El 31 de agosto de 2020, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, entregó a la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado el proyecto de ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”, de obvia importancia para la buena marcha de este país tan castigado por una administración pública inepta, corrupta y elefantiásica. Y bien, esta es la hora en que la iniciativa del Poder Ejecutivo sigue guardando el sueño de los justos en alguna gaveta del Congreso, sin que su tratamiento haya sido impulsado por la citada Comisión, creada por ley en 2019, presidida por el diputado Raúl Latorre (ANR) e integrada por diecinueve miembros. Haciendo una pausa en su campaña electoral de cara a los próximos comicios internos, el vicepresidente Velázquez, encargado de coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ha anunciado que, a pedido del presidente Mario Abdo Benítez, insistirá desde marzo en que el documento sea por fin estudiado.
Como este será un año electoral, habrá que ver si los parlamentarios están dispuestos a tratar un tema que podría afectar a sus respectivas clientelas, instaladas en el aparato estatal en condiciones tan favorables para ellas como nocivas para el fisco. Ante la eventualidad de que se resistan a hacerlo, el vicepresidente de la República señaló que “cada uno debe asumir sus responsabilidades”, sin mencionar consecuencias concretas. La morosa Comisión está presidida por un colorado y la ANR tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero nadie ignora que Marito carece de influencia política sobre sus correligionarios legisladores. Su debilidad se agravará con el correr de los meses, en tanto que aumentará la habitual presión ejercida por las organizaciones de funcionarios para defender y mejorar sus prebendas, hasta llegar al “chantaje”: la amenaza de privar del voto al partido oficialista puede resultar convincente para quienes anteponen el interés particular al general de reformar el Estado para que esté al servicio de la población antes que de sus asalariados.
Conste que, según Hugo Velázquez, el proyecto de ley en cuestión, que tiene 188 artículos, fue consensuado en un 85% con los representantes de los funcionarios; una adenda incluiría su opinión en los puntos en que no hubo acuerdo, siendo presumible que uno de ellos sea la norma de que la estabilidad se adquiera a los cuatro años ininterrumpidos de servicio y no ya a los dos, como hasta ahora, con lo cual el privilegio con relación a los trabajadores del sector privado –que requieren diez años para su estabilidad– sería al menos atenuado.
Resulta curioso que en la presentación de la iniciativa se haya destacado que ella crea la carrera del servicio civil y que la única vía de acceso al mismo será el concurso público de oposición, como si la Ley N° 1626/00 ya no hubiera instituido la carrera de la función pública ni dispuesto que el sistema de selección para el ingreso y la promoción sea dicho concurso: la cuestión es que esta norma no se cumple, como tantas otras. También se habla de una escala salarial unificada, en tanto que la ley referida dice que la remuneración de los funcionarios se regirá por el principio de igualdad entre quienes cumplen tareas similares en todo el Estado, algo que no rige de hecho para quienes lo hacen en el propio Ministerio de Hacienda, por ejemplo.
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La supuesta innovación de la carrera del servicio civil se basaría en la transparencia, la integridad, la idoneidad, la meritocracia, la imparcialidad y la eficiencia, bonitas palabras que también inspiran la Ley N° 1626/00, sistemáticamente violada, incluso en el propio Congreso. Es novedoso sí que el proyecto de ley convierta la Secretaría de la Función Pública en una Subsecretaría del Ministerio de Hacienda; entre otras cosas, tiene hoy las atribuciones de vigilar el cumplimiento de la Ley N° 1626/00, de formular la política de recursos humanos del sector público y de emitir un dictamen previo a la propuesta del ministro de Hacienda sobre los sueldos correspondientes a cada cargo, la naturaleza del mismo, su categoría y el número de funcionarios presupuestados para cada entidad estatal. Su autoridad real es mínima, pese a depender directamente de la Presidencia de la República; se verá si su nueva inserción le otorga un mayor peso político a este organismo clave para una buena administración pública.
Ya habrá ocasión de tratar los pormenores de la ley, uno de los más relevantes presentados hasta la fecha por el actual Poder Ejecutivo. Por de pronto, habrá que insistir en su pronto tratamiento, pese al notorio desinterés de los congresistas o justamente debido a él. Se han presentado numerosas acciones de inconstitucionalidad contra la Ley N° 1626/00, con el resultado de que ella no rige ni siquiera de Derecho, en todo o en parte, ¡en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en la Defensoría Pública, en la Contraloría General de la República, en el Banco Central, en el Instituto de Previsión Social, en la Universidad Nacional de Asunción, en la Gobernación del Guairá, ni en las Municipalidades de Asunción, Luque, Ciudad del Este y Encarnación! Así las cosas, urge uniformar la carrera del servicio civil, atendiendo que la ley se ajuste a la Constitución y que el aparato estatal esté integrado por personas honestas, idóneas y diligentes, que sean las estrictamente necesarias para atender las necesidades de la población.
Será una magnífica ocasión para ver si los legisladores tienen una pizca de patriotismo para anteponer su deber de servir a sus representados en general, y no solo a su clientela en particular.