Objetivo de Paraguay va mucho más allá de la tarifa de Itaipú

Es muy importante que la opinión pública entienda cuáles son las verdaderas reivindicaciones paraguayas en Itaipú. La tarifa de la central no es el problema de fondo, como erróneamente parece haberse instalado. De hecho, una tarifa más baja le favorece al Paraguay, que pasaría de pagar un promedio de 29 dólares el megavatio/hora a aproximadamente 10 dólares el MWh, o menos, por la energía que se consume en el país. El punto es que ello beneficia desproporcionadamente a Brasil, que adquiere el 80% de la potencia generada por la hidroeléctrica, incluyendo una parte muy considerable de lo que le corresponde a su socio como propietario condómino del 50%. Si hay acuerdo para que, de ahora en más, Paraguay pueda comercializar por sí mismo sus excedentes, cuanto menor sea la tarifa, mejor. Ambas negociaciones, la reducción de la tarifa y el manejo de los excedentes, deben ir de la mano.

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Itaipú es una entidad sin fines de lucro y, como tal, la tarifa que les cobra a la ANDE y a Eletrobras (o subsidiarias) por retirar la energía, en teoría, debe ser igual al prorrateo de todos sus costos por el total de su generación. Al amortizarse la deuda, que supuestamente estará cancelada en febrero de 2023, esos costos disminuyen drásticamente y, por ende, también la tarifa. Pero lo que ocurre es que, en virtud del Anexo C (o de su interpretación), Paraguay le cede a Brasil la porción de su 50% que no utiliza a cambio de una ínfima “compensación”, y es Eletrobras la que revende la energía paraguaya en el desregulado mercado brasileño, quedándose con rentas que legítimamente le pertenecen a nuestro país por el aprovechamiento de su parte del potencial energético del río Paraná.

Actualmente esa tarifa, o precio de costo o de producción, que Itaipú les cobra a la ANDE y a Eletrobras es de 43,83 dólares el MWh (la ANDE consigue reducirla hasta aproximadamente 29 dólares por contratación de “energía no garantizada”, que es más barata). Sobre ese precio de costo, Brasil le paga a Paraguay una “compensación” de 10 dólares el MWh por adquirir la porción de su parte que el sistema eléctrico nacional no alcanza a consumir. Consecuentemente, compra la energía paraguaya por un total de 54 dólares el MWh (43,83 + 10) y la vende a 200 dólares o más en el mercado regional mayorista.

Muchos sostienen que, para evitar esta injusticia, Paraguay simplemente debería consumir para el desarrollo del país el total de su porción de energía limpia y barata de Itaipú en vez de cedérsela a Brasil. Por supuesto que sería lo ideal y alguna vez ocurrirá, pero la realidad es que todavía falta mucho para llegar a esa situación y, mientras tanto, no podemos seguir regalando nuestros excedentes. Dependiendo del año, Brasil se queda con unos 20 millones de MWh de energía paraguaya. Ya descontado el costo de producción (tarifa de Itaipú), esto representa a los valores de hoy más de 3.000 millones de dólares anuales que Paraguay deja de percibir. Si bajara la tarifa de Itaipú a 10 dólares y todo siguiera igual, el lucro cesante para el país se elevaría a 3.800 millones de dólares por año.

Por lo tanto, antes de que baje la tarifa en cumplimiento estricto del Anexo C (que es precisamente el que estará bajo revisión), Paraguay se tiene que asegurar de que esa renta en el futuro le quedará al país, no más a Eletrobras. Esta y no otra es la gran reivindicación paraguaya. La otra opción sería que Brasil le pagara a Paraguay un precio justo, acorde con el mercado, por sus excedentes, pero esto es algo difícil de imaginar.

Para poder comercializar nuestra propia energía en el mercado brasileño y regional, donde hay amplia demanda, el Gobierno debería estar trabajando en dos frentes. Por un lado, si bien hay quienes afirman que no existe ningún impedimento formal y no se requiere permiso, es obvio que habrá que negociar con Brasil, un país que, sabemos, tiene un poder específico mucho mayor que el nuestro.

Por el otro lado, hay que prepararse, organizar la base normativa e institucional, contratar a expertos, interesar al sector privado, a empresas nacionales y extranjeras, a los bancos, estudiar e incorporar las buenas prácticas internacionales para la compra y subasta de bloques de energía, al margen de, paralelamente, hacer todo lo necesario, tanto en infraestructura como en gestión, para aumentar el consumo interno y el componente eléctrico en la matriz energética nacional.

Con elecciones presidenciales en puerta en Brasil (2022) y una complicada coyuntura económica, es posible que Planalto e Itamaratí no estén muy interesados en avanzar en lo que le conviene a Paraguay en este momento. Si se les concede de antemano y sin más trámite lo único que les interesa, que es bajar el precio de costo de la energía, lo estarán mucho menos.

Sin embargo, hay que tomar una eventual reducción de la tarifa como una carta de negociación, pero no como algo perjudicial para el país, porque eso nos puede hacer perder de vista los grandes objetivos nacionales en esta negociación, que van mucho más allá.

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