Pocas instituciones han sufrido un descrédito tan grande y pronunciado como el Ministerio Público en los últimos años. Las razones son varias, empezando por las elecciones políticas al elegir la cabeza, lo que empieza por un Consejo de la Magistratura títere de los grupos de poder. Estos consejeros parecen haber inventado escalas y concursos grotescos de nula credibilidad. De esta manera integran ternas con personas sin capacidad técnica ni moral para conducir e integrar el Ministerio Público, institución que representa a la sociedad.
En la selección de las ternas para fiscales se proyecta la sensación de que los nombres les son indicados desde fuera del Consejo. Los constituyentes del 92 pensaron que conformando un colegiado con representantes de distintos estamentos se podría garantizar un control recíproco. Sin embargo, pasaron por alto la necesidad de fortalecer conceptos éticos y de control ciudadano. Debido a esto, todos los órganos colegiados creados dan la sensación de estar hoy con septicemia de corrupción.
En este escenario, al parecer provocado intencionalmente por los voraces grupos delictivos, estos tienen la vacuna infalible ante cualquier riesgo de ser investigados o juzgados. Los fiscales y jueces cobardes o proclives a la corrupción, seleccionados por un Consejo de la Magistratura decadente y una Corte Suprema de cartón, garantizan el triunfo de la corrupción.
El entramado de operaciones sospechosas que se veía en el sistema financiero, como el crecimiento vegetativo de empresas de dudosas operaciones, las transferencias a políticos, diputados, deportistas, exfuncionarios del Estado, las asignaciones que presuntamente recibía Óscar Boidanich –exresponsable de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)– de parte de la tabacalera del expresidente Horacio Cartes, fueron puestos en evidencia últimamente por los actuales responsables del mencionado organismo.
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Aunque este informe haya sido de conocimiento del Ministerio Público hace meses, incluso con el escándalo del doleiro Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes, ninguno de los sospechosos fue siquiera citado por algún fiscal. Esto, a pesar de que una comisión bicameral de investigación del Congreso Nacional haya remitido los antecedentes al Ministerio Público.
Son notorios la lentitud y extremo desinterés con que actúan los fiscales, empezando por su jefa, Sandra Quiñónez, quienes se hacen los desentendidos para no cumplir con su deber, lo que constituye el precio que la sociedad paraguaya está pagando por tener organismos dominados por personas que adolecen de falta de patriotismo, por decir lo menos.
Ya son varios los informes provenientes de instituciones públicas que indican actividades sospechosas de lavado de dinero, pero no se observa a ningún fiscal que tenga la valentía de llevar adelante investigaciones eficientes y ágiles. ¿Es porque no quieren o porque no pueden? En cualquiera de los casos, quien pierde es la democracia. Las instituciones que deben abocarse al control, persecución y castigo de los crímenes están moralmente descompuestas.
La salida de este drama social que tiene a varios diputados, senadores, ministros, fiscales, policías y jueces que dan la impresión de actuar como mandaderos de delincuentes, podrá darse en el momento en que se produzcan actos concretos de rebeldía cívica de la misma ciudadanía en las urnas. Mientras tanto, los fiscales podrían hacer mucho por el país si dejan de lado la comodidad de sus privilegios y empiezan a defender el respeto de la ley como les manda la Constitución.