El senador por Patria Querida Stephan Rasmussen declaró en una entrevista con nuestro diario que el Presupuesto General de la Nación es el mayor ámbito de tráfico de influencias en el país. Una cruda afirmación de un partícipe y testigo directo que no puede reflejar más fielmente la realidad.
El Congreso Nacional es “una gran cofradía que se reparte de manera “democrática” los pedidos, donde lo que “menos importa es proteger las contribuciones que los ciudadanos aportan con sus impuestos”, dijo Rasmussen. Se crea una mayoría “y ahí se comienza a operar para distribuir”, a quien más quien menos le toca una cuota. En el Presupuesto que aprobaron para 2022 se autoasignaron la potestad de incorporar personal o promoverlo sin concurso, una disposición a medida para mantener y ampliar la clientela. Además, se aumentaron salarios como intercambio de favores a costa de otros gastos prioritarios, sin consideración del desempeño y sin contemplar la fragilidad de las finanzas públicas y el serio riesgo que corre la sostenibilidad fiscal.
La reforma del Estado es “la mayor mentira” que se le dijo a la gente, señaló. No solamente no se avanzó en nada de lo que se prometió, sino que sistemáticamente se ha hecho todo lo contrario, como perforar la ley de la función pública, crear ministerios que solo sirven para justificar altos cargos y sueldazos, aumentar las remuneraciones, las bonificaciones, las jubilaciones de privilegio, los subsidios no contributivos y los gastos rígidos en general.
Como lo único “positivo” resaltó que “por lo menos se bajó el déficit del 4% (en 2021) al 3% del PIB en 2022″, pero esta también es una gran falacia. Por un lado, el proyecto original del Poder Ejecutivo contenía un déficit estimado del 1,5% del PIB, con el pedido de poder ampliarlo de acuerdo con las necesidades al 3%, que es la extensión máxima admitida por la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, el Congreso ya “llenó” de antemano ese tope máximo con más aumentos de gastos.
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Por otro lado, ese déficit del 3% del PIB en el Presupuesto 2022 al que se refiere Rasmussen está calculado sobre una estimación inflada de los ingresos. Si ya es suficientemente malo que se les permita a los congresistas modificar a su antojo el Presupuesto, lo es mucho peor todavía que se les permita incrementar la previsión de ingresos sin ningún criterio técnico ni realista. Y es exactamente eso lo que hacen. Año tras año suben los gastos y, para calzarlos con supuestas fuentes de financiamiento, alegremente alzan los futuros ingresos (que es lo mismo que decir que se va a exprimir aún más a la gente), por encima de las posibilidades efectivas de recaudación.
El resultado es una imparable bola de nieve a costilla de los ciudadanos comunes y corrientes. Según la última estimación de la Encuesta Permanente de Hogares, hay 382.000 personas que cobran de fuentes públicas, incluidas las municipalidades, los funcionarios de los tres poderes y los políticos con cargos electivos. Ello representaba el 11% de la fuerza laboral ocupada al tercer trimestre de 2021. En contrapartida, todos los demás trabajadores, unas 3.500.000 personas, no viven del Estado, pero son los que mantienen el aparato estatal, ya sea mediante impuestos directos, ya sea mediante precios con tributos incluidos, ya sea mediante pago de tarifas a empresas estatales monopólicas, ya sea mediante formas encubiertas, como la inflación, y todo a cambio de recibir, en el mejor de los casos, servicios públicos de pésima calidad.
Actualmente, el costo del Estado, sin considerar las municipalidades, es de 13 millones de guaraníes al año por habitante, sea adulto, bebé, niño, adolescente, anciano, hombre, mujer. Adicionalmente, el déficit fiscal acumulativo está claramente causando desequilibrios monetarios que presionan el tipo de cambio y los precios al alza. Para este año la inflación ya se calcula en 6,2%, por encima de la meta del Banco Central y, de no controlarse el gasto público, analistas privados creen que puede llegar a los dos dígitos en el mediano plazo. Esto tiene un gran impacto sobre todo entre los más pobres. Para tener una idea, con una inflación del 10%, la pérdida del poder adquisitivo de un salario mínimo es de casi 3 millones de guaraníes en un año, bastante más que un aguinaldo completo.
Entre todos los errores cometidos con la Constitución de 1992, probablemente el peor de todos es el haber otorgado amplias discrecionalidades a la clase política para la asignación, o, más propiamente dicho, la repartija y la apropiación del dinero de los contribuyentes. Es la raíz de gran parte de los problemas nacionales. En treinta años, este Estado inoperante, clientelista, corrupto, deficitario es el legado que dejan a la sociedad paraguaya los partidos políticos y sus dirigentes, más allá de colores e ideologías, con muy pocas excepciones. Vergüenza les debería dar, si la tuvieran.