Por fin, el ruido del avión iraní despertó a Sandra Quiñónez

Ante la ya completa inutilidad y ausencia del Ministerio Público para abrir una causa e investigar la presencia del avión iraní en Paraguay, el ministro anticorrupción René Fernández anunció ayer una denuncia penal innominada a ser presentada ante la Fiscalía por parte del Poder Ejecutivo. Aproximadamente a las 10:00 el Presidente de la República escribió en Twitter sobre su decisión de presentar la denuncia. Poco más de media hora después del anuncio presidencial, a las 10:34, la Fiscalía General a cargo de Sandra Quiñónez anunció la apertura de la causa, con el justificativo de que el día anterior recibieron una comunicación de parte de un funcionario de seguridad de la Dinac.

Ante la ya completa inutilidad y ausencia del Ministerio Público para abrir una causa e investigar la presencia del avión iraní en Paraguay, el ministro anticorrupción René Fernández anunció ayer una denuncia penal innominada a ser presentada ante la Fiscalía por parte del Poder Ejecutivo. Aproximadamente a las 10:00 el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, escribió en Twitter sobre su decisión de presentar la denuncia. Poco más de media hora después del anuncio presidencial, a las 10:34, la Fiscalía General a cargo de Sandra Quiñónez anunció la apertura de la causa, con el justificativo de que el día anterior recibieron una comunicación de parte de un funcionario de seguridad de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

El citado funcionario usado como puntal de apertura de la causa de la Fiscalía de Sandra Quiñónez resultó ser Gustavo Sandoval, uno de los dos únicos destituidos tras el affaire del avión iraní que vino a llevar unos 79.000 kilos de cigarrillos de Tabacalera del Este, TABESA, del Grupo Cartes. Para quien se tome el trabajo de leer la presentación de Sandoval y se trague el argumento de que ese informe es cabeza de apertura de un caso penal, entenderá que la razón esgrimida por el Ministerio Público es una malísima historieta.

La “comunicación” de Sandoval a la Fiscalía está fechada el 20 de junio, se presentó el 21 de junio y sirvió para abrir una investigación penal el 22 de junio. Lo más llamativo es que no dice absolutamente nada nuevo ni remotamente más grave que todo lo que hasta el momento ha salido a la luz tanto en Paraguay como en Argentina. El funcionario público hizo un relatorio de su papel alrededor de los permisos y sus comunicaciones, y a partir de la página siete usó todos los demás folios para incluir fotografías de sus cursos de capacitación y entrenamiento en seguridad de aviación, certificación, simulacros de asaltos, transportes de caudales y reuniones del comando de crisis, certificaciones que parecen haber sido insuficientes para articular una reacción inteligente desde la Dinac. Es tan pobre el informe que la Fiscalía dice que para abrir la investigación penal, que la funcionaria de mesa de entrada se vio obligada a hacer constar que no acompañaba ningún documento.

Este mamotreto fue el salvavidas de Sandra Quiñónez para no atravesar una descomunal vergüenza internacional: la de no haber actuado de oficio y la de abrir una investigación penal forzada por una denuncia presidencial. La inacción de la fiscala general del Paraguay es un silencio que resuena estruendosamente en la región frente a países que llevan semanas investigando las verdades ocultas tras el vuelo iraní bajo bandera venezolana.

Muchos dirán que lo relevante es abrir la causa penal, y que no importan las razones esgrimidas por la Fiscalía de Sandra Quiñónez: se equivocan. Si las razones para abrir una investigación no son las reales, son falsas o equivocadas, podemos tener todo el derecho a presumir que las indagaciones y los resultados también podrían serlo porque no hay intenciones de conocer la verdad sino de, una vez más, maquillarla, retrasarla, demorarla, congelarla… o simplemente cajonearla, una habilidad que la Fiscalía ha ido perfeccionando sobre todo con los casos vinculados al cartismo.

El escándalo de Quiñónez con el caso del vuelo del avión iraní ha quedado más patente en los últimos días. Archivos de prensa muestran que en octubre del 2018 se jactó de cómo la Fiscalía había articulado un equipo con los entonces fiscales Hugo Volpe y Alicia Sapriza para detener a un iraní y a su avioneta. Han pasado cuatro años de aquel entonces y el tamaño del escándalo se ha agrandado de una avioneta… a un Boeing, de un piloto… a dieciocho tripulantes. Y mientras todo se agrandó, la articulación del Ministerio Público se encogió. La explicación del porqué se ha empequeñecido la respuesta de la fiscala general podría estar en el incómodo momento en el cual tengan que preguntar qué vino a llevar el avión del Paraguay, quién lo contrató y quien pagó.

Hoy se cumplen un mes y diez días de la fecha en que tocó suelo paraguayo un avión iraní que vuela bajo bandera venezolana, pero se cumplen casi dos meses del día en que consiguieron el permiso para ingresar al Paraguay, un tiempo de sobra para investigar lo ocurrido. Un descomunal fallo en dominó nos reveló cuán vulnerables estamos, cuán desarticulados vivimos y cuán huérfanos estamos para reaccionar ante sospechas de contrabando, crimen organizado, lavado de dinero o terrorismo. Mientras Argentina investiga con Fiscalía y Juzgado incluidos, perita equipos de electrónica, imputa e investiga con ayuda de agencias internacionales, Uruguay hace declaraciones, Estados Unidos confirma vínculos con el terrorismo e Israel hace un comunicado demoledor, Paraguay duerme anestesiado.

Esta parálisis fiscal que ahora tiene exposición internacional es una en la cual descansa desde hace mucho tiempo la Fiscalía General del Estado en manos de Sandra Quiñónez, alguien que está muy cerca de ser recordada como una de las peores titulares del Ministerio Público en los años de democracia.

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