El saldo de la deuda pública paraguaya al cierre de 2021 fue de 13.631 millones de dólares, equivalentes a casi 35 de cada 100 dólares (el 33,8%) del valor de todos los bienes y servicios que se produjeron durante el año en el sector público y en el sector privado, lo que se conoce como producto interno bruto. A eso hay que sumar una nueva emisión de 500 millones de dólares en los primeros días de 2022 y el inicio de la colocación de otros 150 millones de dólares en el mercado interno, mayormente para bicicletear compromisos anteriores. El endeudamiento estatal se quintuplicó en una década (¡!), algo que no había ocurrido en nuestra historia económica ni siquiera con el esfuerzo bélico de la Guerra del Chaco. Si esto hubiera servido para dotar al país de una infraestructura que le permitiera dar un salto en su crecimiento y su desarrollo se podría justificar, pero lamentablemente no es el caso.
En 2010 la deuda total, interna y externa, era de 2.839 millones de dólares, y se mantuvo en torno al 10% del PIB hasta 2013, después de que el país entrara en 2012 al mercado bursátil internacional con la emisión de su primer bono soberano en mucho tiempo, de 500 millones de dólares. Entusiasmados gobernantes y políticos por las comparativamente buenas tasas obtenidas y, sobre todo, por la facilidad y discrecionalidad con que podían salir a buscar recursos sin necesidad de atarse a objetivos específicos y a estrictas normas de control, como ocurre con los préstamos de organismos multilaterales, la bola de nieve empezó a rodar con el Gobierno de Horacio Cartes y ya no se detuvo nunca más.
Pasó así a 4.174 millones de dólares en 2013, 11% del PIB, a 8.041 millones de dólares en 2018 (19,8% del PIB), año en que HC entregó el poder a la nueva administración con una deuda 93% más alta de la que había recibido.
Con el relativo atenuante de la pandemia (decimos relativo porque solo una pequeña parte se utilizó efectivamente en salud pública), durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez la bola se terminó de desbarrancar. Marito inicia el penúltimo año de su mandato con un incremento de 6.300 millones de dólares en el saldo de la deuda durante su etapa, contra uno de 3.867 millones de todo el período de su antecesor.
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Los montos son preocupantes no solo en relación con la magnitud de la economía paraguaya, sino, especialmente, con el efectivo flujo de caja del fisco, que evidentemente ya está sobrepasado en su capacidad de recaudar lo suficiente para cumplir con las obligaciones y, a la vez, hacer frente al también incontenible aumento del gasto público. Ello se evidencia en un ya crónico déficit, muy superior al tope de la ley de responsabilidad fiscal, y en la emisión inorgánica de dinero, tal como muestran los agregados monetarios, lo cual se refleja en la creciente inflación, con un impacto directo en el bolsillo de las familias.
Y en el mediano y largo plazos –como es preciso proyectar todo endeudamiento– estas cifras todavía no incorporan otras deudas cuasifiscales que tiene el Estado paraguayo, en particular las relacionadas con la seguridad social. Menos del 25% de la población está aportando a algún sistema de ahorro jubilatorio compulsivo. Eso significa que en un lapso de 20 años habrá por lo menos 2.600.000 personas que ya no estarán en edad de trabajar y que se quedarán sin ningún ingreso, lo cual previsiblemente recaerá sobre el Estado y los contribuyentes. Para pagarle solo la mitad de un sueldo mínimo a cada uno se requerirían a precios de hoy 5.000 millones de dólares anuales, bastante más que el total de las recaudaciones tributarias y aduaneras de la actualidad. Solamente en la Caja Fiscal se proyecta un déficit (estimaciones oficiales) de 3.000 millones de dólares ya para el siguiente período presidencial si no se hacen reformas. De ser así, se necesitaría triplicar el IVA únicamente para solventar las jubilaciones de los funcionarios públicos.
Pero si todo esto ya es de por sí sumamente alarmante, lo es todavía más si nos preguntamos qué se hizo con la plata. La mayor parte se dilapidó en subsidios, aumentos de salarios indiscriminados, gastos corrientes innecesarios para mantener el ineficiente aparato estatal, cuando no directamente en corrupción. Si bien la infraestructura nacional ha mejorado en los últimos años, semejante aumento de la deuda habría sido suficiente para tener varias líneas de 500 kV a lo largo de las fronteras para atraer inversiones y aprovechar nuestros excedentes energéticos, un ferrocarril granelero por toda la zona productiva con un puerto de aguas profundas al sur de Pilar, un mejor aeropuerto internacional, más puentes, escuelas en condiciones, viviendas accesibles, un sistema de salud de primer nivel, solo por citar algunos ejemplos. Nada de eso es una realidad.
Quienes piensen que esto no les afecta están equivocados. No nos cansaremos de repetir que el Estado no genera dinero por arte de magia; tiene una única y exclusiva fuente de financiamiento, que son los contribuyentes, los de hoy y los de mañana. La cuenta hay que pagarla y la pagará la sociedad, sea con impuestos o con inflación, no existe ninguna otra opción.