Hace menos de un año, en agosto de 2021, los “camioneros” cerraban rutas y bloqueaban accesos a la Capital para que subieran los precios, en aquel caso de los fletes. Ahora amenazan con hacer lo mismo, pero para que bajen los precios, en este caso de los combustibles. Lo que tienen en común las dos posturas aparentemente contradictorias es que ambas buscan que sea el Estado el que les solucione sus problemas al margen del mercado y de la realidad. Con ese criterio, ¿por qué no podrían reclamar lo mismo los productores cuando les quieren cobrar más por el transporte? ¿Por qué no podrían los industriales pedir que el Estado les baje el precio de las materias primas? ¿Por qué no los negocios que el Estado les reduzca sus gastos y les aumente sus ganancias? Y la respuesta es que el Estado tiene muchas otras prioridades antes que utilizar los escasos recursos disponibles para artificialmente disminuir los costos o incrementar los ingresos de cualquier sector empresarial en particular.
En el caso específico de los combustibles, lamentablemente no hay nada que Paraguay pueda hacer para torcer una tendencia mundial, que tiene al menos tres factores externos que impulsan los precios al alza. El primero es la guerra en Europa y las consecuentes sanciones a Rusia, que es uno de los mayores productores mundiales. El segundo es el aumento exponencial de la demanda global tras el fin de la pandemia. Y el tercero es una caída relativa de la oferta por un serio retraso en las inversiones en el sector petrolero, específicamente en refinerías. Por eso el precio de los derivados de petróleo, como el gasoíl, está subiendo comparativamente incluso más que los del crudo.
Ha quedado más que demostrado que cualquier intervención estatal en los precios domésticos de combustibles no solo es extremadamente costosa, sino prácticamente inservible, porque es muy poca la diferencia que se puede lograr en el mejor de los casos. Pero, además, es también sumamente riesgosa, porque provocar distorsiones de los precios puede desalentar la importación y causar escasez o desabastecimiento en momentos en que ya está faltando combustible en toda la región y que se vaticinan serios problemas de suministro en este segundo semestre.
Paraguay compra del exterior la totalidad del combustible fósil que consume y, como el resto de los importadores de América Latina, tiene una alta dependencia de las refinerías de Estados Unidos, muchas de las cuales suelen interrumpir sus operaciones en esta época del año por la temporada de huracanes en la zona del Golfo de México. Los analistas vaticinan que las plantas americanas van a priorizar, en primer lugar, su mercado interno y, en segundo término, el mercado europeo, cuya fuente tradicional de aprovisionamiento es precisamente Rusia.
El pronóstico es que la escasez se va a ir acentuando en las próximas semanas y llegará a su pico en septiembre-octubre, en plena época de cosecha en Paraguay, que es el período en que los “camioneros” (en realidad, empresarios transportistas) tienen más trabajo. Si llega a faltar gasoíl, el precio será el menor de sus problemas, y las consecuencias para el país serían desastrosas y echarían por tierra cualquier esperanza de reactivación.
En el caso de que, por presión de los transportistas, se le obligue a Petropar a vender por debajo del costo de importación ocurrirían tres cosas. La primera es su propia descapitalización e incapacidad de reponer su stock. Otra es que los importadores privados, que cubren más del 80% del mercado, simplemente dejen de importar para no lidiar con una competencia desleal, ya que nadie estará dispuesto a trabajar a pérdida. Y la otra es que, llegado el caso, los precios suban mucho más todavía, ya sea formal o informalmente, por simple lógica de poca oferta y mucha demanda.
Es precisamente por este tipo de situaciones que el Gobierno y las instituciones de la República deben guiarse por el interés general y el impacto en el conjunto, nunca por el interés sectorial o de grupos de presión, a los que solo les preocupan sus beneficios. Como ya lo han demostrado, los transportistas tienen posibilidades de cumplir sus amenazas y causar graves trastornos a toda la sociedad, pero un país no se puede administrar a “camionazos”.