La comunidad internacional le da una oportunidad a Paraguay

Se ha anunciado que el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) no incluirá a Paraguay en la “lista gris” de países no cooperantes con la lucha internacional contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, algo que muchos creían difícil de evitar debido a la floja respuesta institucional y pocos hechos concretos que mostrar en esas áreas, sobre todo por parte de la Fiscalía y de la Justicia. Además de una buena noticia es, sobre todo, un gran alivio, por las graves consecuencias que habría tenido en un momento muy crucial y delicado de la economía nacional, en el que se define si se reencamina hacia un proceso de inversión y crecimiento con estabilidad, único viable para aspirar a un mayor desarrollo, o se termina de deslizar por el barranco de los déficits crónicos, el alto endeudamiento improductivo, la informalidad y la expansión del crimen organizado.

Gafilat es el ala regional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental con sede en París establecido en 1989 con el fin de fijar estándares y promover acciones, tanto regulatorias como operativas, para perseguir el crimen, el terrorismo y, últimamente, la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de su denominador común más sensible y su flanco más débil, que es el lavado de dinero sucio proveniente o destinado a financiar tales actividades. Se suele cuestionar, muchas veces de manera interesada, que vengan directivas desde el exterior en cuestiones de política interna, pero la realidad es que si el crimen es transnacional, solamente se lo puede combatir con iniciativas también transnacionales.

Más allá de la opinión que le pueda merecer a cada quien, el hecho es que GAFI y su subsidiaria Gafilat se han ido fortaleciendo con los años y hoy más que nunca son sus veredictos los que se toman de referencia para determinar si un país se comporta o no como miembro responsable y respetable de la comunidad de naciones. Paraguay ya había entrado en la “lista gris” en 2008 y le costó años salir de ella. Solo lo logró en 2012 después de comprometerse a llevar adelante un amplio paquete de medidas legislativas que no dejaron de generar ásperas controversias internamente y que todavía no se han completado. Ingresar nuevamente, como estuvo a punto de hacerlo, habría significado un golpe durísimo, peor que el de 2008, no solo por constituir reincidencia, sino porque actualmente las normativas son mucho más estrictas y sofisticadas y el sistema financiero internacional está mucho más y mejor interconectado que hace una década.

Entre los efectos negativos que se podían esperar, en lo inmediato resaltaban los de orden financiero. También sometidos a sus propias y más estrictas reglamentaciones, los bancos extranjeros habrían sido más renuentes a ser corresponsales de los bancos de la plaza paraguaya para transacciones internacionales, lo cual en el mejor de los casos habría dificultado y encarecido, y en el peor imposibilitado, el comercio exterior, las transferencias, las remesas, el cambio de divisas.

Pero ese era solo el comienzo. Desde una perspectiva más amplia, la imagen del país se habría dañado sensiblemente, lo que habría enturbiado el clima de negocios y habría resentido las posibilidades de captación de inversiones y generación de proyectos productivos genuinos, tanto con capitales extranjeros como nacionales, lo cual, a su vez, probablemente habría dado todavía más espacio a las actividades directa o indirectamente ilegales.

Ello, por su parte, habría hecho subir el “riesgo país”, elevado la tasa a pagar por la colocación de bonos soberanos y evaporado las perspectivas de mejorar la calificación, justo en momentos en que hay posibilidades de alcanzar el “grado de inversión”, con todo el amplio abanico de efectos positivos que ello implica.

Se informó que Gafilat pondrá al país “bajo vigilancia” durante un año y que en un mes se conocerá su informe final con las exigencias específicas que se deberán cumplir para mantener el estatus. Coincidentemente, por ejemplo, la consultora de riesgos Moody’s, en su última revisión anual, mantuvo la calificación Ba1 de Paraguay, pero elevó su percepción de estable a positiva para salir del “grado de no inversión especulativo” y subir al escalón de “grado medio inferior”, toda vez que se apruebe e implemente una serie de leyes y reformas, como la del servicio civil, la de contrataciones públicas, las relativas a la Caja Fiscal y otras, para asegurar la sostenibilidad y mejorar la eficiencia del gasto público.

Ambos hechos tienen más relación de lo que aparentan. En el fondo, los dos sugieren que la comunidad internacional le está dando a Paraguay el beneficio de la duda, una nueva, y quizás última, oportunidad. Aprovecharla o no dependerá de los paraguayos, de nadie más. Habrá que ver quiénes ganan la pulseada, si los decentes, los que quieren un país serio, honorable, donde se pueda prosperar con trabajo y esfuerzo, o aquellos que lo quieren para usarlo como simple guarida.

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