Gobierno no necesita un “pacto fiscal”, sino voluntad y coraje

El viceministro de Administración Financiera del MH, Marco Elizeche, durante un seminario sobre presupuesto público que se realiza en Encarnación, dijo que se requiere un “pacto fiscal” para llevar adelante las reformas más urgentes que se necesitan. Pactos de este tipo ha habido muchos, el problema es que el sector público nunca cumple. En lo que va del período democrático ha habido cuatro reformas tributarias, y en todas se habló de pacto fiscal, consistente en un aumento del aporte de los ciudadanos a cambio, supuestamente, de mayor racionalización y mejores servicios. En cuanto a lo primero, los ingresos tributarios se multiplicaron, pero en lo segundo poco y nada se ha cumplido.

El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Marco Elizeche, durante un seminario sobre presupuesto público que se realiza en la ciudad de Encarnación, dijo que se requiere un “pacto fiscal” para llevar adelante las reformas más urgentes que se necesitan para “retomar niveles de equilibrio y garantizar los recursos para las inversiones prioritarias”. Pactos de este tipo ha habido muchos, el problema es que el sector público nunca cumple.

Hace más de treinta años que se le promete a la ciudadanía una reforma del Estado, lo que, en definitiva, simplemente significa mejorar sustancialmente la calidad del gasto público, para asegurar que los recursos aportados con su sacrificio por los contribuyentes sean utilizados como corresponde, con las debidas austeridad y corrección, en áreas importantes para el bien común y el desarrollo nacional, y que no se despilfarren en entes inservibles, en costosas plantillas supernumerarias repletas de recomendados y planilleros, cuyas remuneraciones no están sujetas a evaluaciones de méritos y desempeño, en innecesarias camionetas y erogaciones superfluas, en subsidios a favor de la clientela política o de intereses sectoriales y en una generalizada corrupción que enriquece ilegítima y ofensivamente a unos pocos a costa del sudor de la mayoría.

En lo que va del período democrático ha habido cuatro reformas tributarias, en 1991, en 2003, en 2012 y 2018, y en todas ellas siempre se habló de pacto fiscal, consistente en un aumento del aporte de los ciudadanos a cambio, supuestamente, de mayor racionalización, menor evasión, menor corrupción, mejor asignación y aplicación de los fondos y más inversiones públicas.

En cuanto a lo primero, los ingresos tributarios se multiplicaron, se instituyeron el IVA y el selectivo al consumo, que son impuestos indirectos pagados por todo el mundo, se establecieron mejores sistemas de recaudación y control del impuesto a la renta a las actividades económicas, incluyendo el sector agropecuario, se instauró el impuesto a la renta personal, se establecieron mecanismos de cruzamiento de datos. Todo diseñado para sacarle más y más dinero a la gente, como efectivamente ha ocurrido.

En cuanto a lo segundo, sin embargo, poco y nada se ha cumplido, al contrario. El Estado no se ha vuelto más eficiente y más útil, pero el gasto público pasó de 2.000 millones de dólares en la década del 90, al tipo de cambio de la época, a 14.000 millones en la actualidad al tipo de cambio de hoy, es decir que se sextuplicó en términos reales. El número de funcionarios pasó de 130.000 a casi 300.000 sin considerar municipalidades y gobernaciones. Solamente el Poder Ejecutivo tiene 50 dependencias directas, incluyendo 17 ministerios, 14 secretarías y una multiplicidad de agencias, oficinas especiales, centros y consejos. El endeudamiento pasó del 10% al 35% del PIB en poco más de diez años, el déficit fiscal se ha disparado y se ha vuelto crónico, los agregados monetarios se han desbordado y la inflación ya es de dos dígitos.

Se suele señalar que la “presión tributaria” es baja, alrededor del 13% del PIB, pero esa es una cifra muy engañosa en Paraguay. Para empezar, dada la enorme economía informal, esa presión recae desproporcionadamente sobre la parte formal que sí paga impuestos. En segundo lugar, a diferencia de otros países con los que se le compara, en Paraguay se excluyen del cálculo de la presión tributaria los impuestos municipales y las cargas sociales. Y en tercer término, tampoco se incluyen en el cálculo los ingresos provenientes de las hidroeléctricas, con el dudoso argumento de que las mismas, por alguna mágica razón, no son parte del Paraguay, sino que están en una especie de limbo binacional.

Más cercana a la realidad es la “carga tributaria”, que se mide por la “tasa efectiva de tributación” a partir de los reportes de los contribuyentes reales en el Sistema Marangatu. El promedio nacional de carga tributaria es del 25,2% de las utilidades, lo que significa que las empresas formales del país, grandes, medianas y pequeñas, destinan 25 de cada 100 guaraníes de lo que ganan a sostener el aparato estatal. En contrapartida, los servicios públicos a la ciudadanía son de pésima calidad, los derroches están a la orden del día y los escándalos se suceden unos a otros con la más absoluta impunidad.

El viceministro Elizeche mencionó la necesidad de un pacto para reformar el sistema de adquisiciones y contrataciones, el servicio civil, la Caja Fiscal y la ley de responsabilidad fiscal, con el fin de “generar espacio para reorientar los objetivos dentro del presupuesto y disminuir la presión sobre la deuda pública”. Hace años que se habla de lo mismo y no se avanza prácticamente nada.

Más que un pacto, lo que se precisa es que el Gobierno de una vez por todas ejerza con valentía y responsabilidad el poder administrador que le otorga la Constitución, asuma el costo político que tenga que asumir y ponga en orden las cuentas del país proteste quien proteste. Con el próximo estudio del presupuesto 2023 en plena época electoral, con demandas de nuevos aumentos salariales indiscriminados, con las finanzas públicas al límite, se verá si realmente existe voluntad y coraje o, una vez más, es pura charlatanería.

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