Aunque el ahijado y precandidato a la Primera Magistratura del país por el cartismo, Santiago Peña, mintió sin ruborizarse en una improvisada conferencia de prensa desde el Guairá, donde aseveró que Estados Unidos no había hecho una acusación a su padrino y financista de campaña, el embajador Ostfield no solo leyó graves acusaciones sino que el Departamento de Estado subió un pronunciamiento demasiado grave como para ningunearlo.
En un solo párrafo, el expresidente fue acusado de lo que serían al menos cinco ilicitudes, a saber:
1) De participar en “actos significativos de corrupción”.
2) De obstruir “una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político”.
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3) De socavar “la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay”.
4) De permitir y perpetuar “la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional”, y
5) De “amenaza a la estabilidad regional” (fuente: “Designación del expresidente paraguayo Horacio Manuel Cartes Jara por participación en corrupción significativa”, página del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos).
Por si algún fanatizado aún tuviera dudas, el pronunciamiento leído en la sede de la Embajada agregó un par de condimentos más a lo que fue subido oficialmente a la página del Departamento de Estado. En el punto que alude a la obstrucción de “una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio” (N. de la D., al parecer en alusión al “hermano del alma” Darío Messer, investigado por la justicia brasileña), agrega que tal maniobra “fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los EE.UU.”.
De entre las afirmaciones del Gobierno estadounidense, una es la más oprobiosa, la confrontación final de una cruda realidad, que puede entenderse como el espejo más terrible de la impunidad de que el expresidente gozaba en el Paraguay: el embajador subrayó que la designación de Horacio Cartes se basó “en información creíble y en una revisión rigurosa”. Es monumentalmente humillante que desde el exterior consideren que existe información demasiado relevante como para apuntar a un expresidente de la República que, en su propio país, no tiene siquiera una carpeta fiscal abierta con su nombre. Es un fracaso inapelable, la falla de nuestras instituciones, sobre todo la de la Fiscalía General de la República que representa la defensa de nuestra sociedad y de su patrimonio. Es el fracaso de las instituciones encargadas de velar por la correcta aplicación de la justicia, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o la propia Corte Suprema de Justicia. ¿En qué momento nos hemos convertido en un Estado fallido, sin autoridad ni coraje para enjuiciar los crímenes que nos están permeando?
La falta de moral y el campo de distorsión de la realidad que tiene la fiscala general del Estado llegó ayer al máximo delirio esperable y soportable para todo el pueblo paraguayo. Sandra Quiñónez, cabeza de la institución que cinco años después de haberse destapado el caso Darío Messer no se ha atrevido a impulsar casos contra Cartes, osó decir en un comunicado que la declaración de los Estados Unidos es “un respaldo para la labor de las instituciones del Paraguay, y en especial del Ministerio Público”. ¿De qué respaldo estaría hablando la fiscala general cuando un Gobierno extranjero interviene para denunciar lo que la institución a su cargo no ha tenido el coraje de hacerlo? La Fiscalía ha sido patéticamente servil y funcional al cartismo, no solo para el expresidente sino también para todos sus apadrinados que exitosamente siguen zafando de la Justicia. Informes de la Contraloría General de la República y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) duermen desde hace años la modorra de la grosera indecencia fiscal.
Frustración de un proceso de investigación, siendo presidente de la República del Paraguay, y lazos con el terrorismo son hoy día los epicentros del porqué Horacio Cartes es señalado como “significativamente corrupto” por Estados Unidos, humillante privilegio que comparte con el procesado ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el exjefe del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y exsenador cartista Óscar González Daher (+), además del diputado cartista Ulises Quintana, por presuntos vínculos con el narcotráfico. El comunicado de la fiscala general, Sandra Quiñónez, emitido ayer podría significar que ahora se atreverá a abrir y nominar una investigación, que de todas maneras podría no prosperar más allá de lo que su patrón lo permita. De allí la importancia de accionar los recursos constitucionales y en un acto de coraje rescatar la Justicia de su cautiverio a través del juicio político.
Por el momento, las palabras emitidas ayer por el embajador tienen el amargo sabor de las advertencias: “Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su alcance –investigaciones, extradiciones, sanciones financieras y restricciones de visa, entre otras– para combatir la corrupción y el crimen organizado en cada oportunidad que tenga, en todo el mundo. Haremos esto sin considerar la afiliación política, la riqueza o las conexiones personales de las personas implicadas”.
Por de pronto, ya adelantaron que seguirán las nominaciones de “significativamente corruptos”. Que vaya el mensaje y el sayo a todos los criminales que se lo tengan que poner.