Los comunes estamos bajo vigilancia en nuestro país: el más mínimo movimiento de dinero de nuestras cuentas activa rápida e implacablemente un aparato burocrático de registro y chequeo “para la prevención del lavado de dinero” que movería a creer, a cualquier observador extranjero que se fijara, que Paraguay es más exigente que Suiza y Finlandia juntos en la lucha contra el dinero “negro”.
Pero los paraguayos sabemos la verdad detrás del montaje con el que se busca engañar a los extranjeros, especialmente a los de Gafilat, y ella es que nuestros narcos y nuestros lavanderos movilizan millones de dólares del narcotráfico y del contrabando de cigarrillos en las narices de la Seprelad, sin que esta mueva un dedo para molestarlos.
Al contrario, se les encubre y se les blanquea en forma sistemática.
La anterior frase hubiera parecido temeraria hasta hace unos días en los “respetables” círculos que administran muchos millones de dólares mal habidos, pero ahora está sólida y profusamente respaldada por los resultados de las sendas denuncias y operativos antidrogas que se están produciendo en nuestro país, que confirman, letra por letra, lo afirmado.
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Los narcos y los contrabandistas pueden mover cifras estratosféricas de dinero sin jamás haber sido molestados por Seprelad, ni por Tributación ni por el Banco Central, lo que se prueba y confirma sin resquicio alguno para la duda con los bienes que pueden ostentar todos estos sinvergüenzas, desde departamentos de cientos de miles de dólares hasta yates de millones de la moneda norteamericana, autazos de película, aviones privados, quintas soñadas, fiestas con artistas internacionales de primer nivel y, por supuesto, facturaciones fantásticas en empresas o iglesias para seguro respaldo de sus propietarios.
Ahora Seprelad, Tributación, Banco Central, simplemente no pueden ocultar las evidencias que los incriminan, y que confirman que esas instituciones han garantizado la conversión de nuestro país en un paraíso fiscal para cuanto delincuente grande o pequeño necesite resguardo.
Óscar y Ramón González Daher solitos ya confirmaban todo lo expresado, pero lo que se está descubriendo ahora es que ambos usureros eran operadores medianos en comparación a lo que se evidencia hoy.
Se agotaron las excusas para esos tres entes de “control”. Es un hecho que aprietan a los comunes para encubrir a los bandidos y es demasiado llamativo que ninguno de los responsables de tanto lavado y de tanta circulación de dinero “negro” no solamente sigan impunes, todos sin excepción, sino que una buena parte de ellos sigan en los cargos desde donde ayudan a consolidar al nuestro como un narcoestado.
Uno de los jovencitos devenidos en empresario por esa vía alardea en Instagram haber vendido cuatro Masserattis en una semana en la ruta a Ciudad del Este, cada uno de los cuales puede sobrepasar los trescientos mil dólares, pero ninguno de los organismos referidos hace nada.
Cuando se les pregunta, alegan un conveniente “secreto de actuaciones” o, más conveniente aún, “obligación de confidencialidad”, sendas puertas a la corrupción formalmente establecidas en leyes hechas a la medida de los bandidos. O sencillamente dicen que presentaron los informes a otras instituciones y, así, se lavan las manos pasándose la pelota unas a otras.
El ahora destituido ministro de Emergencias, Joaquín Roa, mero funcionario público de segundo rango, ejercía dominio pleno sobre un yate de más de quinientos mil dólares proveído, como los Masserattis, por un presunto narco de alta sociedad. A nadie le interesó de dónde sacó la plata o quién le garantizó el “préstamo”. Allegados a Horacio Cartes, como Erico Galeano, alcanzados por los últimos operativos antinarcos, reciben inmediatamente de la fiscalía una “reserva investigativa” de diez días, de esas medidas que no se aplican cuando se trata de los comunes, como ladrones de gallinas, de bicicletas, de limones y, últimamente, de baterías. Son llevados presos de inmediato, sin las indulgencias que se aplican a los manguruyuses.
En fin, las evidencias son demasiadas. Son cansadoras. Son abrumadoras. Y todavía tenemos que soportar que los encubridores de los bandidos le pontifiquen al país sobre decencia y buena conducta, cuando deberían estar en la cárcel en la misma celda de los bandidos que protegen.