En esta Navidad se cumplirá un año de la ocupación y destrucción de las plazas de Armas y Juan de Salazar por quienes ocupaban, también ilegalmente, la calle Comuneros, donde violaban con asombrosa impunidad toda la normativa municipal de seguridad antiincendios y todo sentido común.
Aquel día, un año atrás, las casas de los invasores fueron pasto de las llamas, que, no casualmente sino causalmente, incendiaron los anexos nuevos del Cabildo de Asunción, edificio ordenado como Palacio de Gobierno por Carlos Antonio López, joya histórica y arquitectónica de nuestra capital que fue puesta en grave riesgo por estos ocupantes ilegales.
La ley 6284, que se encuentra plenamente vigente, ordena en su artículo 2 que la Secretaría Nacional de Cultura y la Policía Nacional velen “por la protección y defensa” de aquellas plazas, las de Armas y Juan de Salazar.
Pero, además, el Código Penal tipifica en su artículo 142 que instalarse “sin consentimiento” en un inmueble ajeno es un hecho punible a ser castigado con pena privativa de libertad; en su artículo 157 dispone que destruir o dañar una cosa ajena es también un hecho punible a ser castigado con pena privativa de libertad y que la víctima debe encargarse de la persecución penal; en su artículo 158 dice que destruir una cosa destinada al uso público o embellecimiento de vías públicas, plazas o parques, es otro hecho punible a ser castigado con pena privativa de libertad.
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El artículo 175 de la Constitución Nacional ordena a la Policía Nacional prevenir la comisión de hechos punibles, como lo son la invasión, la ocupación y la destrucción de lugares públicos.
El Ministerio de Cultura estaba legalmente obligado, y tampoco previno la invasión, ocupación y destrucción de las mencionadas plazas. La Policía alega, en una fraudulenta evasión de responsabilidades, que al no prevenir el Ministerio de Cultura estos hechos, otorgó un tácito “consentimiento” para que se violara de manera flagrante y manifiesta la ley 6284.
La pregunta obvia es por qué las entidades del Estado encargadas de precautelar el patrimonio constituido por las plazas de Armas y Juan de Salazar lo abandonaron, en detrimento de todos los paraguayos y de todos los asuncenos que les pagan la existencia.
La respuesta es simple y, al mismo tiempo, monstruosa: La Policía Nacional y el Ministerio de Cultura apañaron la destrucción del patrimonio público para complacer a un lamentable gerifalte de la Asociación Nacional Republicana (ANR, partido Colorado), Gustavo Aquino, presidente de la tristemente célebre seccional 14, quien primero protegió la ocupación totalmente ilegal de la calle Comuneros con la complicidad del entonces intendente municipal, y luego del incendio organizó la invasión, ocupación y destrucción de ambas plazas.
El ministro de Cultura, Rubén Capdevilla, y el entonces comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, incumplieron sus obligaciones de funcionarios públicos para no molestar a un capo colorado, sacrificando la propiedad de todo el pueblo paraguayo en beneficio de la ANR.
El Ministerio Público debió actuar de oficio, desde luego, pues la invasión, destrucción y ocupación de las plazas en cuestión fueron hechos públicos y notorios que le habilitaban plenamente por el principio de oficiosidad, pero prefirió acoplarse a garantizar la impunidad de Aquino, de Capdevilla y de Resquín, confirmando también en esto la rosca que está destruyendo la vida civilizada en nuestro país para reemplazarla por la prepotencia colorada que usaba tan asiduamente el delincuente Ramón Aquino, un antecesor de Gustavo en la seccional 14.
El ministro de Emergencias, Joaquín Roa, durante todo el tiempo de la comisión de estos delitos continuos, proveyó a sus autores materiales los recursos que necesitaban para cometerlos. Dicho cómplice tampoco está procesado.
Así manejan los funcionarios públicos nombrados por el presidente Mario Abdo Benítez la propiedad del pueblo en todos los niveles, desde Itaipú hasta los contratos públicos, pasando por las rutas y las plazas: todo para los sinvergüenzas del Partido Colorado, aunque sea a costa del pueblo paraguayo. De eso se trata también, desde luego, la operación cicatriz, que sirvió para dar impunidad al gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, en la Cámara de Diputados.
En nuestro país ni las plazas fundacionales de nuestra historia pertenecen a la ciudadanía. Los gobiernos más corruptos de que haya sido víctima el pueblo paraguayo convirtieron hasta estos lugares fundamentales en meros terrenos para provecho particular de averiados que dirigen muchas seccionales, destruyendo deliberadamente así la memoria histórica del pueblo paraguayo.