IPS y Salud Pública, dos caras de la misma moneda

Según el FMI, la pandemia puso al descubierto las “deficiencias” de nuestra salud pública; en realidad, se trata de calamidades bien conocidas desde mucho antes: el coronavirus no hizo más que acentuar las carencias continuas en materia de medicamentos, de insumos, de infraestructura y de “personal de blanco”, tanto en la esfera del IPS como en la del Ministerio de Salud Pública. Son dos caras de la misma moneda. Por tanto, el Estado no protege la vida, sino que la expone a los gravísimos riesgos de un sistema sanitario signado por la corrupción, la ineptitud y la negligencia.

Según el Fondo Monetario Internacional, la pandemia puso al descubierto las “deficiencias” de nuestra salud pública; en realidad, se trata de calamidades bien conocidas desde mucho antes: el letal coronavirus no hizo más que acentuar las carencias continuas en materia de medicamentos, de insumos, de infraestructura y de “personal de blanco”, tanto en la esfera del Instituto de Previsión Social (IPS) como en la del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Son dos caras de la misma moneda. Por tanto, el Estado no protege la vida, en general, desde la concepción, sino que la expone a los gravísimos riesgos que conlleva un sistema sanitario signado por la corrupción, la ineptitud y la negligencia.

El IPS se destaca, además, por su pésima atención a los asegurados. Por ejemplo, mientras se multiplican las afecciones respiratorias, la unidad sanitaria de San Antonio tiene un solo pediatra, que atiende dos días a la semana, y allí faltan médicos y fármacos, lo mismo que en el propio Hospital Central del IPS y en otras clínicas periféricas de la Gran Asunción. En la clínica Boquerón, de la capital, se desplomó el cielo raso, mientras numerosos pacientes esperaban ser atendidos, en tanto que, por falta de equipamiento, un joven no pudo ser tratado de una lesión en la pierna en el puesto sanitario de Villa Hayes, inaugurado hace seis meses.

Estas son solo algunas de las constantes quejas de los sufridos asegurados, publicadas en las últimas semanas; empero, bastan para ilustrar el pésimo servicio brindado, ante el vergonzoso silencio de Miguel Ángel Doldán, Gustavo Arias y Roberto Brítez, representantes respectivos de los empleadores, los trabajadores y los jubilados, en el Consejo de Administración presidido por Vicente Bataglia, el mismo que se atreve a abogar por el aumento de los aportes; no solo callan esos consejeros, sino también las organizaciones a las que pertenecen, al igual que la Contraloría General de la República, cuyo síndico Benito González tiene el deber de velar por el buen uso de los aportes. Se diría que nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, esto es, a defender a sus víctimas, pese a que la Constitución declara expresamente que el sistema de seguridad social puede ser público, privado o mixto, siempre bajo la supervisión estatal. En otras palabras, debería disponerse los medios para que los trabajadores no sigan atados al desastroso IPS.

En el caso del MSPBS, es inevitable que la salud pública siga siendo gestionada por un organismo que muestra los conocidos vicios de la administración estatal, agravados porque afectan el derecho a la vida, en última instancia. Sin duda, una buena parte de los casi 19.000 decesos causados hasta ahora por la pandemia se habría evitado si la vacunación hubiera empezado con más rapidez y logrado una cobertura mayor que la que hoy ubica al Paraguay en los últimos puestos latinoamericanos: es alarmante que aún la mitad de la población pueda contraer casos graves de coronavirus, cuya nueva ola llegaría a un pico en julio. Por su parte, el ministro Julio Borba continúa coqueteando con su posible candidatura al Congreso, por lo que debería renunciar de inmediato o dedicarse de lleno a sus funciones. Los hospitales y los puestos de salud continúan sufriendo la falta de ambulancias o de medicamentos para pacientes con cáncer. De nuevo, desde el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, como en otros casos similares en los últimos años, dos niños accidentados debieron ser trasladados por vía aérea hasta la lejana Asunción, porque allí no podían ser asistidos.

La miseria sanitaria no empezó hace dos años: es de larga data, porque, entre otras cosas, el MSPBS es uno de los tradicionales antros del clientelismo voraz, en los que la corrupción no cede ni siquiera en tiempos de pandemia. Paradójicamente, el descalabro del sistema beneficia a los que mandan, pues les permite practicar el tráfico de influencias para obtener remedios o camas a cambio de votos o hasta “muestras gratis” de hospitales públicos para repartirlos en una campaña electoral. Hace casi un año, el expresidente Horacio Cartes dijo, aludiendo a los pedidos de camas que reciben los dirigentes, que “el que no hace tráfico de influencias, no es un dirigente”. Esto significa que la gente debe humillarse e instar al favoritismo a costa de los demás, porque la sanidad es una verdadera catástrofe que también supone un serio problema moral. La ciudadanía debe rebelarse contra esta situación y castigar en las urnas a los responsables de tanto infortunio. Dada la calamitosa situación de la salud pública, para muchos, es una cuestión de vida o muerte.

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