A mediados de mayo de 2017, el diputado Pedro Alliana, presidente de la ANR, anunció ufano la concreción de “las dos primeras alianzas público-privadas Partido Colorado-sector privado-Petropar”: esta empresa pública y la firma Benítez y Asociados habían acordado instalar dos gasolineras en otras tantas subseccionales partidarias de Fernando de la Mora. Ahora se sabe que, desde ese mismo año, el diputado tiene una alianza comercial, para él muy ventajosa, con Petropar. En efecto, la firma Fusión Pilar SA, presidida por su esposa Fabiana María Souto, opera en dicha ciudad un servicentro al que la empresa pública Petropar provee de combustibles por valor de 1.800 millones de guaraníes mensuales, pagaderos luego de que sean vendidos; como garantía, la compradora solo entrega un pagaré por dicho monto, que vence recién a los seis meses, para no tener que firmar uno por cada carga, según el presidente de la vendedora, Denis Lichi. O sea que, por comodidad, la firma del diputado operaría “en descubierto” durante medio año, a cambio de un documento por un valor equivalente a solo el 17,4% del valor total de lo adquirido.
Empero, Denis Lichi afirma que las gasolineras trabajan con facturas que vencen en un mes, salvo 15 de las 228, que no emiten un pagaré u otorgan una garantía real, porque operan al contado; si es así, cabe preguntar por qué Fusión Pilar SA entregó un pagaré ejecutable en medio año y no al cabo de un mes. En realidad, lo que ocurriría es que los plazos de vencimiento son arbitrarios, pudiendo extenderse por meses o años, con el resultado de que, en diciembre de 2021, las deudas vencidas llegaban a 50.000 millones de guaraníes y las no vencidas a 160.000 millones. En otros términos, la enorme mayoría de los clientes de Petropar –tan beneficiados por el subsidio inconstitucional– se dedica al “bicicleteo”, sin invertir su capital, amenazando cada vez más la estabilidad financiera de la empresa pública. Además del diputado Alliana, entre quienes recurren a esa práctica intolerable figuran varios dirigentes de la ANR, como sus colegas Tomás Rivas, Basilio Núñez, Del Pilar Medina y Jazmín Narváez, ocultos tras su madre, su pareja, su hija y su padre, respectivamente; Erico Galeano y Blanca Vargas de Caballero actúan a cara descubierta. Menos la diputada Narváez y Rivas, todos son cartistas.
Siendo comprensible que en beneficio propio hayan apoyado con entusiasmo el inconstitucional subsidio a los combustibles de Petropar, resulta sorprendente que no se hayan opuesto con fuerza a eliminarlo. Por lo visto, la opinión pública claramente adversa les impidió defender su avidez contra viento y marea. Las gasolineras juegan un papel importante en las campañas electorales y en las elecciones mismas, de modo que hicieron una acertada inversión estratégica. No advirtieron ningún conflicto de interés en que, como legisladores, pueden apoyar los anhelos presupuestarios de su proveedora e impedir que su presidente sea interpelado o sometido a una Comisión Bicameral de Investigación, servicios por los cuales podrían ser bien recompensados en virtud del “te doy para que me des”. Urge, pues, que se discuta qué tanto son compatibles el ejercicio de un cargo electivo y la condición de socio comercial de una empresa pública, dado que en caso de conflicto entre el interés personal y el general bien podría prevalecer el primero.
En 2019, la Contraloría General de la República dio a Petropar la calificación más baja en cuanto a su sistema de control interno; allí puede ocurrir cualquier cosa y no hay indicios de mejoras desde abril de 2020, cuando su actual presidente asumió el cargo: el mismo que como ministro de Agricultura y Ganadería no llegó enterarse del aumento salarial negociado por algunos de sus funcionarios en el Congreso. Es preciso que la Contraloría examine sus cuentas y, en particular, el mecanismo empleado para asegurar el pago de sus operadores. Como la antecesora Refinería Paraguaya SA, Petropar siempre ha sido explotada por la ANR y sus cabecillas, tanto que hasta forjaron una ilícita “alianza público-privada”, sin ningún disimulo, bajo la presidencia de Eddie Jara; en 2018, este fue penalmente denunciado por un desfalco de unos 3.000 millones de guaraníes por su reemplazante Patricia Samudio, hoy procesada por la lesión de confianza que habría perpetrado en la compra de agua tónica y de mascarillas, por un valor total de 359.700.000 guaraníes.
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En fin, esta empresa pública –tan parecida a la cueva de Alí Babá– cuenta hoy con un notable respaldo político, brindado, sobre todo, por el presidente y varios diputados de la ANR, que le están sacando el jugo sin ningún problema de conciencia, contribuyendo así a su mayor deterioro financiero: no arriesgan nada, pues no pagan por adelantado, sino, en el mejor de los casos, tras la venta de los carburantes retirados. Para ellos, un gran negocio; para el país, un gran perjuicio.