La Corte y la Fiscalía parecen jugar en el equipo de la mafia

El escándalo que salió a la luz en el último juicio donde fue condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, amo y señor de vida y hacienda de muchos ciudadanos honestos, a través de la usura y la extorsión, salpica a fiscales, jueces, camaristas y varios operadores de justicia. Como lo dijo la presidenta del Tribunal de Sentencia, la fiscalía y los juzgados funcionaban como agencias de cobro de documentos obtenidos para el condenado y su hijo Fernando González Karjallo. Se esperaba una reacción inmediata de la CSJ y la fiscala general Sandra Quiñónez, pero la sentencia condenatoria al parecer no llegó a oídos de estas autoridades, y si se enteraron decidieron desentenderse del problema.

El escándalo que salió a la luz en el último juicio donde fue condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, amo y señor de vida y hacienda de muchos ciudadanos honestos, a través de la usura y la extorsión, salpica a fiscales, jueces, camaristas y varios operadores de justicia.

Como lo dijo la presidenta del Tribunal de Sentencia, la fiscalía y los juzgados funcionaban como agencias de cobro de documentos obtenidos por Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo. Lo mismo declaró una de las víctimas en el juicio, el escribano Ramón Zubizarreta, relatando cómo era apretado por los mismos operadores de la justicia.

Los casos están perfectamente individualizados en el juicio y en la sentencia, por lo que se esperaba una reacción inmediata de la Corte Suprema y la fiscala general Sandra Quiñónez, disponiendo la suspensión de los fiscales y jueces mientras se indagan los hechos delictuales.

Pero la sentencia condenatoria no llegó a oídos de estas autoridades, y si se enteraron decidieron desentenderse del problema, aún cuando les afecte directamente como institución y sea su obligación legal perseguir y castigar hechos punibles. El Ministerio Público es representante de la sociedad, por lo que debe defender sus intereses, uno de los cuales es que se respeten las leyes y que cuando alguien las infringe sea penalmente procesado. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de juzgar los hechos que se traigan a juicio en el marco del debido proceso.

Apenas unas horas duró la repercusión del caso en las autoridades citadas, las que sólo atinaron a indicar que se hagan auditorías de los expedientes mencionados en la sentencia. Es decir, supuestamente se hará una verificación del trámite que tuvieron y si se respetaron plazos y formas. Esta es evidentemente una cortina de humo para ganar tiempo y no hacer lo que corresponde: investigar penalmente los hechos.

La auditoría fue ordenada por la fiscala Sandra Quiñónez, nombrada en el cargo por el expresidente Horacio Cartes, quien a su vez es políticamente cercano a los González Daher. La titular del Ministerio Público una vez más se desentiende del conflicto de corrupción y designa al fiscal adjunto Édgar Moreno ¡a cargo precisamente de la circunscripción de Luque!, quien analizará los casos con fiscales también de esa ciudad. Recuérdese que, generalmente, nadie ocupa un lugar en el Estado asignado a Luque sin el consentimiento del clan.

Esta es una payasada de grandes proporciones. ¿Qué puede resultar de una auditoría de gestión de carpetas fiscales? Nada, a lo sumo el señalamiento de posibles fallas que derivarían en advertencias intrascendentes. Lo que sí se obtendrá con esto es ganar tiempo para que los sospechosos sigan moviendo sus influencias y acomodándose.

El tiempo que llevarán estos análisis absurdos, realizados por funcionarios obsecuentes al clan González Daher, representará la pérdida de pruebas sobre los delitos que se cometieron desde el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Lo correcto es que se inicien investigaciones penales sobre los sospechosos de la fiscalía y los juzgados, sus bienes, su incremento patrimonial, sus llamadas con abogados de González Daher, y con él mismo o su hijo. No hacerlo es darle tiempo a la impunidad de estos desfachatados que usaron y abusaron de su condición de servidores de la Justicia para extorsionar, perseguir inocentes, complicarse con la usura y hasta enriquecerse.

La Corte Suprema y la Fiscalía parecen seguir jugando en el equipo de la mafia porque, en apariencia, ese es el que mejor les queda.

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