debe puede solicitar directamente su quiebra ante el Poder Judicial, sin necesidad de esperar a que se intente previamente un acuerdo entre la firma y sus acreedores. Según explicó Arca, esa es la vía que se está utilizando en el caso relacionado con Ueno y Grupo Vázquez.
Si la Justicia declara la quiebra directa, interviene el síndico y se dispone el desapoderamiento de los bienes de la empresa. Esto significa que sus representantes dejan de tener el control de esos activos, que pasan a estar sujetos al proceso judicial de liquidación.
El objetivo es convertir los bienes disponibles en dinero para pagar las deudas, respetando el orden de prioridades establecido por las normas legales.
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¿Qué diferencia hay entre el procedimiento del BCP y la quiebra judicial?
Al analizar la situación de Ueno Bank, que se encuentra bajo un procedimiento de resolución del BCP, Arca pidió diferenciar los ámbitos administrativo y judicial.
Explicó que la intervención del BCP se realiza bajo la Ley de Bancos, que establece un procedimiento especial para las entidades financieras que reciben depósitos y realizan operaciones de intermediación financiera.
Este mecanismo no se aplica automáticamente a las demás empresas del Grupo Vázquez, que desarrollan actividades comerciales y civiles distintas de las bancarias.
No se debe esperar al BCP
Por eso, un acreedor de cualquiera de las sociedades anónimas del grupo empresarial, que cuenta con más de 37 S.A., puede solicitar directamente la quiebra ante la Justicia, sin tener que esperar a que termine el procedimiento de resolución del BCP.
“Cuando se termine el procedimiento de resolución, liquidación y lo que sería el balance de exclusión y residual, posteriormente, el BCP va a solicitar la quiebra judicial. Eso sería para Ueno Bank. Las entidades que no son de intermediación financiera y que están realizando otro tipo de actividades no están afectadas por este procedimiento previo que se hace con el BCP y pueden ser declaradas, en forma directa, en quiebra”, sostuvo.
¿Quiénes tienen prioridad para cobrar en una liquidación?
Cuando una empresa tiene varias deudas y sus bienes no alcanzan para pagar a todos, la ley establece un orden de prioridades. Esto significa que algunos acreedores tienen preferencia para recuperar su dinero antes que otros.
En el caso de Ueno, Arca señaló que el BCP, al ejecutar la ley de garantía que establece el pago de hasta 75 salarios mínimos a los ahorristas, cuenta con un crédito preferente de primer rango dentro del proceso de liquidación.
Después se ubican otros acreedores, entre ellos los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de acuerdo con la escala de privilegios prevista legalmente. El pago debe realizarse respetando el rango de preferencia que corresponde a cada obligación.
El abogado también incluyó a los trabajadores de Ueno dentro de este escenario y recordó que sus créditos tienen carácter singularmente privilegiado, conforme a la Ley de Quiebras y al Código Laboral. Por ese motivo, los liquidadores deberán cubrir las obligaciones laborales correspondientes.
“En pocas palabras: si es que hay plata, van a seguir cobrando los acreedores o ahorristas que tienen más dinero y sobrepasan la garantía de depósito (de 75 salarios mínimos)”, dijo.
¿Cuándo podrán reclamar los ahorristas que superan la garantía?
Sobre los plazos para recuperar los fondos, Arca calificó el caso como “muy excepcional”, debido a que constantemente aparecen nuevos elementos. También mencionó que Ueno tiene numerosos activos que deben ser liquidados y otros que incluso necesitan ser repatriados.
Por esa razón, consideró que todo el procedimiento debe desarrollarse en el menor tiempo posible para cubrir las deudas de la entidad.
Sin embargo, explicó que los ahorristas cuyos depósitos superan el monto cubierto por el fondo de garantía todavía no pueden reclamar judicialmente la diferencia entre lo que recibieron y el total de sus depósitos.
Esto se debe a que el procedimiento de resolución y la posterior liquidación continúan en el ámbito administrativo. Una vez concluida esa etapa, deberán iniciarse las actuaciones judiciales correspondientes para determinar cómo se atenderán los créditos pendientes.
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La Justicia deberá calificar la quiebra de Ueno
Arca agregó que, una vez finalizado el procedimiento de resolución, el marco jurídico establece que el Poder Judicial debe analizar la quiebra de la entidad bancaria y determinar si fue fortuita, dolosa o culposa.
“Esta calificación, aparte de tener consecuencias civiles, también tiene consecuencias penales porque, lógicamente, hay varios hechos punibles que están siendo investigados y que van a ser considerados dentro de ese procedimiento sobre la conducta patrimonial”, sostuvo.
Resaltó que esta calificación será importante para determinar si existen responsabilidades por la situación patrimonial de la entidad. Además, permitirá analizar las posibles consecuencias civiles y penales, en un escenario en el que también se investigan eventuales hechos punibles.
En cuanto al pedido de quiebra de Grupo Vázquez SAE, Arca señaló que, en el caso particular planteado por Bordas Álvarez, la principal posibilidad de la firma para evitar la declaración de quiebra es demostrar ante el Juzgado que no se encuentra en estado de insolvencia.