Horacio Cartes debe responder a las inculpaciones en su contra

El expresidente Horacio Cartes ha ido ganando en los últimos tiempos enorme preponderancia en la política, en la economía y en el deporte, al punto de convertirse en una suerte de árbitro en diferentes situaciones. En lo político, tras el salvataje del presidente Mario Abdo Benítez por parte de su movimiento Honor Colorado en un inminente juicio político, en el caso del Acta Bilateral, dio la impresión de que cogobernaba con el actual primer mandatario. Este recordatorio es solo para poner de manifiesto el poder que tenía y tiene el político, empresario y dirigente deportivo. Por esta razón, ante los últimos acontecimientos que le afectan, en forma de graves indicios de manejos económicos turbios, tiene la obligación de aclararlos si es que desea continuar en el escenario donde desarrolla sus actividades sin que su imagen resulte dañada.

En efecto, el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) una denuncia de extrema gravedad, tanto por los hechos punibles referidos –”lavado de dinero proveniente del contrabando y enriquecimiento ilícito en la función pública y otros delitos conexos”– como por la condición de su presunto autor, el expresidente de la República, el mismo que, por otra parte, hoy está siendo investigado por una Fiscalía de Panamá, pues su familia habría creado en dicho país tres “empresas de papel” en un solo día, tras abrirse una pesquisa en Estados Unidos por lavado de dinero.

El ministro señala que las cuatro declaraciones juradas de bienes y rentas del denunciado son incompletas y que tienen “inconsistencias patrimoniales”, lo que sugiere la “posible existencia de un incremento patrimonial injustificado” de 2.166.302.857.085 guaraníes (unos US$ 310 millones, al cambio actual) entre 2013 y 2018, esto es, durante los años en que presidió la República. También refiere que está siendo jurisdiccionalmente investigado en torno a la “masiva comercialización ilegal (contrabando) de cigarrillos producidos por la firma Tabesa”, en Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Centroamérica y México. La tabacalera –”el centro y principal motor económico del Grupo Cartes”– tendría una “superproducción” muy superior a la demanda local, cuya comercialización a través de las rutas brasileñas implicaría nada menos que “la asociación con otros grupos criminales, como ser el PCC o similares” de otros países, a los que el cigarrillo llegaría con el “permiso de las organizaciones locales”. ¿Es verosímil que el expresidente de la República, que debía dedicarse con exclusividad a sus funciones, ganaba o sigue ganando mucho dinero gracias a la cooperación del crimen organizado? En este punto, debe recordarse que, llamativamente, mediante la intervención de legisladores de su movimiento político, se ha rechazado en el Congreso una iniciativa para controlar las actividades de los clubes de fútbol y las relacionadas con el tabaco, y a que se aumente la carga tributaria de los productores de cigarrillos.

El ministro Giuzzio no se priva de apuntar que en la Cumbre de Seguridad realizada en Washington, en diciembre de 2021, se dijo que las carreteras y la logística empleadas para el contrabando de cigarrillos son las mismas que sirven para el “tráfico de armas, de drogas y la trata de personas” por parte de organizaciones que actúan en conjunto. Como estas operaciones ilícitas se harían con dinero en efectivo, el denunciante sugiere que la Seprelad investigue el papel que el Banco Basa –del Grupo Cartes– juega en cuanto al dinero bancarizado que proviene de ellas y recuerda que el expresidente fue procesado por evasión de divisas, así como por sus estrechos vínculos posteriores con Darío Messer, el “hermano del alma”, considerado el mayor “doleiro” (cambista) del Brasil, a quien habría hecho llegar dinero cuando estaba prófugo de la Justicia, por interpósita persona. Llama la atención, en fin, sobre el hecho de que el Grupo Cartes se halla en una “constante emisión de bonos”, en algunos casos mayor que la del Estado, y se pregunta si no se trata del mismo “sistema de ocultar los verdaderos financistas o destinatarios finales, a través de terceros, para continuar ingresando dinero de fuente dudosa al sistema financiero”.

De este breve resumen del extenso documento, cuya presentación habría sido apoyada por el jefe del Poder Ejecutivo, surge que las circunstancias mencionadas son lo bastante serias como para que, repetimos, el afectado se apresure a dar las explicaciones pertinentes. No es cuestión de limitarse a sostener, a través de sus voceros, que la denuncia debió haber sido presentada ante el Ministerio Público ni de atribuirla simplemente a un mero revanchismo político.

Aquí más que nunca se debe aplicar aquello de que, por la enorme influencia que tiene en nuestra sociedad, Horacio Cartes no solo debe ser honesto sino también parecerlo. En 2016, no querelló al entonces candidato a la Presidencia de la República, Mario Abdo Benítez, cuando este sostuvo en San Estanislao que era “el mayor contrabandista de cigarrillos de nuestro país”. Quedó la duda entonces, pero ahora los graves hechos punibles que le atribuyen fueron presentados por escrito y ante un organismo del Estado encargado de investigar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, por lo que el silencio no sería la mejor respuesta, ni mucho menos. Si está en condiciones de hacerlo, tendría que refutar cada una de las inculpaciones formuladas, no solo en defensa de su buen nombre y honor, si cree tenerlos: también por respeto a sus conciudadanos, para librarlos, si es posible, de la vergüenza que supondría haber sido gobernados por un contrabandista que presentó declaraciones juradas falsas, aparte de confabularse con organizaciones criminales, todo ello según la denuncia en su contra.

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