El asesinato en Colombia del fiscal paraguayo especializado en crimen organizado, Marcelo Pecci, marca un punto de inflexión y de profunda consternación en la lucha de la República del Paraguay contra las mafias. Hoy, con más certeza que nunca, se puede confirmar que los grupos criminales se han instalado en nuestro país y tienen toda la intención de cobrarse todas las vidas que se les opongan, y sean necesarias, hasta radicar exitosamente el imperio criminal que llevan tiempo construyendo con total impunidad.
Han asesinado a un fiscal y con su muerte la República del Paraguay recibe el mensaje más claro de los últimos tiempos: es una demostración de poder del crimen organizado, inédita para esta zona de América del Sur. Deplorablemente, hay que decirlo, las organizaciones criminales que operan en Paraguay tienen también sus bases en países de la región como Bolivia, Brasil, Argentina, y existen además probados relacionamientos con otras naciones de América y de otros continentes. Estas organizaciones criminales exhiben, cada vez más, una logística y un nivel de coordinación especializado que no la tienen ni siquiera los Estados.
No existen pruebas, pero tampoco existen muchas dudas de que el asesinato del fiscal Pecci puede ser el principio de una escalada de violencia sin precedentes para una nación como la nuestra. Alguna consecuencia iba a tener el permitir que las mafias actúen con total impunidad, que financien campañas electorales, que funcionen con creciente prosperidad el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de cigarrillos y otros ilícitos que campean prósperamente en nuestro país. La falta de una justicia ejemplar y el concubinato de algunos exponentes de la clase política con grupos criminales nos han llevado a esta debacle.
Marcelo Daniel Pecci Albertini, exfiscal antidrogas y últimamente a cargo de la unidad de lucha contra el Crimen Organizado, ha participado de los casos más emblemáticos en materia de lucha contra el narcotráfico, lavado de dinero y mafias organizadas que se han realizado en el país. Fue uno de los fiscales paraguayos que más ha trabajado en asuntos de cooperación internacional con varios países, sobre todo Brasil, Argentina y Estados Unidos. Varios operativos antidrogas lo tuvieron al frente, y en muchos casos participó también de procedimientos que culminaron en extradiciones, como el de Kassem Hijazi, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado.
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En el operativo A Ultranza PY el fiscal Pecci participó como coadyuvante; a su cargo estaba profundizar las investigaciones sobre el asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, un crimen detrás del cual se acentuaron más aún las sospechas del narcotráfico como el trasfondo más probable. Este nuevo crimen luce como un episodio frecuente en otros países latinoamericanos que han sido tomados por el narcotráfico, lugares donde el asesinato de hombres y mujeres que enfrentan al crimen organizado llegó a ser el pan de cada día. Pero lo inédito es que a un fiscal se lo mate en otro país.
Tiempo atrás, nadie parecía conmoverse demasiado al ver los hechos de sicariatos en nuestras zonas fronterizas. La inseguridad, los crímenes, los brutales asesinatos y vendettas de la mafia parecían estar lejos, a kilómetros de la paz y seguridad de la ciudadanía. Poco a poco, la dictadura de las muertes por encargo, el lenguaje de los asesinatos, acribillamientos y despiadados crímenes desembarcó en lugares que nunca nadie imaginó. San Bernardino y un festival donde la muerte se ganó un espacio confirmaron una pesadilla que va subiendo de gravedad.
La muerte del fiscal Pecci no puede quedar impune. Todos aquellos países que históricamente celebraban las cooperaciones internacionales y que lo tuvieron como brazo de lucha debieran comprometerse a llegar hasta los responsables. Puede que ahora mismo no tengamos los nombres de los asesinos materiales y los autores morales del crimen, pero de lo que no quedan dudas es que este fiscal cayó muerto en Colombia por investigar y perseguir crímenes ocurridos en Paraguay.
Que los asesinos de Marcelo Pecci no se equivoquen al pensar que su muerte pudiera instalar más miedo que aquellos con los que ya convivimos. Que nuestras autoridades tampoco asuman que podrán lavarse las manos en las investigaciones por un crimen ocurrido en tierras colombianas pero con profundas raíces operando en Paraguay. Que los políticos abandonen sus habituales coqueteos con las mafias, sobre todo en este año electoral, que sepan que habrá una ciudadanía más vigilante que nunca.
Solo un pueblo organizado puede impedir que la agenda paraguaya sea gobernada por criminales; los paraguayos no podemos aceptar más miedo y más violencia, ni deberíamos aprender a convivir con sicariatos, droga, crimen organizado y lavado de dinero. Es hora de resistir, combatir con firmeza y determinación a los facinerosos que desean tomar por asalto a la República del Paraguay.