El presidente Mario Abdo Benítez no desdeña las grandes palabras condenatorias: como senador, afirmó que la compraventa de votos en la Cámara Alta la convertía en un burdel; como precandidato a la Presidencia de la República, afirmó que Horacio Cartes era el mayor contrabandista del país; como jefe de Estado, dijo más de una vez que todas las instituciones del país están permeadas por la mafia. Anteayer fue más preciso en cuanto a esta última cuestión, pues sostuvo lo siguiente: “Hay políticos que respaldan al crimen organizado, que tienen compromisos con ellos; hay fiscales que cobran para no llevar adelante una investigación; hay gente de la Justicia que cobra para no extraditar a delincuentes”. Sostuvo incluso que “el crimen organizado paga a políticos, a parlamentarios, paga a la Fiscalía, al Poder Judicial y a las diferentes autoridades”.
En verdad, se quedó corto con esta pavorosa descripción de lo que, según él, ocurre cada día. Valga como ejemplo el caso de los legisladores de ayer o de hoy Cynthia Tarragó, Juan Carlos Ozorio, Freddy D’Ecclesiis y Ulises Quintana, cuyos respectivos historiales sugieren que habrían tenido algo más que unos vagos “compromisos” con los mafiosos. Asustado de su propio coraje, el jefe de Estado aclaró que no se refería a nadie en especial y pidió no ser malinterpretado (¡¡¡!!!). Dado que no cabe duda de la podredumbre estatal, sus nada novedosas acusaciones son absolutamente verosímiles; ahora bien, para librarse del temor de que alguien se sienta aludido por sus dichos y no dar la impresión de tirar la piedra y esconder la mano, debería cumplir la norma del Código Procesal Penal que le obliga a denunciar los hechos punibles de acción pública que conozca en el ejercicio del cargo, incluyendo, en lo posible, “el relato circunstanciado del hecho, con indicación de los autores y partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios”. Como serían numerosos los hechos punibles conocidos por el Presidente de la República, podría empezar denunciando los casos más graves que ocurren en el ámbito del propio Poder Ejecutivo, dirigiéndose directamente al Ministerio Público.
Dijo también que hay “un silencio cómplice cuando no hay una voluntad real de combatir al crimen organizado”. Tiene razón, pero esa voluntad no debe reflejarse solo en acusaciones genéricas, sino en actividades concretas que sirvan para condenar a los delincuentes enquistados en la función pública. El primer mandatario sostuvo que la mafia paga a “las diferentes autoridades”, siendo presumible que muchas de ellas, como las policiales, fueron nombradas por él mismo. Se ignora que alguna haya sido tan siquiera destituida por estar a sueldo del crimen organizado, de modo que surge la pregunta de qué ha hecho él para combatir a esos canallas en el ámbito de su competencia: si no quiere convertirse en una voz clamando en el desierto, tiene que hacer mucho más que pintar un cuadro desolador.
Desde luego, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia deben ocuparse de erradicar a los agentes mafiosos instalados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, respectivamente. ¿Acaso ignoran que hay fiscales que, presumiblemente a cambio de dinero, se abstienen de investigar y que habría jueces que cobran para no extraditar a delincuentes? ¿Se atreverían a desmentir a Marito, que bien sabrá de otras fechorías, como el común de la gente? Preguntas similares cabe formular al presidente del Congreso, Óscar Salomón (ANR): ¿sabe que hay parlamentarios pagados por la mafia o puede refutar a su líder, en defensa de la honorabilidad de ese órgano colegiado? Lo más probable es que ninguno de ellos se inmute ante unas declaraciones de tanta gravedad, que reflejan la tragedia de que el crimen organizado se esté enseñoreando del país; si así fuera, sería una demostración más de que está en marcha la convivencia con la delincuencia de marca mayor, como si se tratara de una fatalidad.
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Resulta inquietante que las reiteradas advertencias del jefe del Poder Ejecutivo no conciten la debida atención. En realidad, viene afirmando así que preside una República profundamente contaminada, que hasta puede constituirse en un peligro para los países vecinos, como ya lo es en la parte que le corresponde de la Triple Frontera, donde se dan cita el narcotráfico, el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero, que también financiaría el terrorismo internacional. Los anónimos políticos, parlamentarios, agentes fiscales, jueces y autoridades varias, antes referidos, son de la misma calaña de quienes asesinaron o mandaron asesinar a Marcelo Pecci y a José Carlos Acevedo. Es intolerable que legislen, representen a la sociedad ante la judicatura, emitan sentencias o dicten actos administrativos: el más elemental sentido de dignidad exige mandarlos a la cárcel, para lo cual no bastan las meras palabras. ¿Existen aún, en la función pública, personas decentes y enérgicas que puedan llevar a cabo esa tarea de limpieza, dentro de la ley? Es extremadamente preocupante que el Presidente de la República exponga un tétrico panorama sobre el avance del crimen organizado sobre las distintas esferas gubernamentales, pero que no se anime a oficializar la denuncia. Así, más que como jefe de un Estado, se parece más a cómplice de los delincuentes.